nueva iniciativa de reformas a la Ley Federal de Remuneraciones

Buscan ‘blindar’ Ley de Remuneraciones

La iniciativa del diputado Pablo Gómez establece sanciones con multas económicas e incluso inhabilitación a quien autorice, pague u omita reportar un salario mayor al del presidente de la República

Diputados de Morena presentaron, de manera formal, en la sesión de ayer, una nueva iniciativa de reformas a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que buscan sea a prueba de amparos de funcionarios que no aceptan que se les reduzca el salario.

La iniciativa, impulsada por Pablo Gómez Álvarez, propone sancionar con multas de hasta 84 mil pesos e incluso inhabilitación a quien autorice, pague u omita reportar que su salario es mayor al del presidente de la República o al nivel salarial en el que se encuentre, con base en el cargo que desempeña.

Esta propuesta es adicional a los ajustes que se hicieron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 en el rubro de remuneraciones de los servidores públicos de alta jerarquía por un monto global de 254 millones de pesos.

La propuesta establece 9 niveles salariales, pero en ningún caso los servidores públicos podrán ganar más que el jefe del Ejecutivo federal, excepto ministros, magistrados y jueces, que estén en funciones  previo a la entrada en vigor de esta nueva ley.

Gómez Álvarez manifestó que una vez aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados esta nueva ley, el Poder Judicial deberá cesar los más de 24 mil amparos que se promovieron contra la ley que fijó como tope salarial en la administración pública, el sueldo mensual del presidente de la República.

“No es un conflicto ni de la Patria, ni es un conflicto interno en el Estado, ni es un conflicto de reivindicación salarial, sino es un conflicto de intereses creados de una burocracia muy bien pagada, de una burocracia dorada. Ese es el problema”.

Se prevé que la iniciativa sea aprobada la próxima semana, para que se remita al Senado de la República y esté lista antes del 15 de diciembre, día que concluye el periodo ordinario de sesiones, para acatar una resolución de la Corte que obliga al Congreso de la Unión a legislar en materia salarial.

El diputado morenista no descartó que, como ocurrió con la legislación anterior, haya una lluvia de recursos legales e impugnaciones de los funcionarios públicos que insisten en querer ganar más que el jefe del Ejecutivo.

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