Borrón y cuenta nueva
Hubo bajo la mesa y también escándalos públicos, pero finalmente neocúpula logró colocar a su gente en las candidaturas federales.
La presencia inamovible de Alonso Godoy Pelayo, auditor superior del estado, comienza a resquebrajarse. Los diputados del PRI en el Congreso local quieren disolver la figura y crear una nueva.
La batalla legislativa por dejar fuera a Godoy Pelayo ha sido fallida: En más de tres ocasiones el auditor ha sabido utilizar su poderío para tener al Congreso de su lado.
Paloma RoblesEn España el Tribunal de Cuentas tiene 12 consejeros que vigilan que el gasto se ejerza bajo los principios de legalidad, eficiencia y economía
El pago de favores llevó a Godoy Pelayo a perpetuarse en el cargo, a pesar de las resoluciones judiciales sobre la ilegalidad de su nombramiento
Las cuentas públicas del exgobernador Emilio González serían auditadas con el modelo actual y no por el Tribunal de Cuentas
Hubo bajo la mesa y también escándalos públicos, pero finalmente neocúpula logró colocar a su gente en las candidaturas federales.
La presencia inamovible de Alonso Godoy Pelayo, auditor superior del estado, comienza a resquebrajarse. Los diputados del PRI en el Congreso local quieren disolver la figura y crear una nueva.
La batalla legislativa por dejar fuera a Godoy Pelayo ha sido fallida: En más de tres ocasiones el auditor ha sabido utilizar su poderío para tener al Congreso de su lado.
Con resultados de auditorías no favorables, el todavía auditor ha aquietado los ánimos de quien se atreva a buscar removerlo de su cargo.
Pero hoy la legitimidad de la nueva Legislatura se juega con la propuesta de eliminar al auditor y a toda su estructura para crear un nuevo órgano: El Tribunal de Cuentas.
Un organismo colegiado con carácter ciudadano que hará la revisión de las cuentas públicas y – a diferencia de la auditoría- tendrá facultades para imputar sanciones a quien no cumpla con las observaciones.
El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, Héctor Pizano Ramos, explica que esta nueva estructura busca tener un carácter autónomo, pero sin convertirlo en un cuarto poder como actualmente es.
“Es un nuevo modelo al que podemos aspirar en Jalisco ante numerosos señalamientos de insatisfacción (de parte de) sociedad, analistas, medios sobre el manejo que se le ha venido dando a las cuentas públicas”, apuntó el legislador.
Pizano Ramos criticó que “nadie cuida al cuidador; es un ente autónomo y más allá de hacer algún análisis de su actuación (…) el tema, es que a la sociedad no le da respuesta”.
El diputado comenta que es común que una vez que se revisan las cuentas públicas, la ciudadanía se queda con dudas, por lo que el nuevo órgano subsanaría la insatisfacción.
Para Pizano Ramos la propuesta de Tribunal de Cuentas daría a Jalisco la posibilidad de colocarse como un estado responsable y atento a la ciudadanía, pues se buscaría que los perfiles de los tres magistrados no estuvieran politizados, sino que cubrieran un perfil técnico con autonomía.
“Hoy parece que hay una sola persona que audita, es por eso que estamos planteando un tribunal para que fueran varios quienes emitan una resolución, sobre si se aprueba o no una cuenta o sobre si se fincan responsabilidades en términos de esa cuenta”.
A diferencia de la Auditoria Superior del Estado, el Tribunal de Cuentas tendría facultades para sancionar a los entes públicos, tal como un tribunal administrativo lo hace. Sus resoluciones podrán ser apeladas en otras instancias, explicó Pizano Ramos.
Con la disolución del la auditoría, la figura del auditor también se acabaría y con ello la responsabilidad sobre auditar las cuentas pendientes de años anteriores. Es decir, se haría un borrón y cuenta nueva.
El diputado señala que, de aprobarse el nuevo modelo de fiscalización, este comenzaría a auditar las cuentas del año en curso, eso indica que las anomalías del gobierno de Emilio González se observarían desde el marco legal actual.
Pese a ser una solución al problema de la falta de fiscalización profunda del dinero público, crear un nuevo ente abre la posibilidad de generar un esquema a modo del nuevo gobierno, como sucedió en la administración pasada con Godoy Pelayo.
Cuestionado al respecto Pizano Ramos consideró que es necesario buscar perfiles técnicos poco politizados que permitan generar confianza en la ciudadanía.
La presentación del nuevo modelo de fiscalización se hará la próxima semana, informó el diputado, quien anticipó que paralelo a la revisión del tema en comisiones se realizarán foros de discusión para mejorar el proyecto en los que se convocará a académicos y representantes de la sociedad civil.
Godoy Pelayo, el auditor perpetuo
Pareciera increíble que en un estado como Jalisco no exista ninguna figura con las cualidades para ser auditor. Uno capaz de llegar a fondo en la observación del manejo de los recursos públicos.
Los más de 6 mil millones de pesos ejercidos con completa discreción en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 durante los últimos tres años de gobierno de Emilio González Márquez, muestran la cercanía del auditor con el exmandatario.
El pago de favores lo llevó a perpetuarse en el cargo a pesar de las resoluciones judiciales sobre la ilegalidad de su nombramiento que data del 2009.
Godoy Pelayo se sostiene como auditor, a pesar de que fue pública la noticia de los bonos que recibió por adeudos no pagados y otras compensaciones que sumaban casi 10 millones de pesos.
Así como el pago de 5 millones de pesos a su suegro por supuestas contrataciones de servicios que hizo el Congreso del Estado en la 58 Legislatura.
Nada de lo anterior ha abonado para que Godoy Pelay deje el cargo.
De hecho los diputados de la 59 Legislatura, en específico los priistas, votaron en contra de su destitución.
Pues al final Godoy Pelayo –quien llegó al cargo por recomendación del PRI- logró negociar su permanencia.
Hoy parece no haber más salida que la de disolver a la Auditoría Superior del Estado, crear una nueva figura y con ello deshacer el poder de Alonso Godoy Pelayo, que supo fortalecer el carácter autónomo de su organismo para perpetuarse.
Tribunal de Cuentas, el modelo español
El Tribunal de Cuentas es una de las instituciones más antiguas de España. Ha tenido diferentes configuraciones, sin embargo, su objetivo ha sido siempre el mismo: fiscalizar el dinero público que utilizan otras entidades públicas.
El Tribunal de Cuentas tiene carácter federal, está conformado por 12 magistrados, seis nombrados por el Parlamento y otros seis por el Senado.
Como unidad fiscalizadora, el tribunal debe corroborar si los presupuestos y su ejercicio respetan los principios de legalidad, eficiencia y economía.
También tiene carácter jurisdiccional, es decir, se pueden imputar sanciones en contra de los titulares y las instituciones que auditan.
Por manejo irresponsable de los bienes públicos como malversación o por la aplicación incorrecta, incompleta y sin justificación de los recursos públicos, incluido el dinero, el mobiliario y el personal de una dependencia.
Considerado un cuarto poder, los 12 consejeros que integran el tribunal gozan de privilegios y alto sueldos que son ampliamente criticados por la ciudadanía española, que cuestiona la opacidad de este órgano.
Los consejeros pertenecen a una generación de funcionarios viejos, hay poca rotación de personal.
El Tribunal de Cuentas audita todas las instancias de gobierno, incluidos los partidos políticos, los municipios y comunidades autónomas, en total 15 mil cuentas diferentes.
En junio de este año el periodista español del diario El País, Jesús Rodríguez, expuso en su reportaje sobre el Tribunal de Cuentas que el sustento moral que le daba vida se había mermado.
Pues pese a tener las armas para auditar a todas las áreas de gobierno, sus resoluciones no eran del todo vinculantes y el tribunal no podía juzgar a nadie: “No somos ni tenemos policías”, advertía uno de los consejeros consultados.
Dicha instancia tiene restricciones para la fiscalización del dinero ejercido por la Casa Real Española.
En el caso de la fiscalización a los partidos políticos, en el tribunal se reconoció que no llegaba a fondo porque la ley ponía cierto candados, por lo que el tribunal no podía ser visto como un órgano anticorrupción.