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Austeridad a ciegas

Imelda García y Eduardo Buendía

Los cuestionamientos de la Oposición en la Cámara baja ante la falta de estudios para determinar el impacto de la Ley de Austeridad Republicana antes de su aprobación evitó que el dictamen que se encontraba en las comisiones de Hacienda y Presupuesto fuera llevado al Pleno y pasara al Senado


Abr 30, 2019

La Ley Federal de Austeridad Republicana, que discutirá la Cámara de Diputados en su último día de sesiones, es un decálogo de buenas intenciones pero sin un estudio previo sobre los problemas que pretende combatir.

Tras una larga negociación los integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda aprobaron el dictamen en lo general y particular minutos antes de las 12 de la noche.

Durante el fin de semana, la bancada de Morena realizó modificaciones al documento que se trabajó con base en dos iniciativas y sin ningún respaldo técnico; es decir, no se ha analizado el impacto —de ningún tipo, ni siquiera presupuestario— que tendrá cada una de estas medidas.

Por ejemplo,  se dio marcha atrás a la disposición de que los servidores públicos de confianza trabajaran también los sábados, ante los cuestionamientos que Morena enfrentó en redes sociales sobre el desequilibrio entre la vida familiar y laboral que tendrían estos empleados.

En el transcurso de la construcción del dictamen, también se eliminó una propuesta que prohibía totalmente las labores de cabildeo en el Congreso de la Unión.

Esta Ley de Austeridad Republicana también dejará a México sin una red de oficinas y representaciones comerciales en el extranjero, ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores estará a cargo de todas las actividades de representación en otros países

La austeridad fue uno de los temas torales de la campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador; sobre todo, después de múltiples escándalos de despilfarro y mal uso de recursos públicos en la pasada administración.

Aun así, los legisladores han sido objeto de críticas al tratar sin fundamento técnico, un tema que tendrá un impacto directo en la labor del Estado.

Ninguna de estas medidas se estudió previamente, por lo que no existen proyecciones certeras del impacto que tendrán para el país; ni siquiera se tiene claridad sobre la magnitud de los ahorros que, en la propia Ley se establece, serán utilizados para programas sociales.

Es decir, no se invertirán en ninguna obra de infraestructura o proyecto productivo, sino que se repartirán entre la población beneficiaria de programas sociales.

Faltan acuerdos

Mientras la bancada de Morena cabildeaba esta Ley bajo la presión del Gobierno federal para aprobarla, la Oposición se negaba a avalarla por lo que consideraron una intentona de la nueva administración para hacerse de más recursos públicos sin un destino claro.

En el proyecto de dictamen que se discutía en las comisiones de Hacienda y Presupuesto, quedaba establecido que el dinero ahorrado (del que no se tiene certeza a cuánto ascenderá) quedará en manos del Gobierno federal para lo que determine el presidente de la República

“Los ahorros  derivados  de la  aplicación  de las disposiciones  sujetas a dictamen por estas Comisiones Unidas serán destinados a impulsar los programas previstos en el Plan  Nacional  de  Desarrollo, a  los programas de atención a la población,  y  diversos  programas sociales con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como lo que prevean las demás leyes aplicables o al destino que por decreto determine el Titular del Ejecutivo Federal”, señala el texto del proyecto.

Esto prendió las alertas de la Oposición, que se negaba a aprobar una Ley con la que se le da un cheque en blanco al presidente López Obrador.

“Nosotros estamos a favor de la austeridad, de la transparencia, de racionalizar, pero sin que se afecte la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos. El gobierno está para atender a la gente, no para ahorrar o para guardar ese dinero y regalarlo, no. Está para atender la salud, la educación.

“Entonces no estamos de acuerdo en que las cosas se hagan a partir de ocurrencias o de una visión sesgada eminentemente política o electorera, no (…) todavía no entendemos todos estos ahorros, si van a ser orientados precisamente para cumplir con esta responsabilidad o se van a orientar para seguir regalando dinero”, cuestionó René Juárez, coordinador de la bancada del PRI

Este punto fue el principal asunto que estuvo a punto de atorar las discusiones ayer, en el penúltimo día de sesiones del Congreso de la Unión, que debatía decenas de temas a marchas forzadas.

Alertas encendidas

Desde el 1 de julio del 2018, fecha en que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial, una de sus primeras promesas ya como presidente electo fue impulsar un régimen de “austeridad republicana”.

Esto significa hacer lo más con lo menos y utilizar de forma prudente los recursos del Estado para cumplir con las tareas del gobierno. Todo esto además de eliminar cualquier reducto de corrupción que pudiera haber en contrataciones, fideicomisos o uso de recursos públicos

No podía ser de otra manera, ya que en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto hubo varios escándalos por el mal uso de recursos públicos.

A esto se suma el gasto en publicidad oficial; los constantes viajes al extranjero; el uso de aeronaves del Estado para tareas distintas a las del gobierno y los contratos obtenidos mediante corrupción; por mencionar solo algunos escándalos anteriores.

Sin embargo, aunque se trata de una promesa loable, no se realizó con la planeación que requiere una reingeniería de las tareas públicas de tal magnitud.

Una de las modificaciones hechas por Morena tras las críticas fue la de quitar la disposición de que los servidores públicos de confianza trabajaran también los sábados

En septiembre pasado, un grupo de funcionarios y exfuncionarios dieron a conocer un documento en el que se desmenuzan las posibles consecuencias de aplicar medidas de austeridad sin estudiar previamente su impacto.

Respecto a la medida que se pretendía aprobar sobre que los burócratas extendieran su jornada laboral a los sábados, el análisis llamaba a realizar consultas con expertos en administración pública para adoptar las mejores prácticas a nivel mundial.

“En razón de las implicaciones que conlleva y el impacto que puede tener en la calidad de vida de miles de servidores públicos y sus familias; así como en el clima laboral y la productividad del sector público, se propone reconsiderar esta medida y adoptar mejores prácticas internacionales de gestión de recursos humanos”, expone el “Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana”, redactado por un grupo de servidores públicos en activo y retirados.

Expertos consideraron que la desaparición de prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación podría acarrear mayores problemas que beneficios para el Estado

Tales prácticas, por ejemplo, incluían horarios flexibles, teletrabajo y horarios compactados, por mencionar algunas, para tener una conciliación de la vida familiar y laboral.

Tras varias críticas y por la presión de los propios trabajadores al servicio del Estado, los diputados dieron marcha atrás particularmente a esta medida.

Sin embargo esto no significa que desaparezca del todo, pues el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que, de ser necesario, los servidores públicos trabajarán hasta los domingos.

En cuanto a la desaparición de prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación, los autores consideran que esto puede acarrear mayores problemas para el Estado Mexicano, que no está preparado para proveer servicios de salud ni enfrentar los gastos que traería la liquidación de los trabajadores conforme lo marca la ley

Las claves de la Austeridad

> Eliminar privilegios, como la contratación de seguros privados, gastos médicos, de vida, de separación individualizada o colectiva.

> No crear nuevas plazas en ningún centro del Estado, ni aumentar las dotaciones con las que cuentan las existentes.

> Se cancelarán, fusionarán o modificarán los programas que no cumplan objetivos o estén duplicados.

> Se restringirá el uso de escoltas y elementos de seguridad.

> Se limitará el uso de bienes muebles e inmuebles y los recursos humanos al servicio del Estado.

> Habrá límites estrictos para adquirir o arrendar bienes muebles e inmuebles, así como para contratar servicios y obra pública.

> Estarán prohibidas las pensiones de retiro para los expresidentes, salvo las del ISSSTE.

> Se cancelarán todas las asignaciones de personal o comisiones de cualquier tipo que estén al servicio de los expresidentes.

> Se prohíbe la constitución de fideicomisos, fondos, mandatos o contratos que no se firmen de acuerdo a reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto.

> Se consolidarán las compras de materiales e insumos de todo el gobierno federal.

> Se reducirán al mínimo los viajes y el pago de viáticos de los servidores públicos.

> Se eliminarán todas las representaciones de México en el extranjero que no dependan directamente de la SRE.

Sin proyecciones de ahorro

La discusión de la Ley de Austeridad Republicana en Comisiones Unidas avanzó. 

Aunque se esperaba que fuera más fácil su aprobación, ayer, durante los últimos minutos de la noche, finalmente se logró la votación para pasarla al Pleno antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones.

La bancada de Morena buscó que la nueva Ley fuera avalada aún cuando no cuenta con proyecciones de a cuánto ascendería el ahorro por las medidas de austeridad que busca implementar la administración pública federal

“Se busca acabar con el derroche, con el gasto suntuario, con la ostentación y el despilfarro a los que estaban acostumbrados los altos mandos de la administración pública”, explicó Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto. 

En entrevista con Reporte Índigo, el congresista también señaló que no se tienen cálculos sobre los ahorros derivados de la nueva Ley y con ello su direccionamiento hacia programas sociales. 

“Todavía no, estamos en esta evaluación (sobre los ahorros). Primero queremos terminar el dictamen y ya con el dictamen presentar la propuesta al Centro de Estudios de Finanzas Públicas para que nos haga el estudio del impacto”

- Alfonso Ramírez Cuéllar

Presidente de la Comisión de Presupuesto

En el dictamen se señala que los ordenamientos legales en materia de austeridad son las leyes General de Responsabilidades Administrativas, de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Orgánica del Congreso General y la del Servicio Exterior Mexicano. 

La tarde de ayer, las Comisiones Unidas se reunirían a las 13 horas para discutir el último dictamen sobre la Ley de Austeridad. No obstante, se llamó a un receso para que la discusión se recorriera hasta las 18 horas. 

Después de las seis de la tarde, en la reunión no hubo quórum suficiente para la discusión del dictamen, pues los legisladores de oposición que integran las Comisiones de Presupuesto y Hacienda no se presentaron.

En la primera reunión, cuando fue anunciado el receso, algunos diputados, opositores a Morena indicaron que no conocían a conciencia la última propuesta de dictamen, cuyo texto sufrió modificaciones durante el fin de semana, entre ellas la eliminación de la ampliación de las jornadas laborales.

Propuesta de generalidades

El dictamen analizado por las comisiones de Presupuesto y de Hacienda en la Cámara de Diputados es un documento que está lleno de generalidades y deja a un lado los cómos y los porqués para instrumentar sus fines elementales, aseguran especialistas. 

La Ley de Austeridad es un mecanismo que sobrerregula la tarea de hacer eficientes y eficaces los recursos públicos, advierte el abogado Arturo Arredondo Bravo. 

“La iniciativa de la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado reproduce todos los elementos y principios rectores contenidos previamente en la ya vigente Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que tiene por objeto regular la eficiencia y eficacia en el correcto ejercicio del gasto público, observando principios de austeridad, racionalidad, economía, transparencia, rendición de cuentas e inclusive equidad de género”, opina Arredondo.

En la práctica, el especialista jurídico asegura que las dependencias solamente deben instrumentar los mecanismos ya existentes.

“La propuesta de este proyecto de ley advierte una falta de análisis y de estudio al marco jurídico vigente en la materia específica que se quiere regular. De haberse analizado de una manera armónica, fácilmente se habría concluido que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ya regula la racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto público del Estado”, agrega Arredondo Bravo.

Carlos Jacinto Serrano García, exfuncionario de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien formó parte del equipo ganador del Premio de Administración Pública 2018 al interior de esta dependencia, afirma que el predictamen para la Ley de Austeridad no es específico con lo que quiere instrumentar. 

“El dictamen está muy simple y superfluo, dice que la Secretaría de la Función Pública deberá emitir los lineamientos para la aplicación de las medidas de austeridad, es decir, donde precisan en qué van a consistir estas medidas, y señalan que esa será la parte definitiva”, comenta Serrano García, quien se desempeñó como comisario público suplente hasta febrero de 2019. 

Expertos en la materia advierten que la Ley de Austeridad Republicana es un conjunto de normas que ya están contempladas en otros ordenamientos de la Carta Magna, por lo tanto aseguran que lo único que se necesitaba hacer desde el principio era cumplirlas

El exfuncionario, quien laboró en esa dependencia durante 23 años, afirma que en el documento que resultó ganador en 2018 la propuesta de su equipo fue en torno a la austeridad gubernamental a través de la homologación de la jornada laboral en la función de la administración pública. 

“Nuestra propuesta de austeridad consistía en homologar la jornada laboral en toda la administración pública para la optimización de recursos, uno de los beneficios era ahorrar energía para poder atender la demanda de otros servicios. Se establecía una jornada laboral entre las siete de la mañana y las seis de la tarde, de manera escalonada, para respetar también tiempos y productividad”, detalla Serrano.

El excomisario también destaca que la misma propuesta previó sustituir las reuniones de trabajo con otros funcionarios, que derivaban en hacer viajes y gastar en viáticos, a realizar conferencias remotas para evitar tiempos en traslados y así evitar la pérdida de tiempo en las funciones de cada trabajdor.


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