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¿Y el dinero? CEAV sólo ha reparado el daño a 68 de 1,576 víctimas de tortura

J. Jesús Lemus

En dos años la CEAV realizó la reparación de daño a solo 68 víctimas de tortura y desaparición forzada, en contraste con los amplios registros de personas afectadas. La CNDH y la ASF evidenciaron la falta de eficiencia en este rubro


Mar 5, 2018
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En materia de tortura y desapariciones forzadas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el mecanismo oficial creado por el gobierno federal para atender la reparación del daño a personas afectadas por la violencia, sigue sin responder a las expectativas, según lo revelan las propias estadísticas de esa dependencia.

Aunado a ello, la CEAV no ha empleado los recursos suficientes para resarcir el daño de las víctimas. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) esta dependencia presenta subejercicio en los recursos dirigidos a la reparación de daño.

Del primero de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2017, la CEAV sólo otorgó compensaciones, a manera de reparación del daño, a 16 víctimas directas y 52 indirectas que fueron afectadas por desaparición forzada y tortura.

Sin embargo, la misma CEAV informó en respuesta a una solicitud realizada a través del portal de transparencia, que desde su creación (2014) al 1 de enero de 2018, registró mil 576 víctimas en conjunto por delitos de desaparición forzada y tortura. Es decir, que en promedio cada año registró 386 casos y brindó atención en dos años a 68 víctimas directas e indirectas.

Las estadísticas relacionadas con las personas víctimas de desaparición forzada en México son una incógnita, a pesar de los registros con los que cuenta la CEAV

Lo anterior, debido a que en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) se encuentran inscritas 35 mil 410 personas -en las listas del fuero común y del fuero federal- con corte al 31 de enero del 2018. No obstante, dicho registro no especifica cuántas personas se encuentran extraviadas y cuántas han sido víctimas de desaparición.

En esa incógnita también se encuentran los datos de la CEAV, debido a que de las 68 víctimas directas e indirectas de desaparición forzada y tortura, no están desglosadas a detalle en su respuesta oficial.

Lo que sí especifica la CEAV son los datos referentes a la compensación económica otorgada por violación a los derechos humanos, cometidas por parte de autoridades federales, estableciendo que entre el 2015 y el 2017, tras atender 46 casos, se benefició a 159 personas víctimas de esos abusos.

La CEAV también informa que durante el mismo periodo en cuestión se respondió positivamente a la reparación del daño causados por autoridades locales, haciendo lo que llama “compensación subsidiaria por comisión de delitos del fuero federal”, lo que ocurrió luego de atender 71 casos en beneficio de 363 personas víctimas de abusos.

En términos generales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su informe 2017 sobre “Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos”, establece que sólo en el 2016 “se cometieron 31.1 millones de delitos que impactaron a 11.7 millones de hogares mexicanos con al menos una víctima”.

CNDH evidencia fallas

Otro hecho que evidencia que los organismos de los tres niveles de gobierno responsables de dar atención a las víctimas no están operando de forma eficiente, es lo que se desprende del “Informe de Seguimiento de Recomendaciones” de la CNDH, publicado el pasado 3 de enero del 2018, en donde se revela que en ese ámbito ha tenido que actuar como mediadora para insistir por la incorporación de personas que reclaman su derecho a reparación de daño.

En el citado informe, la CNDH señala que de todo el universo de recomendaciones emitidas y que a la fecha se encuentran en trámite, luego que “las autoridades recomendadas no ha cumplimentado en su totalidad las recomendaciones específicas que les fueron dirigidas”, 521 de ellas son para la atención de víctimas, orientadas a entes federales, estatales y municipales.

En ese sentido, se detalla que de todas las recomendaciones hechas para la atención de víctimas, 299 de ellas fueron dirigidas para la reparación del daño mediante una indemnización, atención médica o terapia psicológica; 127 fueron para que las víctimas fueran inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y 34 fueron para que a los afectados se les hiciera la reparación del daño en términos de la Ley General de Víctimas.

Otras de las recomendaciones a las que da seguimiento la CNDH, que tienen que ver con víctimas son 28 para la restitución efectiva de sus derechos, 12 para que se hagan informes y se investiguen sus casos, siete para que se les otorgue una disculpa pública, seis para que se inicie la localización de personas, seis otorgando medidas precautorias y dos más para que se les reconozca a los afectados el carácter de víctimas.

En torno a las 127 recomendaciones que la CNDH emitió para que las personas víctimas fueran integradas al RENAVI, recaen directamente en la CEAV, quien es la encargada de salvaguardar este padrón.

La intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es nueva para que se atienda puntualmente a quienes solicitan que la atención como víctimas sea garantizada, ya en el seguimiento de recomendaciones publicado en el 2017 también se insistió sobre el cumplimiento de 22 expedientes para la reparación del daño de víctimas mediante indemnización consulta médica o terapia psicología.

En el mismo seguimiento emitido el año pasado la CNDH urgió también en 12 recomendaciones, la inscripción de víctimas en el RENAVI, y en cuatro ocasiones recomendó la reparación del daño conforme a lo establecido en la Ley General de Victimas, en tanto que en otras dos recomendaciones propuso el reconocimiento del carácter de víctimas.

Culpas Compartidas

En el marco de la recién celebrada reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Gobernación de la Cámara de Senadores, con el titular de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, éste señaló que “la atención a Víctimas debe ser una política de Estado que requiere esfuerzos de todos los poderes de gobierno en todos sus órdenes”.

Pero en la práctica, esto no parece ser así, pues no sólo el propio titular de la CEAV ha reconocido que falta compromiso de algunos gobiernos estatales para atender a las víctimas, sino que la propia Auditoria Superior de la Federación reconoció en el 2017 que la CEAV incumplió con las compensaciones económicas para las víctimas.

En el 2015, de los 543 millones de pesos con los que operó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, la CEAV sólo hizo uso 48 millones de pesos para indemnizar a 130 víctimas, es decir sólo se aplicó el 8 por ciento de los recursos, a pesar de la demanda de reclamos presentada por miles de solicitantes

En el periodo auditado, la ASF concluyó que “las deficiencias en el modelo de atención y las deficiencias en el registro de víctimas, afectaron la prevención y atención de esas víctimas, lo cual no permitió que se acreditara la contribución de la CEAV en la reducción de la impunidad”.

Este hecho motivo a los senadores a que desde el año pasado dictaminaran un punto de acuerdo para solicitar a la CEAV un informe sobre su funcionamiento, el que fue presentado por David Monreal Ávila y Silvia Garza Galván, mismo que fue suscrito por Angélica de la Peña, Hadamira Gastelum, Marcela Torres, Miguel Ángel Chico, Jesús Casillas, Mariana Gómez del Campo, Verónica Martínez y Lorena Cuéllar.

En su descargo, en la reciente comparecencia del titular de la CEAV ante los senadores, Rochín del Rincón recalcó que, si bien institucionalmente, desde el Gobierno federal se están generando las acciones para tener cobertura nacional, “se requiere igual número de acciones por parte de los gobiernos locales para crear, fortalecer y operar los Sistemas Estatales de Atención a Víctimas”,

Recordó que a la fecha 30 entidades federativas cuentan con una legislación en la materia, 10 están armonizadas con la Ley General (publicada el 3 de enero de 2017), 19 entidades cuentan con algún organismo de atención a víctimas, 17 comisiones estatales cuentan con asesorías jurídicas y sólo 10 cuentan con fondos de Ayuda Asistencia y Reparación Integral a las víctimas.


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