La pandemia de COVID-19 se ha convertido en el pretexto perfecto para que la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) retrase la rendición de cuentas del gasto público.

Este órgano autónomo sólo ha entregado 18 auditorías de 2019 sobre entes con poco presupuesto. Han pasado 10 meses desde que se presentó el primer caso de coronavirus en Nuevo León y, al parecer, el personal a cargo de Jorge Galván González no ha podido adecuarse a la tecnología para cumplir con su labor de revisar las cuentas públicas

El auditor general ni siquiera ha planteado trabajar a distancia, lo que pone sobre la mesa la negativa de cumplir con su obligación.

Todo apunta a que será hasta el 8 de marzo cuando la ASENL entregue la revisión de las cuentas que comprenden a los municipios metropolitanos y al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, el informe del Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia, la Comisión Estatal Electoral (CEE), el Tribunal Estatal Electoral (TEE) y 59 organismos. Para el 17 de mayo está contemplada la entrega de otros nueve organismos y fideicomisos.

La Coalición Anticorrupción señaló a la auditoría de encontrar en la pandemia una excusa para no cumplir con su obligación y no contribuir al combate a la corrupción en la entidad.

Pretexto para ASENL gasto COVID-19

La ASENL tendrá otro pretexto para no fiscalizar de manera eficiente el recurso del Fondo de Contingencia para combatir la pandemia de COVID-19, pues podría argumentar que no existen parámetros para detectar si el dinero se gastó con eficiencia.

Desde marzo, cuando la Secretaría de Salud encabezada por Manuel de la O Cavazos confirmó el primer caso de coronavirus en la entidad, el Congreso de Nuevo León autorizó un presupuesto de mil millones de pesos pero se le han añadido 2 mil 122 millones de pesos más.

Esto se debe a que diputados del Congreso local aprobaron en abril del año pasado que el Gobierno estatal pudiera redireccionar recursos del presupuesto 2020. Sin embargo, no se crearon herramientas suficientes en materia de transparencia y fiscalización.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Mariela Saldívar, dijo que para evitar la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos del fondo, el Poder Legislativo debió aprobar “candados”.

“El uso indebido de recursos públicos y las compras a sobre costo con fondos de emergencia de Covid-19 se hicieron con plena conciencia que raya en la complicidad de las mayorías del Congreso”, mencionó la legisladora a Reporte Índigo.

Estas circunstancias también sacan a relucir aquellos oportunistas del servicio público que siguen dependiendo del erario, dinero que paga la ciudadanía con sus impuestos, como es el caso de la Auditoría Superior del Estado

Coalición Anticorrupción Nuevo León

A finales del mes de marzo de 2020, la bancada de MC presentó seis propuestas para garantizar un adecuado manejo del Fondo de Emergencia para combatir el coronavirus. Entre estas acciones estaba el informar las partidas afectadas por el presupuesto, detallar en tiempo real las compras realizadas y crear un Comité de Vigilancia, lo que fue respaldado por organizaciones como Transparencia Internacional.

Hoy existen muchas dudas por la forma en la que se está informando en el micrositio del Gobierno estatal, donde sólo se presentan gastos generales y no existe desglose de cada compra.

La diputada Itzel Castillo presentó en el Pleno un exhorto al auditor, Jorge Galván González, para que realice una exhaustiva auditoría al gobierno central, organismos paraestatales y autónomos, así como a los 51 municipios, en relación a los recursos utilizados para combatir la pandemia. Su propuesta fue aprobada por unanimidad a principios de septiembre.

Luego, a finales de octubre, la diputada Claudia Tapia Castelo presentó un dictamen de la Comisión de Presupuesto para exhortar al Poder Ejecutivo a que cumpla con las disposiciones en materia de transparencia y a la Auditoría Superior del Estado a que audite el trimestre correspondiente de abril a junio.

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