ASA apunta a la SCT

El director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Gilberto López Meyer, apuntó hacia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la dependencia facultada para poner orden en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Esto, en una carta enviada a las asociaciones de taxistas que acusaron de trato preferencial al Sitio Excelencia por un contrato firmado entre el director comercial del AICM, Rafael Castro, y la empresa conformada por un grupo de panistas.

El director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Gilberto López Meyer, apuntó hacia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la dependencia facultada para poner orden en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Esto, en una carta enviada a las asociaciones de taxistas que acusaron de trato preferencial al Sitio Excelencia por un contrato firmado entre el director comercial del AICM, Rafael Castro, y la empresa conformada por un grupo de panistas.

López Meyer advierte que, en el ámbito de sus facultades como presidente suplente del Consejo de Administración de la terminal aérea, actuará en consecuencia. 

Sin embargo, es enfático en decirles a los taxistas que sus alcances no son para sancionar, en caso de que haya una irregularidad, y que en todo caso para eso tendrá que ser la autoridad competente. 

Esa autoridad es la Subsecretaría de Transportes a cargo de Carlos Almada. 

La misma que ha ignorado desde hace casi un año el adeudo de 100 millones de pesos que Excelencia tiene con el AICM.

Y que a pesar de que ya se les había negado el permiso para que siguieran operando, consintió que Excelencia siga siendo permisionaria y pueda ofrecer el servicio de taxis desde, y hacia el aeropuerto.

“Al respecto y como director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y como presidente suplente del Consejo de Administración de las empresas que conforman el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, les hago saber que se toma conocimiento de sus manifestaciones, y se procederán a llevar a cabo las investigaciones correspondientes y tomar las decisiones que conforme a derecho procedan; sin embargo, es conveniente aclarar que, en el caso de que pudiera existir alguna irregularidad, corresponderá a las autoridades competentes el determinar lo que en derecho proceda”, dice el oficio ASA/A/0025/2014, fechado el 4 de marzo.

El Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue tratado como objeto decorativo por las autoridades del AICM.

Rafael Castro González,  director comercial, fue quien sin tener las facultades otorgó crédito a un adeudo que tenía la empresa de taxis Excelencia, por casi 100 millones de pesos, sin consultar al Consejo.

También se desistió, como apoderado y otra vez sin la capacidad legal, de la larga lista de demandas en contra de ese prestador de servicios, que ahora se sabe, es propiedad de un grupo de panistas.

Además, Castro González no avisó al Consejo sobre el convenio comercial que supera los 250 mil dólares como lo establecen los estatutos sociales del AICM.

El 5 de agosto del 2013, el funcionario firmó ese documento y fue hasta el 5 de diciembre cuando intentaron llevarlo al Consejo de Administración, pero finalmente su intento falló.

Cuatro meses después de firmado el acuerdo con el consorcio de taxis, fue cuando finalmente la dirección comercial decidió someterlo a la opinión de la autoridad facultada para hacer este tipo de tratos.

Se elaboró la minuta y se incluyó en decenas de carpetas. Misteriosamente el punto no se tocó. 

Fuentes del Consejo de Administración aseguran que lo que falló, fue el cabildeo previo y ante una inminente negativa decidieron postergar la presentación.

Ahora Gilberto López Meyer, como presidente de ese Consejo, advierte que se apegarán a lo que dice la Ley. 

Y los estatutos sociales del AICM son muy claros con respecto a las operaciones superiores a los 250 mil dólares, como lo es otorgarle crédito a seis años a un adeudo de 100 millones de pesos.

“Artículo 16 Fracción VI.- El consejo de Administración deberá aprobar previamente a su realización, cualquier operación de adquisición, servicios o contratación que la Sociedad pretenda llevar a cabo, por encima de 250, 000.00 Dólares EUA.

La autorización que al efecto otorgue el Consejo de Administración deberá informarse a la Asamblea General de Accionistas”.

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