Propuesta fuego bajo
¿Ayudaría la ampliación del derecho de portación legal de armas de fuego para la legítima defensa a combatir la seguridad y la violencia en México?
J. Jesús Lemus
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El Comisionado Nacional de Seguridad estimó que la ampliación de la posesión de armas de fuego podría no ser viable, ya que la Constitución permite la posesión de armas en domicilio, de cierto calibre y con registro
La coordinación parlamentaria del PAN en el Senado de la República explicó que la iniciativa fue presentada a título personal del legislador de Colima, y que no representa una posición de los legisladores de Acción Nacional
Nosotros estamos convencidos de que mientras menos armas existan, más seguros vamos a estar”
¿Ayudaría la ampliación del derecho de portación legal de armas de fuego para la legítima defensa a combatir la seguridad y la violencia en México?
Los principales actores del país creen que no, pero un senador de la República y la Asociación Mexicana del Rifle (AMR) A. C., están convencidos que si los mexicanos puedan portar armas en su vehículo o negocio inhibiría a los delincuentes.
En México, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), se cometen en promedio, en forma mensual, mil 400 asesinatos, 80 secuestros y casi 4 mil robos de vehículos con lujo de violencia.
En la mayoría de ellos la víctima no tiene la posibilidad de defenderse con algún tipo de arma.
Por esa razón, el senador por el estado de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez presentó la semana pasada una iniciativa de reforma al Artículo 10 constitucional, para que la ley faculte a todos los ciudadanos a la posesión de armas de fuego más allá de su domicilio particular, incluyendo vehículos y negocios.
La iniciativa del legislador panista se presentó a la par del posicionamiento público de la Asociación Mexicana del Rifle (AMR) A. C., cuya directiva plantea una iniciativa que permita la modificación de la
Ley de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de que se permita la portación de armas a todos los ciudadanos.
Para Luis Antonio Merino González presidente de la AMR A.C. “el Estado Mexicano ha fallado en su papel de resguardar la seguridad de los ciudadanos, por lo que ahora toca a la gente velar por su propia seguridad”, sin llegar al extremo de suplir a la policía, pues sólo se trata, dijo, “de coadyuvar en la seguridad pública”.
La propuesta de iniciativa de la AMR, dijo su presidente, no es nueva. Llevan cuatro años intentando hacer llegar una iniciativa al Congreso de la Unión.
“Estamos insistiendo ante los diputados, senadores y ante el mismo presidente de la república, para que se revise la posibilidad de permitir el uso de armas entre la población civil, con la única intención de ayudar en la seguridad pública, la que debe mejorar cuando los delincuentes sepan que la población se encuentra armada”.
Pero la propuesta de la AMR A.C. y la iniciativa del legislador panista de Colima, no cuenta con el respaldo de todos los sectores de la sociedad. Existe oposición desde el interior de la Cámara de Diputados, de los representantes de la Iglesia Católica, y juristas consideran que esa no es la vía para erradicar la violencia.
Desde que el Senado de la República autorizó, el 9 de abril del 2015, a los funcionarios públicos extranjeros a portar armas en nuestro país, la Iglesia Católica manifestó su rechazo a través de un editorial en el semanario Desde La Fe, órgano oficial de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México.
“Los organismos internacionales indican que más de 15 millones de armas circulan en el territorio mexicano y que son de fácil adquisición y acceso, incluso en el tianguis del barrio de Tepito”, refiere el editorial.
Eso, dijo Luis Antonio Merino González, presidente de la Asociación Mexicana del Rifle, es lo que se pretende solucionar con la propuesta de legalización del uso y portación de armas de fuego.
“Creemos que solamente se puede tener un control de armas mediante la regularización de permisos, que deberán ser normados por la Secretaría de la Defensa Nacional”.
La propuesta de la AMR A.C., dijo su presidente, se finca en la necesidad de un cambio a las leyes y reglamentos, “que lejos de solucionar el problema de fondo deja al ciudadano honesto en un estado de total indefensión, pues al haber tanta prohibición, altos costos para la compra de un arma, se abre la puerta al mercado negro”.
La propuesta de la AMR A.C. se finca en la legislación vigente que ya autoriza a las personas la portación de armas de fuego, pero con la variante de que los calibres autorizados sean mayores a los que actualmente se dispone en el marco jurídico.
Muchas armas, pocas licencias
A nuestro país, de acuerdo a la organización no gubernamental Desarma México, ingresan en forma mensual, de manera ilegal, un promedio de más de 20 mil armas, desde pistolas calibre nueve milímetros hasta lanzacohetes, que se comercializan en el mercado negro y su principal destino son los grupos de la delincuencia organizada.
A decir del abogado Luis Soriano, especialista en temas de seguridad nacional, la principal causa del ingreso desmedido de armas a nuestro país, se debe a las leyes laxas de Estados Unidos, “que de alguna manera posibilitan el tráfico de armas al cada vez más creciente mercado, aunque ilegal, que se presenta en México”.
Estados Unidos, dijo el especialista, de alguna manera es el principal responsable de la gran cantidad de armas en México, las que se estima que podría ser casi 2 millones 500 mil las que han ingresado a nuestro país en los últimos 10 años.
Por esa razón, el presidente de la AMR A.C., Luis Antonio Merino González, estima que el actual sistema de registro de armas no representa ninguna solución al tráfico ilegal y ni al mercado negro de armas, “pues sólo hay 4 mil permisos para portación, otorgados para la Secretaría de la Defensa Nacional, en un país con más de 120 millones de habitantes, lo que no representa ni el uno por ciento de ciudadanos armados en nuestro país”.
Además, consideró Merino González, el actual sistema de registro de armas y permisos para la portación, resulta discriminatorio.
“Es muy caro y muy tardado, y el permiso sólo lo logran quienes tienen dinero para el trámite”.
Ocurrencia que suena a chifladura
Para el sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Edgar Morín, autor de
“La Maña” (Grijalbo 2015), la propuesta para ampliar la portación de armas de fuego anunciada por la Asociación Mexicana del Rifle A.C. y la iniciativa presentada por el senador Jorge Luis Preciado, resulta “más que una ocurrencia, una chifladura”.
“En ninguna parte del mundo se ha demostrado que los índices de violencia hayan disminuido con la portación de armas por parte de los civiles”.
Estimó que, al permitir la portación amplia de armas de fuego por parte de ciudadanos, sin duda los índices de homicidios podrían ir al alza, “considerando el estado exacerbado y de frustración en el que viven miles de mexicanos”, por lo que consideró como inviable la posibilidad de que se reduzca la delincuencia armando a la ciudadanía.
Otro factor por el que Edgar Morín estima como nada viable la posibilidad de que los ciudadanos en México se armen contra la delincuencia, “es el estado de justicia en México, que ofrece todo, menos justicia”, lo que haría que la tasa delincuencia se incrementará de forma considerable de darse la posibilidad de la iniciativa del senador Preciado y la propuesta de la AMR.
Una iniciativa paradójica
Para el Comisionado Nacional de Seguridad no ha pasado por alto la iniciativa del senador Jorge Luis Preciado.
Ha sido contundente al rechazar la posibilidad de ampliación de permisos para portación de armas de fuego en domicilio y vehículos.
“Nosotros estamos convencidos de que mientras menos armas existan, más seguros vamos a estar”, dijo Renato Sales Heredia al acudir a Yucatán a la entrega de patrullas para el fortalecimiento de la seguridad en esa entidad.
El titular de la CNS consideró que es una paradoja lo propuesto por el senador panista, toda vez que “si existe un arma de fuego existe la posibilidad de que se haga uso de esa arma de fuego”, lo que eventualmente resultaría en vano, si lo que se quiere es disminuir el índice de inseguridad que se alega en dicha iniciativa.
Además, Sales Heredia recordó que “ya la Constitución permite la posesión de armas en domicilio de cierto calibre y con registro, y permite también la portación de arma de fuego para personas acreditadas”, por lo que podría ser ominosa la intención de buscar reformas a la ley para ampliar los permisos.
Estimó que la iniciativa del senador panista, de ampliación de la posesión de armas de fuego, podría no ser viable.
“No debemos ampliarnos, debemos ser capaces de solucionar conflictos sin recurrir a las armas”, a la vez que recordó la facultad del Estado, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, para la entrega de permisos de portación de armas.
La iniciativa del senador panista también fue considerada una paradoja, tras reconocer que “la misma SEDENA, en coordinación con los gobiernos de los estados, ha trabajado en campañas a la inversa; en campañas de despistolización, (para) retirar armas de fuego de la población”.
De hecho, Sales Heredia explicó, “si retiramos armas de fuego podemos ir caminando con la tranquilidad de que estamos en la ruta de la construcción de un entorno más seguro”, por eso insistió en la paradoja de la iniciativa: mientras más armas de fuego existan, habrá más posibilidad de violencia.
“Y de lo que se trata es de cerrarle oportunidades a la violencia, de disminuir oportunidades para el uso de las armas de fuego”, dijo el comisionado nacional de seguridad en el país, quien reconoció que a la fecha no se conoce con precisión la cantidad de armas de fuego existentes en México.
Pero aseguró que lo que le corresponde al Estado, pese a desconocer el monto de las armas de fuego que circulan en el país, “es vincular el delito de portación de arma de fuego reservada para uso exclusivo del Ejército, con la propia Ley Federal de Armas de Fuego en relación con el (artículo) 19 Constitucional”.
Mexicanos, indefensos ante la delincuencia
La propuesta de la Asociación Mexicana del Rifle A. C., dijo el presidente de esta organización, no busca de ninguna forma suplir la función del Estado en materia de seguridad pública, por el contrario, se pretende ayudar en la seguridad de la sociedad, “pues el Estado no puede aportar un policía por cada uno de los ciudadanos que salen a la calle”.
Desde el punto de vista de Luis Antonio Merino González, se trata sólo de brindar condiciones que obliguen a los delincuentes pensar dos veces antes de cometer un ilícito contra el patrimonio o integridad física de las personas.
“Que no sientan que llevan ventaja sobre sus víctimas, y que piensen que cualquier ciudadano puede estar igualmente armado”.
Eso haría, explicó Merino González a Reporte Indigo, que la tasa de robos, asaltos y homicidios pudiera bajar, “por eso estamos buscando que se permita el uso de armas de mayor calibre entre los ciudadanos, los que de acuerdo a la constitución tenemos el derecho de defender nuestra vida y nuestro patrimonio. Esa es a legítima defensa”.
El argumento más fuerte que sostiene la AMR A.C., para insistir sobre su propuesta de permitir la libre portación de armas de fuego de mayor calibre, son los datos de la Comisión Nacional de
Seguridad (CNS), que en el reporte con fecha hasta el 20 de septiembre pasado, indicaba que, en todo el país, ya se habían cometido un total de 13 mil 217 homicidios dolosos.
Los estados más violentos, que apuntalan la propuesta de la AMR A.C. son Guerrero, con mil 484 asesinatos, Estado de México con mil 377 homicidios, Michoacán con 808 ejecuciones, Jalisco con 736, Chihuahua con 733 y Baja California con 690 homicidios, en donde se estima que en el 97 por ciento de los ilícitos cometidos la víctima fue muerta con armas de fuego de grueso calibre.
Propuesta huérfana
La iniciativa del senador panista Jorge Luis Preciado, que propone modificar la Constitución para que se reconozca el automóvil y los negocios como extensión del domicilio de las personas, a fin de poder tener armas allí, no ha prosperado entre los diversos grupos parlamentarios del Senado ni de la Cámara de Diputados.
La propia coordinación parlamentaria del PAN en el Senado de la República, encabezada por Fernando Herrera Ávila, rechazó que dicha iniciativa fuera de ese grupo parlamentario; explicó que se trata de una que a título personal ha presentado el legislador por el estado de Colima, pero que no representa una posición de los legisladores de Acción Nacional.
Dijo que no empata con la postura de Jorge Luis Preciado, toda vez que es obligación del Estado Mexicano garantizar la seguridad de todos, por lo que desestimó que esa propuesta pueda tener el respaldo de la bancada del PAN.
Para los mexicanos no es una opción armarse, pues estimó que, en otras sociedades, como la norteamericana, esa situación ha resultado en hechos desastrosos a partir de atentados contra grupos sociales en escuelas, iglesias y centros comerciales, donde los policías llegan a ejecutar a personas ante el temor de que se encuentren armadas.
El mismo ánimo de la duda, sobre la iniciativa de senador Jorge Luis Preciado, se mueve en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, presidida por el panista Jorge Ramos Hernández.
El diputado Francisco Escobedo Villegas, del PRI, ratificó que la seguridad de todos los mexicanos es responsabilidad del Estado de Mexicano, el que, reconoció, hace su tarea para brindar las condiciones de paz y garantías que requieren los ciudadanos para la cotidianidad de sus vidas.
También el PRD marcó su postura; Jesús Zambrano, vicecoordinador de la fracción, dijo que no acompañará la propuesta del panista Jorge Luis Preciado, pues estimó que México no es el Viejo Oeste, ni tampoco se puede permitir el establecimiento de la Ley del Talión: ojo por ojo y diente por diente.
Dijo que la izquierda en la Cámara de Diputados nunca estará a favor de una iniciativa de ley que pretenda combatir la inseguridad y el crimen con más violencia.
“No queremos malas copias de Donald Trump, defendiendo la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Eso es justo contra lo que estamos luchando”, explicó.
La postura del PRD fue secundada por el líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya quien aun cuando reconoció que el Estado ha fallado en su estrategia de combate a la delincuencia, también estableció que no es armando a la ciudadanía como se puede combatir el problema.
Para el dirigente nacional del PT, la única posibilidad de encarar el clima de violencia que se vive en el país, es mediante un replanteamiento de la estrategia nacional de seguridad, que urgió para evitar que sigan apareciendo propuestas extremas como la del senador Preciado o como la de la ANR, que reclaman armar a los ciudadanos.