Con el voto dividido, debido a una reserva que de última hora incluyó el grupo mayoritario de Morena, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Víctimas, para considerar a menores de edad huérfanos a causa de los delitos de homicidio y feminicidio, como víctimas indirectas.

El propósito es garantizar apoyo del Estado, servicios de salud, educativos, apoyo psicológico e incluso acceso a reparación del daño, a los niños, niñas y adolescentes cuyas madres, padres o tutores, hayan fallecido a causa de homicidios y feminicidios, pero sin que el Gobierno Federal destine un solo peso para este fin.

Se trataba de un dictamen de consenso, pero la presentación de una reserva impulsada por la mayoría morenista para dejar en claro que el apoyo a los menores de edad como víctimas indirectas, correrá a cargo del presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y fondos de los estados, porque la Federación no destinará recursos para ello, dividió a la asamblea.

La reforma que fue turnada al Senado de la República, avanzaron con 336 votos a favor, 124 en contra y 2 abstenciones.

Se establece, así, que las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar sus necesidades de alimentación, aseo personal, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir de la comisión del delito.

Al fundamentar el dictamen, la diputada de Morena, Rocío Barrera Badillo informó que la finalidad de dicha reforma es garantizar y anteponer el interés superior de la niñez, en aquellos casos en que adquieren la calidad de víctima, en razón del homicidio, feminicidio de su padre, madre o de tutores.


“Al considerarles como víctimas indirectas estaríamos reconociendo y poniendo a su alcance mecanismo para hacer efectivo su derecho a la salud, a la ayuda psicológica y al acceso a los recursos de ayuda federal y estatal, así como a la asistencia de protección, reparación integral y, en su caso, a la compensación”.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, cuestiono que la CEAV tenga que asumir todos los costos.

“Todo el tema que tiene que ver con la reparación del daño a las víctimas va a recaer dentro del presupuesto de los ejecutores del gasto autorizado, es decir, particularmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tendrá que ser sobre su presupuesto autorizado. No solamente eliminaron los fideicomisos, sino que ahora pretenden que, con los recursos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que además viene reducido para el próximo año, se atienda a las víctimas”, denunció.

La ayuda provisional se brindará con un enfoque transversal de género, diferencial y atendiendo el interés superior de la niñez durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Se establece que el Registro Nacional de Víctimas deberá contar con un padrón permanente y actualizado que incluya niñas, niños y adolescentes en orfandad por homicidio o feminicidio.

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