AMLO ordena a Gobernación revisar caso de campesinos presos por matanza en Aguas Blancas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) instruyó a que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, atienda el caso de cuatro campesinos sobrevivientes de la matanza en Aguas Blancas, Guerrero, que aún están presos.

En la conferencia de prensa matutina, reconoció que el decreto de amnistía para la liberación de presos en penales federales no fue suficiente ya que “no se ha hecho justicia en varios casos”.

Por ello, dijo que esta semana se tendrá una respuesta a los campesinos encarcelados por la matanza de 17 campesinos que se registró el 28 de junio de 1995.

#Mañanera | En breve se presentará un informe sobre los detenidos en el caso #AguasBlancas, en #Guerrero, aseguró el presidente @lopezobrador_.@Notimex @Notimex_TV pic.twitter.com/g6qUx4D1Tm

— Tovar Manuel (@Man64Gar) April 21, 2022

“Estoy consciente que no se ha hecho justicia en varios casos, porque no es adecuado el marco legal y hay muchas resistencias no solo en el Ejecutivo también en el Poder Judicial, pero no vamos a dejar de insistir en que todo lo que significa una injusticia cometida pueda resarcirse el daño y sobre todo garantizar la libertad de quienes injustamente están detenidos”, admitió en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Recordó que en 1995 un grupo de campesinos se dirigía a una protesta, sin embargo, fueron mascrados por policías.

“Este caso en especial lo vamos a tratar con el secretario de Gobernación, todos sabemos lo que sucedió en ese vado de Aguas Blancas, un grupo de campesinos que se trasladaba para hacer una protesta y los estaban esperando policías y les dispararon a mansalva, hubieron muertos”, refirió.

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Agregó que “ello condujo en que en ese entonces saliera el gobernador y entrara Ángel Aguirre, fue Rubén Figueroa el que estaba cuando esta matanza, y quedó demostrado que fue una acción autoritaria, fue una masacre de 17 campesinos”.

En el decreto, se establece la preliberación de reos en penales federales víctimas de tortura, que estén en prisión preventiva por más de dos años acusados de delitos no graves, adultos mayores de 60 años con enfermedades crónicas y mayores de 70 años.