A palos de ciego

10 de Ene, 2019

A lo largo de los años, los esfuerzos contra el robo de combustible se han realizado sin una estrategia a largo plazo y, aunque ha sido un problema que ocurre desde hace tiempo, es en años recientes cuando Petróleos Mexicanos decidió aumentar la fuerza para el resguardo de sus instalaciones.

Un documento titulado Libro Blanco, Diseño y Aplicación de la Estrategia Integral de Salvaguardia para Pemex, en el que se analizaron las medidas impulsadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para combatir el mercado ilícito de combustibles, reveló que el aumento en la inversión para acabar con el problema en dicho periodo fue insuficiente.

Mientras Pemex daba los primeros pasos en seguridad interna, el robo de combustible crecía a pasos agigantados

En el análisis de la empresa productiva del Estado se señala que fue hasta el 2014 que se logró consolidar una fuerza de operación en campo para combatir el robo de combustible o huachicoleo, como se le conoce coloquialmente.

En el año 2013 Pemex adquirió armamento nuevo –su licencia de portación de armas vence en 2020–, pues el que poseían anteriormente se catalogó como inservible: “La GSSF (Gerencia de Servicios de Seguridad Física) contaba con un inventario de armamento en su mayoría obsoleto por lo que la capacidad y el volumen de fuego eran insuficientes para combatir al crimen organizado, por lo cual fue necesario emprender acciones dirigidas a su modernización”, señala el Libro Blanco.

En el 2014, la empresa elevó el nivel jerárquico de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica (SSE), encargada de la seguridad de sus instalaciones; ese mismo año adquirió uniformes para sus elementos y recursos tecnológicos para combatir el huachicoleo.

Hasta hace apenas un año y medio, en junio del 2017, ya cuando el problema era mayúsculo, Pemex capacitó a personal de las Fuerzas Armadas en el manejo y operación segura de las válvulas de suministro de hidrocarburos. En esa capacitación se enseñó a elementos del Ejército a operar la disminución del flujo o el cierre total de las válvulas, dando así oportunidad de una primera atención en caso de derrames provocados por las tomas clandestinas.

“En algunos estados del país, la actividad ilícita relacionada con el robo de gasolina ha llegado a incrementarse de manera exponencial, tal es el caso del Estado de México, Puebla, Hidalgo y Guanajuato, donde la localización de tomas clandestinas ha rebasado la capacidad operativa del personal de los sectores de ductos respecto a la confirmación e inhabilitación de las mismas, siendo además necesario que agentes de Seguridad Física o militar proporcionen protección al citado personal durante la realización de dicha actividad, ya que de no ser así pudieran estar expuestos a agresiones por parte de la delincuencia”, expone el informe.

Esta colaboración con el Ejército comenzó apenas en marzo del 2018, cuando el robo de combustible estaba en su apogeo con un cálculo superior a 12 mil 500 tomas clandestinas en todo el país.

Así, mientras Pemex avanzaba lentamente para fortalecer su capacidad de respuesta ante el crimen organizado, el robo de combustible crecía a pasos agigantados.

En actividades de seguridad de instalaciones, Pemex invirtió entre en 2012 y el 2018 aproximadamente 4 mil 909 millones de pesos. De ellos, la mayor parte –2 mil 521 millones– se destinaron al Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de Pemex, en el que se contó con la creación del cuerpo armado para la salvaguarda de sus instalaciones.

Para la adquisición de armamento se destinaron 17.7 millones de pesos; para actividades de seguridad física en la ex-Refinería 18 de marzo, 175 millones y para “proyectos de inversión y otras iniciativas” se gastaron 2 mil 195 millones de pesos.

Pemex invirtió entre en 2012 y el 2018 aproximadamente 4 mil 909 millones de pesos para actividades de seguridad en sus instalaciones

Esto quiere decir que mientras Pemex invirtió poco menos de 5 mil millones de pesos en el resguardo de todas sus instalaciones, las pérdidas por el robo de combustible superaron los 120 mil millones de pesos en todo el país.

Falla de origen

Para José Luis Calderón González, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), parte del fracaso en el combate al huachicoleo se debe a que el gobierno federal no tiene una política de protección de instalaciones petroleras que deben ser consideradas estratégicas

Porque no se trata sólo de instalaciones de seguridad nacional, sino de puntos neurálgicos que si son atacados, pueden poner de cabeza a la sociedad mexicana; justo como ocurre ahora con el desabasto como consecuencia del robo de combustible.

“En un catálogo que se hizo hace algunos años se menciona que México tendría más de 3 mil instalaciones estratégicas, entre las que están instalaciones de Pemex, de la Comisión Nacional del Agua, de CFE, aeropuertos. Pero ahora también deben estar todas las nuevas instalaciones que se han concesionado a particulares.

“México no tiene una estrategia para la protección de estas instalaciones. Históricamente, en los puntos más significativos del país, siempre han estado la Marina y el Ejército brindando protección; pero más que protección es una vigilancia del perímetro. No se tiene una guía, una normatividad. Es más, ni siquiera hay un concepto claro de qué es una instalación estratégica”, expuso Calderón

Asimismo, añadió que este tema se menciona en la Ley de Seguridad Pública cuando se trata de un asunto de seguridad nacional:

“Como país, lo primero que se tiene que hacer es definir qué y cuáles son las instalaciones estratégicas. Y también deberíamos tener un reglamento o una regulación que a todos los encargados de estas instalaciones les dé un marco mínimo para la protección de las infraestructuras.

“Y esto debe ser un marco que no solo tenga que ver con dispositivos de seguridad. Tiene que ver con procedimientos, con el personal, con sistemas físicos, electrónicos, ciberseguridad, tiene que tener inteligencia de negocios con toda la información que se va recabando para la toma de decisiones”, indicó.

Un ejemplo de lo antes mencionado son los aeropuertos del país, pues aunque la seguridad del perímetro y los pasillos están en manos de las fuerzas federales, la seguridad interna con los pasajeros recae en empresas de seguridad privada, a pesar de que se trate de una instalación estratégica.

Lo que ha ocurrido hasta ahora, señala el experto, es que cada una de las instituciones del Estado han realizado esfuerzos aislados, lo que se refleja en la poca efectividad de las acciones que llevan a cabo.

“En México no tenemos un organismo, como sí sucede en otros países, donde hay instituciones dedicadas exclusivamente al resguardo de instalaciones críticas. Mismas que analizan los riesgos de cada uno de los sectores, analizan información a nivel local, nacional e internacional y ven los impactos que pueden afectarlos y están preparándose continuamente”