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Opinión
Nacional
Índira Kempis

“Mi nombre es Leticia Hidalgo y soy la mamá de Roy”, así comienza en cada entrevista “Lety”, como la conocemos en el Colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Nuevo León –FUNDDENL-. Ella, aunque conserva su mirada dulce, lleva el dolor de la ausencia de su hijo Roy Rivera Hidalgo, quien fue privado de la libertad el 11 de enero de 2011 y a quien Lety y Ricardo no se han cansado de buscar, porque no han perdido la esperanza de encontrarlo. 

La desaparición forzada de personas en Nuevo León es un crimen de lesa humanidad que ha ido en aumento en el último par de años. Hoy, es uno de los temas que amerita estrategias e incursión en las políticas públicas de seguridad.

No sólo por la cantidad de casos, sino porque algunos de éstos permanecen en el anonimato por el miedo que existe a las represalias, de hecho, ni siquiera pueden ser documentados por las organizaciones de Derechos Humanos o presentados en la Procuraduría. Hay familiares de víctimas de desaparecidos que no se atreven a hablar de este tema con su familia o amigos cercanos porque, lamentablemente, hemos construido un lenguaje de justificación ante los hechos trágicos, entonces aparecen premisas simples como: “algo habrán hecho” o “estaba en el lugar equivocado”. 

Necesitamos una ciudadanía que esté alerta a lo que sucede alrededor. Si bien no está únicamente en nuestras manos transformar esta dolorosa realidad, sí tenemos facultades constitucionales y de propia responsabilidad para colaborar en las alternativas de solución para que estas historias rompan el circulo vicioso del silencio. De nada nos va a servir para los años futuros “tapar el sol con un dedo”. Aunque lleguemos tarde con estas propuestas, tampoco será demasiado tarde como para evitar que sigan desapareciendo personas sin que nadie pueda dar explicación alguna. 

Una de las demandas específicas de estos años ha sido la tipificación de la desaparición forzada como un delito. Hasta hace algunos meses, existía resistencia a la aprobación de esta reforma. Todavía se recuerda con “mal sabor de boca”, el día que familiares se enfrentaron en el Congreso a negativas rotundas. No obstante la presión local, e internacional, de los familiares de defensores de derechos humanos y otros ciudadanos que han sido empáticos con este tema, no dejaron de insistir en la importancia de tener tipificado el delito.  

Los resultados de este trabajo fueron evidentes el martes pasado, una vez que la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado dio a conocer la aprobación de la iniciativa de ley para tipificar como delito grave la desaparición forzada de personas. 

El marco legal no es suficiente, pero sí representa un paso contundente que detonará otros procesos de justicia para investigar y procesar los casos. Llevar a juicio a los responsables es pieza clave para la reparación del daño, como la búsqueda de las personas que se encuentran desaparecidas. 

Tanto la organización Human Rights Watch, como la oficina de la Alta Comisionada de la ONU-DH México, han enviado mensajes de celebración por esta reforma. Sin embargo, como bien escribe José Miguel Vivanco, Director para las Américas de HRW: “Es crítico que esta colaboración continúe en la implementación de la nueva ley, para que se acabe con la impunidad que afecta hasta hoy a la mayoría de las desapariciones forzadas”. El camino es largo, pero se hace a partir de provocar experiencias como éstas.

“Mi niño, te coloco en las manos de Dios. Te esperamos pronto, muy pronto”. Escribe la mamá de Roy, como seguramente, lo comparten los familiares y amigos de desaparecidos y desaparecidas que siguen esperando sin miedo, la justicia. 


* Esta opinión no refleja la del periódico

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