El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dejado escapar la oportunidad de confirmar que su gobierno no permitirá el maíz transgénico en México. Hoy está en tribunales el proceso judicial por el decreto de diciembre de 2020 para que en nuestro país no se use el glifosato como sustancia herbicida, y que ordena eliminar el uso de este producto a más tardar en 2024. De eso hoy hay amparos de la agroquímica Monsanto. El tema se retoma porque le llegaron versiones al despacho presidencial en Palacio Nacional de presiones para ya resolver el asunto y se otorguen amparos sobre el tema, un asunto en el que hasta el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) está metido, y en el que además se mencionó el tema bajo un acuerdo por una reunión en la que estuvieron directivos de la empresa, entre ellos Werner Baumann, director ejecutivo de Bayer, dueña de Monsanto.

De esto se aclara que el asunto no se abordó, pero ha llegado también a las oficinas de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami) la advertencia de que, de no ceder en el tema glifosato se provocaría una menor disponibilidad de grano, lo que conllevaría otro impacto grave en la inflación en los alimentos que actualmente se vive. No hay que perder de vista que un juez concedió un amparo a la trasnacional en el que declara inconstitucional el decreto que prohíbe los organismos genéticamente modificados y el uso del agrotóxico, siendo no definitivo, pero donde la Consejería Jurídica de la Presidencia promovió un recurso de revisión.

Ya veremos cómo va el tema y le contaremos más, pero se destaca en esto la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que advierte desde 2012 el riesgo de daños ambientales que pueden causar las sustancias toxicológicas. Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un recurso de Monsanto, ratificando la sentencia que le condena a pagar 25 millones de dólares a un jubilado que atribuye su cáncer al herbicida Roundup.

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