Silvia es dueña de una estética, tiene más de 10 años trabajando y hace unos meses unos jóvenes llegaron a exigirle cobro de derecho de piso. Ella dijo que no tenía los 10 mil pesos que le pedían a la semana. Al día siguiente recibió una llamada para “negociar” el pago o de lo contrario le quemarían su negocio.

Fue al Ministerio Público a levantar una denuncia y a pedir seguridad. Al siguiente día volvió a recibir una llamada en la que le advirtieron que si no cooperaba iba ser peor, que ya sabían que había ido a denunciar, le dieron el número de folio de la denuncia, la hora a la que acudió y el nombre de la persona que la atendió.

“Tenemos todo controlado, nos avisan de todo, no juegues con nosotros, sabemos dónde vives, sabemos de tu esposo e hijo, no somos de la Unión, ni de la Anti Unión (grupos delictivos en la Ciudad de México), somos del barrio”, le dijeron.

La mujer cerró por dos semanas la estética y tuvo que retirar la denuncia. Uno de los días que fue al negocio recibió otra llamada para decirle una vez más que negociaran, se dio cuenta que la vigilaban, le pidieron una sola cantidad para dejarla trabajar, 50 mil pesos, ella los consiguió y volvió a abrir su negocio.

“Nadie hace nada, las autoridades están coludidas, no hay quién te proteja. Un amigo que trabaja en la Guardia Nacional me dijo que ellos tienen la orden de no atacar ni agredir a los narcos, que el Gobierno no les va hacer nada y por eso están desatados. Nunca en todos los años de ser estilista había vivido con miedo. Estamos solos”, dijo Silvia.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2021 el país registró una cifra récord de nueve mil 407 víctimas de extorsión, un incremento del 12.3 por ciento respecto al año anterior cuando la cifra se situó en ocho mil 380.

En Michoacán hay reportes de que a las gasolineras les pueden llegar a pedir hasta 100 mil pesos al mes. Solo por una gasolinera al año lo pagado suma 1.2 millones de pesos. “Esto es una realidad”, expresa Alicia Zazueta, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).

El obispo de Fresnillo, Zacatecas, Sigifredo Noriega, reveló que hay colonias que comienzan a vaciarse a raíz de las extorsiones de grupos delictivos, “se están desplazando forzadamente, ¿por qué? Porque si no pueden pagar el cobro de piso les queman la casa, no hay, pues, autoridad que pueda poner orden”.

El cobro de derecho de piso es el impuesto del crimen organizado, no hay un rincón del país en donde los empresarios y comerciantes estén libres de éste.

Lo peor es que reconociendo en Palacio Nacional que este delito va en aumento, no hacen nada, no hay un plan o estrategia para combatirlo, la delincuencia y el crimen organizado se están empoderando a los ojos de las autoridades.

Es muy grave que los empresarios y comerciantes deban pagar a la delincuencia grandes cantidades para poder trabajar. Hoy nuestra economía está débil, el desempleo va en aumento, a nadie conviene que se cierren los negocios pero, como dice Silvia, “estamos solos”.