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CAT66

Visibilizar la tortura

Mariana Recamier

Organizaciones realizaron un informe sobre tortura en México y lo entregaron a Naciones Unidas. Hoy el Comité Contra la Tortura analizará la información de este documento para presentar recomendaciones al Gobierno mexicano


Abr 24, 2019
Lectura 7 min
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Cien organizaciones civiles elaboraron un informe sobre la tortura cometida por fuerzas armadas mexicanas en contra de mujeres, migrantes, indígenas y otros sectores en situación de vulnerabilidad. Los datos e historias que conforman este documento serán analizados hoy en el sexagésimo sexto periodo de sesiones del Comité Contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas.

El reporte que se titula Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México se discutirá en Ginebra por especialistas del CAT al mismo tiempo que la información otorgada por el Gobierno mexicano sobre casos de tortura.

El documento creado por organizaciones como Fundar, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y Centro Prodh muestra que la tortura se utiliza en México para fabricar declaraciones que con frecuencia son presentadas y aceptadas como pruebas en los procesos penales.

Más del 40 por ciento de personas que se declaran culpables ante el Ministerio Público lo hacen porque recibieron agresiones físicas, amenazas u otras presiones, según la Encuesta Nacional a la Población Privada de Libertad (ENPOL) 2016 del Inegi retomada en el documento

Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh, explica que el CAT no tiene facultades para recibir una denuncia como lo hace un tribunal, pero el informe se presenta como un insumo para que el organismo de la ONU lo considere al momento de emitir recomendaciones al Estado mexicano.

“Es un esfuerzo por visibilizar el trabajo de las organizaciones mucho más cercano a las víctimas de violaciones a los derechos humanos para que el Comité también conozca esa realidad y que no sólo se quede con el informe oficial”, asegura Zamora.

El documento también recopila los diferentes perfiles y experiencias de las víctimas de tortura, de acuerdo con casos registrados del 2012 al 2019. Las organizaciones consideran que dichos actos suelen mostrar diferentes modalidades e impactos cuando la víctima es mujer, menor de edad, migrante, transexual o una persona con una discapacidad.

No obstante, el informe también señala que la impunidad es constante en la mayoría de casos de tortura sin importar el perfil de las víctimas.

“Hay ejes que son transversales como la impunidad… No se está investigando a quienes ejecutan u ordenan la tortura y esto es grave porque es un mensaje de permisión, es decir, en la medida que no se investigue y se sancione la tortura es imposible pensar que se erradicará”

- Melissa Zamora

Abogada del Centro Prodh

En este sentido, el documento retoma los datos de la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Tortura que en febrero de 2018 informó que de 8 mil 335 investigaciones por tortura, sólo había ejercitado acción penal en mil 710.

En cuanto a sentencias condenatorias por tortura, en septiembre de 2015, el Estado informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existían sólo 15 condenas federales desde 2006, abarcando únicamente 8 causas penales.

Tortura sexual

Centro Prodh fue la organización encargada de otorgar la información sobre tortura sexual que contiene el informe. La asociación se dedica desde hace más de seis años a la defensa legal de mujeres que sufrieron este tipo de agresiones por parte de las fuerzas armadas mexicanas.

“Es fundamental que se visibilice ante estos organismos internacionales el daño que causa en las mujeres la tortura sexual al momento de las detenciones ilegales porque pueden emitir recomendaciones al Estado mexicano y exigir que las cumpla”, opina la abogada de esta organización.

El informe menciona que la tortura sexual contra mujeres en prisión incluye violación, amenaza de cometer dicho acto, tocamientos y descargas eléctricas en pechos, glúteos o genitales y obligar a la víctima a realizar actos sexuales.

De acuerdo con el informe, el Centro Prodh documentó 29 casos de mujeres denunciantes de tortura sexual en 2018, quienes fueron detenidas entre 2012 y 2015, recluidas y acusadas con base en pruebas ilícitas.

En estas situaciones, los tribunales no excluyeron las declaraciones autoincriminatorias, sin importar que las mujeres alegaran tortura y que existieran pruebas para verificar su alegato.

Zamora comenta que la tortura sexual se presenta tres veces más en mujeres que en hombres. En ese sentido, la abogada agrega que es importante visibilizar estas violaciones a los derechos humanos porque tienen un impacto diferenciado según el género de las víctimas y porque son resultado de la discriminación y desigualdad histórica que hay en México contra las mujeres

“La tortura sexual tiene un impacto específico y diferenciado en mujeres. Está invisibilizado y para nosotros amerita otra serie de medidas, no sólo la erradicación de la tortura, sino que las acciones tengan una perspectiva de género”, comenta la abogada de la organización.

Zamora agrega que el Centro Prodh considera necesario ponerle nombre y rostro a la problemática para lograr erradicarla.

“Cuando conocemos los nombres y las historias de las personas logramos sensibilizar a la población y comprometer a las autoridades”, menciona la abogada.

En este sentido, el informe contiene la historia de Taylín Clotet Wang, una mujer detenida en su casa la madrugada del 7 de febrero de 2014 por la Policía Federal.

En su detención, Taylín fue desnudada, torturada sexualmente y golpeada a pesar de que en repetidas ocasiones informó a sus agresores que estaba embarazada. La Policía Federal la llevó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), donde, como consecuencia de la tortura, sufrió un aborto.

De acuerdo con el informe, la PGR acusó a Taylín de delincuencia organizada y secuestro con base en pruebas fabricadas. La mujer lleva más de cinco años recluida en prisión preventiva. Sus torturadores no han sido enjuiciados ni sancionados.

Los datos del informe no sólo quedan en papel. Integrantes del Centro Prodh se encuentran en Ginebra y harán una presentación breve sobre Taylín y Mónica Esparza Castro porque las dos son mujeres víctimas de tortura y continúan presas en la actualidad.

El Centro Prodh y el resto de organizaciones que redactaron el informe consideran que la sesión del CAT en Ginebra es una oportunidad para que el gobierno tome una postura clara y se comprometa para erradicar estas prácticas que violan derechos humanos.

“El Comité se conforma por siete personas expertas, entonces la expectativa es alta. Al ser la tortura un problema tan profundo y diverso en todos los estados es necesario el apoyo técnico y jurídico de los expertos internacionales para emitir recomendaciones específicas que aporten a la situación”, comenta la abogada del Centro Prodh

Sin embargo, el panorama no es optimista. El informe menciona que el gobierno federal y el Congreso de la Unión avanzaron en los últimos meses dos propuestas que aumentan el riesgo de ser víctima de tortura y otras violaciones a derechos humanos: la creación de la Guardia Nacional y el incremento de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

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