ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 15 de diciembre de 2017, el presidente Donald Trump, a la izquierda, y el secretario de Justicia, Jeff Sessions, asisten a una ceremonia de graduación de la Academia Nacional del FBI en Quantico, Virginia. El gobierno de Trump impugnó el martes 16 de enero de 2018 el fallo de un juez federal que le bloqueó temporalmente su decisión de poner fin a un programa que ampara de la deportación a cientos de miles de inmigrantes jóvenes. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

Trump no se queda de brazos cruzados; apelará reactivación temporal de DACA

El gobierno de Trump buscará que la Corte Suprema revise la resolución que reactivó de manera provisional la protección para ‘dreamers’

El gobierno de Donald Trump no piensa quedarse de brazos cruzados ante la orden judicial que bloquea temporalmente la decisión del presidente de cancelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el cual protege de la deportación a casi 800 mil ‘dreamers’.

La administración Trump informó que ya apeló en el Noveno Circuito el dictamen del juez de distrito de San Francisco, William Alsup, el cual resolvió la semana pasada que se reactive provisionalmente el DACA mientras finaliza la discusión sobre la renovación o cancelación de éste.

Sin embargo, el gobierno estadounidense informó que apelará el fallo directamente en la Corte Suprema. El Departamento de Justicia señaló que planea pedir la revisión del máximo tribunal incluso antes de que la corte de apelaciones dé su falló.

Luego de la resolución del juez Alsup, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informo mediante un comunicado que aceptará solicitudes de renovación de DACA, por lo que el fin de semana pasado, cientos de dreamers hicieron largas filas para solicitarla.

El fiscal general, Jeff Sessions, señaló en un comunicado que el dictamen de un sólo juez desafía la ley y el sentido común, al tiempo que calificó al DACA como un programa discrecional e implementado de manera unilateral.

El DACA fue impulsado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger a las personas que fueron llevadas a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños, o vinieron legalmente con sus familias pero se quedaron después que sus visas expiraron.