Representantes de otros gobiernos y organizaciones humanitarias han criticado las acciones del presidente Daniel Ortega. Foto: Especial

Suspensión de relaciones entre Nicaragua y el Vaticano: la consecuencia de una tensión de años

El gobierno de Nicaragua decidió suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano como consecuencia de las confrontaciones que han tenido desde 2018. De acuerdo con especialistas, la respuesta del presidente Daniel Ortega no fue la mejor, sin embargo ahora coloca a la Iglesia católica como una de sus mayores enemigas

El gobierno de Daniel Ortega decidió suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano después de darse a conocer nuevos señalamientos en su contra por parte del papa Francisco.

En una entrevista para Infobae, el pontífice declaró referente a Ortega que se trataba de alguien con “un desequilibrio” debido a todas las detenciones que ha ordenado contra sus opositores, entre ellos el obispo Rolando Álvarez.

“Ahí (en Nicaragua) tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio.

“Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer dictaduras comunistas del 17 o hitlerianas del 35, traer aquí las mismas. Son un tipo de dictaduras groseras”, dijo el papa.

La detención del obispo Álvarez fue uno de los últimos golpes que el gobierno de Ortega hizo contra la Iglesia Católica. El religioso fue sentenciado a más de 20 años de cárcel porque no quiso salir de su país como exiliado al igual que 222 figuras de la política y la literatura nicaragüense que fueron señaladas como “traidoras a la patria”.

Al igual que las más de 200 personas, el obispo referido por el papa Francisco fue despojado de su nacionalidad por ser uno de los tantos críticos del gobierno orteguista.

Fueron las declaraciones del pontífice a Infobae lo que provocó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua difundiera un comunicado asegurando el distanciamiento de las relaciones diplomáticas.

‘La consecuencia’

Tomás Milton Muñoz Bravo, doctor en Ciencias Políticas e integrante del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opina que las acciones del gobierno de Ortega no son más que consecuencias de todas las tensiones que ha tenido con la Iglesia católica desde las protestas de 2018.

Hace cinco años, miles de nicaragüenses salieron a las calles de su país para manifestarse en contra del gobierno de Daniel Ortega. Entre los inconformes estaban representantes religiosos, quienes incluso les ofrecían un techo a los manifestantes que escapaban de ataques armados de la admiración federal.

Para el docente, suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano no fue la mejor manera de tratar la diferencia entre ambas partes, pues sólo demuestra que el gobierno de Ortega y Rosario Murillo, la vicepresidenta y esposa del presidente, “se siente acorralado”.

Críticas de organizaciones y EU

Además de integrantes de la Iglesia Católica, representantes de otros gobiernos y organizaciones humanitarias han criticado las acciones del presidente Daniel Ortega.

Amnistía Internacional, por ejemplo, expresó en febrero pasado que “la devastadora” crisis de derechos humanos en Nicaragua que comenzó con “una severa represión” de las protestas en abril de 2018, no ha terminado.

“Siguen vigentes las restricciones a la libertad de expresión y de prensa. Se reportan decenas de personas que permanecen en detención arbitraria (…) La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos y presionar por una Nicaragua en la que la justicia y los derechos humanos estén garantizados para todas las personas”, detalló la organización.

En su Informe Mundial 2022-2023, Human Rights Watch destacó que el gobierno de Nicaragua ha profundizado la represión sistemática contra críticos, periodistas y defensores de derechos humanos, además de que decenas de personas han sido detenidas “arbitrariamente”.

De igual forma, se detalló que seguían impunes los abusos cometidos durante “la brutal” represión de 2018 por agentes de la Policía Nacional y grupos armados partidarios del gobierno, que dejó un saldo de 300 muertos.

Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, la secretaria Karine Jean-Pierre, declaró desde agosto del año pasado que sin duda había habido un deterioro “dramático” del respeto por los principios democráticos y los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo el encarcelamiento de líderes democráticos.

“La administración Biden-Harris encuentra esto inaceptable y condena estas acciones. Estados Unidos y los miembros de la comunidad internacional ya han tomado una serie de medidas para promover la rendición de cuentas por las acciones del régimen”, dijo Jean-Pierre.

A diferencia de otras administraciones de la región, la Unión Americana ha impuesto sanciones al gobierno orteguista. Tan sólo en junio de 2022 sancionó a una empresa minera estatal de Nicaragua y a un funcionario del gabinete por la supuesta falta de democracia en las elecciones presidenciales que le dieron la reelección al jefe de Estado.

En entrevista, el doctor Muñoz Bravo asegura que siempre es más fácil para dictaduras como la nicaragüense buscar un enemigo externo ante lo que sucede, “y ahora no sólo es Estados Unidos, sino la Iglesia católica a la que consideran como esta gran fuerza que cae en contra del gobierno orteguista”.

“Antes no se escuchaban pronunciamientos tan fuertes del papa en contra del presidente Ortega. Ahora sí se hace una señalización muy concreta y califica al gobierno como una dictadura comunista y hitleriana. Esta situación pone evidentemente una franca confrontación (…) Ahora se ve a la Iglesia como su gran enemiga”, dice el docente.

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