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ECONOMÍA

La quiebra de Puerto Rico

Carlos Salazar

En medio de una severa crisis económica y sin forma para hacer frente a sus compromisos de pago, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, anunció que el estado libre asociado de Estados Unidos se declara en quiebra con el fin de reestructurar su deuda.

La deuda de la isla es superior a los 70 mil millones de dólares, y el proceso de bancarrota de Puerto Rico sería el más grande de la historia del mercado de deuda local de Estados Unidos.


May 3, 2017
Lectura 6 min
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El Gobierno de Puerto Rico recortó el sistema de pensiones, eliminó gasto burocrático y programas sociales para poder cubrir servicios básicos para la población

El 2 de mayo venció el plazo moratorio que impedía a los acreedores de la isla reclamar en tribunales el pago de la deuda

“Tras amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del gobierno de Puerto Rico a los acreedores no ha habido progreso suficiente”

- Ricardo Roselló

Gobernador de Puerto Rico

En medio de una severa crisis económica y sin forma para hacer frente a sus compromisos de pago, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, anunció que el estado libre asociado de Estados Unidos se declara en quiebra con el fin de reestructurar su deuda.

La deuda de la isla es superior a los 70 mil millones de dólares, y el proceso de bancarrota de Puerto Rico sería el más grande de la historia del mercado de deuda local de Estados Unidos.

Roselló dio a conocer ayer que solicitará activar un proceso similar a la quiebra para la isla del Caribe, una vez que finalizó la ampliación del plazo que impedía a los acreedores de la deuda pública reclamar el pago en tribunales.

El gobierno puertorriqueño acudió a la Junta de Supervisión Fiscal -ente creado por el Congreso estadounidense para atender la crisis económica en la isla- para pedir que se invoque el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, mejor conocida como “Promesa”.

Este apartado permite que se detengan temporalmente todas las demandas judiciales respectivas a la deuda, y deja en manos de los tribunales la reestructuración de la misma, tomando en cuenta los reclamos por parte de los acreedores así como las propuestas por parte del gobierno.

La Ley conocida como “Promesa” fue aprobada por el Congreso estadounidense en junio de 2016, tras la solicitud de colaboración de Puerto Rico a Estados Unidos para hacer frente a la recesión y no quedar en riesgo de paralizar el gobierno por la falta de liquidez.

En 2016, Puerto Rico se declaró incapaz de hacer frente a la inmensa deuda, que en ese entonces era de alrededor de 69 mil millones de dólares (hoy asciende a 73 mil millones) y ante la amenaza de procedimientos legales de los acreedores solicitó la intervención estadounidense.

Así logró la ley con un plazo moratorio que impedía a los acreedores de la isla reclamar en los tribunales el pago de la deuda; este plazo venció el martes 2 de mayo, y al no haber cambiado la situación, el gobierno tuvo que declarar la quiebra.

Debido a la crisis económica, y a la negociación de la deuda, el gobierno ha tenido que hacer recortes en su sistema de pensiones, eliminar gastos burocráticos y programas sociales con tal de no quedarse sin dinero para cubrir los servicios más elementales para la población.

Una posible solución a la severa recesión que vive la isla es la anexión con plenos derechos de Puerto Rico a Estados Unidos, aunque por el momento dicha opción luce lejana.

Con más de 10 años inmerso en una profunda recesión, el panorama para la isla caribeña no es nada alentador.

Tras abrazar el proceso de bancarrota depende ahora de la Junta de Supervisión (estadounidense) y de los tribunales. Tampoco está descartado el riesgo de que pueda ver sus activos congelados y quedarse sin liquidez para atender los servicios más elementales para la población. El futuro es incierto.

Fracaso al negociar

A pesar de que el gobierno encabezado por Ricardo Roselló mantuvo, hasta el último momento, conversaciones con los acreedores, el acuerdo no fue posible, por lo que serán ahora los tribunales los que tratarán de buscar una solución que satisfaga a ambas partes.

“Tras amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del gobierno de Puerto Rico a los acreedores no ha habido progreso suficiente en las negociaciones, por lo que el Título III de la Ley Promesa permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico”, detalló Roselló.

También aclaró que la decisión tomada por su administración en ningún modo significa que se detengan las pláticas con sus acreedores.

Recalcó que gran parte de la actual problemática que vive Puerto Rico se debe al déficit heredado a su administración, y que si tomó esta difícil decisión fue porque se siente responsable de garantizar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño.

“Estamos aquí para atender los problemas de Puerto Rico, no para mirar el pasado, y estoy convencido que nuestra isla podrá retomar el camino del desarrollo económico con los pasos acertados del gobierno y el empeño de cada uno de sus residentes”, detalló.

Un estado más

La anexión de Puerto Rico a EU se vislumbra como una posible salida:

>> 73,000

Millones de dólares asciende actualmente la deuda de Puerto Rico

>> 12

Por ciento la tasa de desempleo en la isla

>> 5

Por ciento el índice de desempleo en Estados Unidos

Anexión, posible salida

Desde que tomó posesión como gobernador de Puerto Rico -el 2 de enero de este año- Ricardo Roselló se puso como objetivo intentar que la isla se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos.

Está convencido de que la relación de Puerto Rico ante Estados Unidos, la de estado libre asociado, mantiene a la isla en una situación desigual que podría corregirse con su incorporación plena a los Estados Unidos.

Una de sus primeras acciones como gobernador fue un viaje a Washington para cabildear su propuesta de anexión, aunque cuatro meses después, las gestiones no han tenido algún avance.

La intención de Roselló es que para este mismo 2017 su gobierno convoque a un referéndum para saber si la población querría incorporarse a EU, seguir como estado libre asociado o incluso independizarse.

Sin embargo, los alcances de dicho referéndum no parecen claros. A pesar de que ganara la opción anexionista es poco probable que el Congreso estadounidense pueda tomar un papel activo para hacerlo posible.

En un país sumido en una profunda crisis, ahogado por las medidas de austeridad, con una tasa de desempleo (12 por ciento) de más del doble que en Estados Unidos (5 por ciento), la anexión se vislumbra como una posible salida, aunque para Estados Unidos no parece ser una opción real.


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