El alza en el precio del boleto del Metro de 800 a 830 pesos desató en Chile un movimiento social que ni la crisis sanitaria por el COVID-19 logró frenar. Un año después, los ciudadanos irán a las urnas para decidir en un Plebiscito Nacional si se redacta o no una nueva Constitución, la exigencia más importante que se gestó durante las manifestaciones que iniciaron en octubre de 2019.
Los chilenos participarán en la consulta popular más importante de su vida como Estado democrático el domingo 25 de octubre, ejercicio con el que buscan que la nueva Carta Magna ajuste el modelo social, político y económico que en el país ha generado una de las más grandes brechas de desigualdad a nivel global.
El Plebiscito Nacional se pactó en noviembre de 2019 e inicialmente se había fijado para el 26 de abril, pero se pospuso ante el inicio de los brotes de coronavirus en la región. En este ejercicio electoral el voto es voluntario, sin embargo, se espera que en las urnas se refleje el descontento social que se percibe en las calles.
En esta consulta pueden participar más de 14 millones de ciudadanos, incluidos los extranjeros con una residencia de más de cinco años en la nación andina. Las urnas estarán abiertas desde las 8:00 y hasta las 20:00 horas, pero no podrán cerrar hasta que no haya personas en la fila para votar, de acuerdo con información del Servicio Electoral (Servel).
Los chilenos deberán responder a dos preguntas. La primera que cuestiona si quieren o no una nueva Constitución, y la segunda, la más importante, en la que deberán elegir qué tipo de órgano debería redactar el estatuto, una Convención Mixta Constitucional o una Convención Constitucional.
La Convención Mixta estaría integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y legisladores en ejercicio de sus funciones. En tanto, la Convención Constitucional se integraría en su totalidad por personas electas por la ciudadanía. Ambos casos contarán con una representación indígena, explica el Servel.
Al respecto, Nayar López Castellanos, Doctor en Ciencia Política y especialista en Estudios Latinoamericanos, comparte que de acuerdo con el resultado respecto a quienes serán los encargados de redactar la nueva Carta Magna se incidirá en el futuro de los movimientos sociales en el país.
El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) considera que en caso de que el plebiscito decida por una Convención Mixta se abre la posibilidad de que esta no responda a los intereses de la población, situación que a través de los años ha generado el deterioro social.
“La Convención Constitucional debe responder a la esencia de las movilizaciones, que en gran parte se dieron por el hartazgo social ante la clase política. Si no se toma en cuenta a los ciudadanos, esto causará indignación, se generaría un proceso de frustración política porque esta victoria se vería truncada al quedar en manos de los políticos”, opina López Castellanos.
Contitución, Herencia de Pinochet
La Constitución Política de la República de Chile fue redactada y aprobada en 1980, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Ha tenido decenas de modificaciones por los gobiernos democráticos, sin que se desarrolle un proceso constitucional como el que se espera ocurra después del Plebiscito Nacional.
Chile es uno de los países de la región que, en la época prepandemica, mostraba un mejor dinamismo económico, sin embargo, también es uno de los tres con mayor nivel de desigualdad en la región, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Para los activistas, el modelo económico que Chile adoptó después de la dictadura muestra algunas fallas, como en el sistema de pensiones, que ocasiona que los adultos mayores accedan a pensiones por montos menores al salario mínimo.
A esto se suma la baja calidad en los sistemas educativos y de salud que no están al alcance de toda la ciudadanía, lo cual genera desigualdad social, y los aumentos constantes en los precios de los servicios básicos.
López Castellanos comenta que, ante el gran descontento social que en el país se vive tras la dictadura es posible que un proceso constituyente ciudadano podría dar respuestas sustanciales que tendrían impactos positivos en la vida cotidiana de los chilenos.
Además mantendría el espíritu de las movilizaciones del año pasado, que no pararon ni con la pandemia y los toques de queda impuestos por el presidente Sebastián Piñera, dado que la sociedad civil organizó “cacerolazos” a través de redes sociales para manifestar su descontento hacia la clase política y las medidas emprendidas para contener la pandemia.
Los chilenos regresaron a las calles el 19 de octubre para conmemorar el primer aniversario del estallido social y el resultado del Plebiscito Nacional, de no ser el esperado, podría activar de nuevo las protestas en lugares públicos.
“Este es un movimiento que no tiene líderes, sí hay voceros, pero está constituido desde la colectividad. No hay nadie que protagonice los esfuerzos y eso es una nueva forma de activismo, que reafirma el hartazgo de los políticos tradicionales”, puntualiza Nayar López Castellanos.