Ecuador logra descenso en muertes violentas, ¿y la inseguridad?
El estado de excepción decretado por Daniel Noboa mejoró la situación del que fuera el país más violento de Sudamérica, pero las tensiones aún se notan
Pablo AbundizLa violencia en Ecuador registra un descenso considerable a partir del decreto de un estado de excepción expedido por el presidente Daniel Noboa a principios del mes de enero; sin embargo, algunas de las medidas comienzan a tener consecuencias en los centros penitenciarios controlados por las fuerzas armadas.
El presidente Noboa llegó al poder en medio de la crisis de seguridad más grave de la historia de Ecuador, y con un mandato de tan solo 18 meses sus intentos por combatir la violencia en su país han utilizado medidas extraordinarias.
El decreto de un estado de excepción da a las fuerzas armadas la facultad de operar contra las bandas del crimen organizado al clasificarlas como blancos terroristas, al tiempo que limita la libre movilidad, el derecho de reunión y abre la posibilidad para allanamientos sin orden judicial. El pasado 7 de marzo el decreto se extendió por 30 días para ser un total de 90, el máximo permitido por la Constitución.
El presidente Noboa ha justificado el estado de excepción por la necesidad de “precautelar y garantizar la seguridad e integridad, así como los demás derechos de los ciudadanos, el orden público, la paz social y el orden constituido”.
Los resultados de las medidas extraordinarias se han visto reflejados en el descenso de la taza de homicidios, que durante 2023 registraron un alza histórica para llegar a 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con el Ministerio del Interior, en los primeros dos meses del estado de excepción 165 muertes violentas menos, en comparación con 2023, lo que representa una reducción del 18 por ciento.
A pesar de las limitaciones a las libertades civiles que el estado de excepción implica, Noboa goza de una alta popularidad entre sus gobernados. De acuerdo con CB Consultora, el presidente ecuatoriano tiene la aprobación del 62 por ciento de la población, la más alta entre los gobernantes de la región.
Las tensiones provocadas por el estado de excepción
A pesar de los resultados de seguridad, las tensiones causadas por un toque de queda y los más de 13 mil detenidos que, de acuerdo con la oficina de la Presidencia, han sido arrestados en los más de dos meses desde que el estado de excepción entró en vigor, comienzan a notarse.
Tres personas muertas y seis heridas fue el saldo de un motín ocurrido la noche del miércoles en el Centro de Rehabilitación Social cuatro Guayaquil, en medio del estado de excepción que rige a Ecuador desde el pasado nueve de enero.
Testigos afirman que el motín, en donde se prendió fuego a utilería del penal, fue en protesta de los tratos que reciben los internos por parte de los militares, que tienen el control del penal desde la declaración del “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa. Esta es el primer conflicto carcelario desde principios de enero, cuando la fuga de Adolfo Macías, el “Fito”, provocó disturbios simultáneos en siete cárceles del país.
De acuerdo a las autoridades del país andino, el control del penal fue retomado tan solo unas horas después de iniciados los disturbios gracias al operativo montado por el Bloque de Seguridad, una unión de la Policía Nacional y las fuerzas armadas ecuatorianas.
El presidente Noboa agradeció en sus redes sociales la actuación de los equipos de seguridad y aseguró que no se puede volver al viejo Ecuador. “Nuestro compromiso es entregar los mecanismos democráticos necesarios para restablecer la paz y garantizar la continuidad de esta lucha”, escribió en su cuenta de X el mandatario.
Por su parte, el viceministro de seguridad, Lyonel Calderón, señaló que la revuelta en Guayaquil responde a intereses políticos. Calderón ve un nexo entre el motín y el plebiscito convocado por Noboa en el que se plantean nuevas medidas de seguridad así como reformas a la Constitución.
“Son intentos desestabilizadores del Estado de Derecho, de la democracia, porque estamos a las vísperas de una consulta popular que pretende resolver los problemas de seguridad: extradición, incremento de penas para delitos graves”, declaró para medios locales el encargado de seguridad de Ecuador.
