Las heridas abiertas de Argentina
Una polémica legislación que abría la puerta a la reducción de penas para los condenados por delitos de lesa humanidad vuelve a abrir las heridas de uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de Argentina.
Una sentencia de la Suprema Corte que podría favorecer a represores de la dictadura militar que cumplen condena, provocó una unidad poca veces vista en contra del Poder Judicial, de una sociedad que no olvida el oscuro periodo.
Carlos Salazar400,000
“Estoy en contra de cualquier herramienta que esté a favor de la impunidad, más cuando se trata de delitos de lesa humanidad”
José Luis Magnacco, uno de los presos más notorios ligado a la dictadura condenado por robo de infantes, pidió el beneficio de la ley ‘dos por uno’ para lograr la libertad condicional. Su petición fue denegada
Una polémica legislación que abría la puerta a la reducción de penas para los condenados por delitos de lesa humanidad vuelve a abrir las heridas de uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de Argentina.
Una sentencia de la Suprema Corte que podría favorecer a represores de la dictadura militar que cumplen condena, provocó una unidad poca veces vista en contra del Poder Judicial, de una sociedad que no olvida el oscuro periodo.
Al final, la unidad rindió sus frutos, el polémico fallo fue contrarrestado, desde la sociedad civil hasta los parlamentarios mostraron un frente unido para echarlo abajo, aunque queda el recuerdo de una herida que no ha cerrado completamente, que aún duele, que no se olvida.
El máximo tribunal argentino emitió apenas la semana pasa un fallo en que ‘rescataba’ una ley derogada, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, mejor conocida como la doctrina del ‘dos por uno’, con la que se computan dos años por cada uno de prisión preventiva a los condenados.
El beneficiado por este fallo judicial fue Luis Muiña, un represor del régimen, que en 1976 participó en un operativo en el que 22 personas fueron secuestradas y posteriormente torturadas. Detenido en 2007, fue condenado en 2011 a 13 años de prisión, y con la sentencia de la Corte su pena fue acortada.
A pesar de que ya gozaba de libertad condicional por haber cumplido dos tercios de su condena en 2016, y de que no fue uno de los principales represores de la dictadura, la principal preocupación era que este caso pudiera sentar precedente para liberar o reducir las penas de otros represores que actualmente purgan sus condenas.
Según cifras del diario argentino La Nación, actualmente hay alrededor de 750 militares y policías que están presos sin una condena firme, lo que los convierte en potenciales beneficiarios del acceso a la libertad condicional.
De hecho uno de los presos más notorios ligado a la dictadura, José Luis Magnacco, exmédico de la Escuela Mecánica de la Armada y que fue condenado por robo de infantes, pidió el beneficio de la ley ‘dos por uno’ y así lograr la libertad condicional.
Al final su petición fue denegada, pero alertó del riesgo de que decenas de adictos a la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla a finales de la década de 1970 y principios de los 80 pudieran intentar acogerse a estos beneficios.
Se olvidó la división
La respuesta fue inmediata. Los argentinos dieron una muestra de que a pesar de las profundas divisiones que se viven en el país sudamericano, pueden olvidar por un momento sus diferencias a favor de un bien común.
El rechazo a la polémica medida de la Suprema Corte fue unánime.
Miles de personas salieron a las calles de Argentina para manifestarse en contra de la sentencia al grito de ‘nunca más’. Nunca más privilegios para los represores del régimen, no más genocidas libres.
Las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas fueron algunas de las organizaciones que encabezaron las protestas del 10 de mayo, que fueron calificadas como todo un éxito, con una concurrencia que habría llegado a 400 mil personas solo en Buenos Aires.
Incluso en el Congreso argentino, que en los últimos tiempos se ha convertido en una arena política profundamente polarizada, principalmente por la pugna los Kirchneristas y los oficialistas parecieron dejar en la puerta del recinto su enfrentamiento.
La sesión del martes 9 de mayo ha sido una de las más emotivas en los últimos años en el parlamento argentino. No podía ser para menos, entre los legisladores hay hijos y hermanos de desaparecidos durante la dictadura, sin olvidar a Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín, bajo cuyo mandato se juzgó a los militares represores.
Los parlamentarios dieron un paso al frente, y de forma unánime aceleraron la aprobación de leyes encaminadas a frenar los beneficios penales a los represores y así limitar la aplicación del ‘dos por uno’. No hubo ninguna fisura, no hubo discusiones largas.
Aunque tarde, el gobierno central encabezado por Mauricio Macri también se sumó a la condena en contra de la medida de la Suprema Corte, lo hizo precisamente para celebrar la unidad en el Congreso para sacar adelante la legislación.
“Estoy en contra de cualquier herramienta que esté a favor de la impunidad, más cuando se trata de delitos de lesa humanidad”, dijo Macri en un acto público tras conocer el fallo del Congreso.
El gobierno publicó casi inmediatamente -el viernes 12 de mayo- el decreto de promulgación de ley votada por el Congreso que excluye la aplicación de la doctrina del ‘dos por uno’ a condenados por delitos por lesa humanidad, poniendo así fin a la polémica suscitada por el fallo de la Suprema Corte.
Nadie se podía permitir revivir o rememorar la etapa más traumática de la historia reciente de Argentina.
Censura, desapariciones, represión, tortura, los campos de detención, secuestro, el robo de infantes, suspensión de derechos.
Argentina ha sido un ejemplo por la forma en que condenó a sus dictadores y represores y por cómo ha llevado el proceso de los años posteriores a la dictadura, los juicios, los polémicos indultos a principios de los 90, y hoy, más de 30 años después han dado un nuevo ejemplo de que no olvidan.