México sigue siendo el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con menor gasto en seguridad pública y sistema judicial. Foto: Especial

Violencia impacta a las finanzas y las carteras mexicanas

La violencia en el país también tiene un costo económico. Su magnitud, que comprende casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto, amenaza con incrementar si no se repiensan las estrategias de seguridad seguidas hasta ahora

El gasto y efecto económico de contener, prevenir y afrontar los efectos de la violencia en el país ascendió a 4.6 billones de pesos en 2022. Aunque disminuyó por tercer año consecutivo, su monto aún representó casi una quinta parte de toda la riqueza que el país produjo, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

La dimensión económica de la violencia en México ha calado hondo no solo en la vida de sus habitantes, sino también en sus carteras. Aunque de manera convencional ha quedado relegada a segundo plano, la serie de afectaciones de orden monetario que se presentaron antes, durante y después de un crimen siguen siendo decisivos para el bienestar de la población ante un clima álgido de violencia.

“La violencia y el miedo a la violencia crean importantes trastornos económicos. Los incidentes violentos ocasionan costos en forma de daños a la propiedad, lesiones físicas y trauma psicológico. El miedo a la violencia también altera el comportamiento económico”, según el IEP.

El estudio Índice de Paz México 2023, detectó que el impacto económico estimado de la violencia en México ascendió a 4.6 billones de pesos en 2022. A pesar de haber hilado su tercer año a la baja, siguió demasiado alto, ya que equivale al 18.3 por ciento de todo Producto Interno Bruto nacional.

Es decir, cada mexicano tuvo una afectación económica, por motivo de la violencia en el país, de 35 mil 705 pesos.

De los más de 20 millones de delitos cometidos en el país estimados cada año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública; el homicidio y los delitos violentos (tales como la agresión, el robo y la violencia sexual) representaron el 77.5 por ciento del impacto económico de la violencia en el país.

Estos eventos solo afectaron a la ciudadanía; la Inversión Extranjera Directa (IED) se vio reducida por la magnitud de la tasa de homicidios de acuerdo con las estimaciones hechas por el IEP. El estudio dio cuenta de que, al asociar las variables, en 2022 se perdió 5.8 por ciento de la IED captada ese año, es decir, unos 41 mil millones de pesos.

Al mencionar los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico nacional en los próximos meses, los especialistas en economía del sector privado consultados este mes por Banco de México coincidieron en que, a nivel particular, los problemas de inseguridad son los que más les preocupan.

Aunque la tasa de homicidios nacional experimentó un descenso del ocho por ciento en 2022, el mayor decrecimiento en los últimos años, y dicha variable explicó en gran parte la disminución del impacto económico de la violencia en el país, la labor no ha concluido. Los 87 asesinatos diarios, en promedio, que sucedieron el año pasado en México proyectan la necesidad de un mayor esfuerzo en materia de seguridad y bienestar ciudadano.

Pero la labor se ve lejana de concluir, sobre todo si México sigue siendo el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con menor gasto en seguridad pública y sistema judicial, como hasta ahora.

Cambiar el paradigma

Es necesario repensar la reacción entre la economía y los criminales desde una óptica distinta; ya que fenómenos como el cierre de fronteras y cambio en los hábitos de consumo de drogas han evolucionado, tenido un impacto en la economía y derivado en distintos tipos de violencia, opinó Carlos Juárez, director en México del IEP, en la presentación de la investigación.

“Paradójicamente el país que lanza la guerra contra las drogas, que es Estados Unidos, y que dice: ‘persigamos la producción de mariguana’, termina legalizando en la mayoría de su territorio. Cambia la demanda, ya no es rentable exportar mariguana a Estados Unidos, cambia la producción de este lado”, señaló el director en entrevista con Reporte Índigo.

De acuerdo con el estudio, en la última década se han experimentado modificaciones en la oferta de drogas producidas en el país, dado el cambio en el consumo estadounidense, lo que se tradujo en una caída del 95 por ciento de las incautaciones de marihuana en los puntos de entrada de Estados Unidos reemplazándola por fentanilo.

Ante el cambio de paradigma en la producción y consumo de drogas, Juárez consideró que hay que revisar los supuestos sobre los que se tomó alguna política de seguridad, ver si se sostienen o modificar.  Ante nueva evidencia es necesaria su incorporación y trascender del mero paradigma de la patrulla, las armas y la policía.

“Frente a estos cambios de tendencia, necesitamos una mayor investigación, estrategias de inteligencia más que de pura seguridad pública o complementarias a la seguridad pública, más que de persecución. Y ver los flujos del dinero, el dinero marca la ruta por donde transitan todos los demás bienes”, propuso.