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La otra reforma energética

El proyecto de presupuesto para 2018 de Donald Trump prevé la venta de los inventarios de petróleo de emergencia de Estados Unidos, creados en 1975 después de que el embargo de crudo de las naciones árabes causó temores de fuertes alzas de precios.

La presentación de esta iniciativa sorprendió a los mercados de energía y ajustó los precios del barril estadounidense.

El objetivo de la medida es aumentar los ingresos fiscales; lo cual incluye otorgar licencias de exploración petrolera en el Refugio Nacional del Ártico, en Alaska.

“Creemos que es lo responsable que hay que hacer (…) el riesgo se reduce drásticamente cuando hemos incrementando la producción como lo hemos hecho”
Mick Mulvaney Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca
El objetivo de la medida es aumentar los ingresos fiscales; lo cual incluye otorgar licencias de exploración petrolera en el Refugio Nacional del Ártico, en Alaska 

El proyecto de presupuesto para 2018 de Donald Trump prevé la venta de los inventarios de petróleo de emergencia de Estados Unidos, creados en 1975 después de que el embargo de crudo de las naciones árabes causó temores de fuertes alzas de precios.

La presentación de esta iniciativa sorprendió a los mercados de energía y ajustó los precios del barril estadounidense.

El objetivo de la medida es aumentar los ingresos fiscales; lo cual incluye otorgar licencias de exploración petrolera en el Refugio Nacional del Ártico, en Alaska.

El presidente de Estados Unidos, quien se encuentra de gira por Oriente Medio busca que los legisladores aprueben un recorte de 800 millones de dólares en gasto del programa Medicaid y de más de 193 mil millones de dólares, en 10 años, en asistencia en alimentos (SNAP).

“Es un primer presupuesto de los contribuyentes”, declaró Mick Mulvaney, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca.

En México, uno de los objetivos principales de la reforma energética fue el de fortalecer las finanzas públicas mediante una figura que permitiría al Estado cobrar regalías a compañías privadas que pudieran explotar campos a los que Pemex no tenía acceso por consideraciones técnicas, financieras o de riesgo.

Acciones responsables 

Las ventas de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés), que actualmente cuenta con 688 millones de barriles y quedaría en apenas 270 millones de barriles, comenzarían este año, por un valor de 500 millones de dólares, para alcanzar un total de 16 mil millones de dólares en la próxima década, indicaron agencias internacionales. 

“Creemos que es lo responsable que hay que hacer (…) el riesgo se reduce drásticamente cuando hemos incrementando la producción como lo hemos hecho”, destacó Mick Mulvaney, en una entrevista a periodistas. 

Lo anterior en referencia al robusto crecimiento de la producción nacional debido a la técnica de la fracturación hidráulica (shale), que ha acercado a Estados Unidos a la independencia energética.

La SPR fue establecida como almacén de emergencia en 1975 durante la crisis energética generada por el embargo a la venta a cientos de países, incluido Estados Unidos, que fue impuesto por los países árabes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). También es  considerada la más grande del mundo.

La administración de Trump pretende obtener recursos fiscales adicionales a partir del otorgamiento de licencias de exploración en el Refugio Nacional de Vida Salvaje del Ártico, en Alaska, un área medioambiental protegida, en la que se calcula que hay 12 mil millones de barriles de crudo.

Con estos permisos se estima que se recaudarían 1.8 mil millones de dólares.

Sin embargo, la iniciativa se topará con la oposición de los grupos ambientalistas y no toma en cuenta la dificultad y los altos costos operativos en un lugar tan remoto y con condiciones meteorológicas extremas.

Además, el proyecto fiscal impulsa la suspensión de un acuerdo para compartir las regalías de la explotación petrolera con los estados del Golfo de México, de modo que sería rechazado por legisladores de los estados de Luisiana, Misisipi, y Texas, que reciben el 37.5 por ciento de los pagos que realizan las empresas petroleras al gobierno federal.