Al menos ocho senadores del Partido Republicano se han manifestado en contra del impuesto de ajuste fronterizo propuesto por el vocero de la cámara baja, Paul Ryan
Gran parte del futuro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos estará definido por la capacidad de negociación del canciller Luis Videgaray y del Secretario de Economía Ildefonso Guajardo.
Sin embargo, el componente más disruptivo de la renegociación de la relación bilateral, al menos en términos comerciales, está fuera del alcance de la influencia directa de los funcionarios mexicanos.
La discusión del impuesto de ajuste fronterizo tendrá lugar en el Congreso estadounidense. Esta semana, en una de sus intervenciones públicas, Ildefonso Guajardo reconoció que éste es un asunto doméstico que depende del estira y afloje del proceso legislativo de Estados Unidos.
Independientemente de si México llega a un acuerdo con Estados Unidos para no implementar nuevos aranceles o cuotas, el Congreso discutirá una medida cuyos efectos, según el consenso de analistas, serían más adversos para México que la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El gobierno mexicano ha dejado claro que su estrategia en la renegociación de la relación bilateral engloba todos los temas: migración, seguridad, tráfico de drogas, comercio, etc. No obstante, esta mesa de negociación no tendrá injerencia sobre un tema eminentemente doméstico: el cambio del código fiscal, que incluye al impuesto de ajuste fronterizo.
Esta reforma no sólo fue una de las promesas centrales de la plataforma económica de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, sino que ha representado una prioridad para el Partido Republicano durante los últimos ocho años en que fungieron como oposición.
Ahora que cuentan con mayoría en ambas cámaras del Congreso, las perspectivas de un recorte significativo a la tasa de impuestos personales y corporativos emerge como el escenario central.
De acuerdo a proyecciones de instituciones no partidistas como la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), esta reforma generaría un boquete significativo en las finanzas públicas. Cabe mencionar que economistas como Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, han criticado de manera insistente la obsesión del Partido Republicano con limitar el déficit fiscal.
Aquí es donde entra el impuesto de ajuste fronterizo, diseñado como un mecanismo de compensación presupuestaria. La medida pretende desincentivar la tercerización de empresas estadounidenses a otros países con menores costos de producción y obtener un ingreso recaudatorio en el proceso. Esto lo hace a través del gravamen de los costos de importación de las empresas, lo que, de acuerdo a un análisis del Instituto Peterson de Economía Internacional, es equivalente a una arancel de 10 por ciento. De igual forma, incentiva las exportaciones estadounidenses, al exentar los ingresos de las empresas derivados de sus ventas en el exterior.
Todo se arregla allá
Expertos advierten que el funcionamiento esencial del impuesto de ajuste fronterizo está prohibido bajo los preceptos de la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, esta consideración ha perdido relevancia por dos razones.
La primera, porque esta semana un funcionario de la administración de Trump dijo al diario Financial Times que el gobierno está evaluando maneras de esquivar el sistema de resolución de disputas de la OMC.
La segunda, porque está fuera del campo de la renegociación de la relación bilateral. El impuesto de ajuste fronterizo fue diseñado por el equipo de Paul Ryan, el congresista republicano que es el vocero de la cámara baja.
Esto pone de relieve el hecho de que la discusión que pone en riesgo al motor de crecimiento de la economía mexicana estará determinado por los congresistas y senadores estadounidenses. Los 296 mil millones de dólares que México recibe cada año por la venta de productos nacionales en Estados Unidos están comprometidos y el único recurso concreto que tiene México es intervenir en un complejo entramado de cabildeo.
Guerra civil corporativa
Diferentes organizaciones empresariales en Estados Unidos ya han definido un posicionamiento claro respecto al impuesto de ajuste fronterizo. La industria minorista, de refinación y automotriz han expresado su descontento con la propuesta, mientras que compañías de exportación como Boeing, Caterpillar y General Electric promueven esta idea en el Congreso.
El choque frontal de dos entidades corporativas con fuerte influencia en Washington y con amplios recursos de cabildeo se ha traducido en incertidumbre respecto al futuro del impuesto de ajuste fronterizo.
Al menos ocho senadores del Partido Republicano se han manifestado en contra de esta medida. Todos ellos representan estados de tendencia electoral republicana en los que Wal-Mart, el mayor minorista de Estados Unidos, es el mayor empleador de la región.
Entre ellos se encuentra el senador John Boozman de Arkansas, el estado sede de la matriz corporativa de Wal-Mart. Boozman dijo que si la medida tuviera que ser aprobada el día de hoy, votaría en contra.
La división del Partido Republicano ofrece una oportunidad que puede ser capitalizada por Videgaray y Guajardo al margen de la negociación del TLCAN.
Conflicto corporativo
Las empresas estadounidenses han definido dos bandos: los importadores que serán perjudicados por la medida y los exportadores que capitalizarán los beneficios del impuesto de ajuste fronterizo. Éstas son las empresas que se han manifestado a favor y en contra:
>> Wal-Mart
>> Best Buy
>> Costco
>> Gap
>> Macy’s
>> Nike
>> Target
En contra:
>> Boeing
>> Caterpillar
>> Dow Chemical
>> General Electric
>> Honeywell International
>> Johnson & Johnson
>> Pfizer
>> United Technologies (Carrier)
