El dinero público y la intervención gubernamental en los mercados para detener la asfixia económica que generó la pandemia por COVID-19 en casi todos los países del mundo está cuestionando los fundamentos del neoliberalismo.

La respuesta de los gobiernos a la crisis económica que inició en 2020 ha generado cambios de equilibrio de poder entre el Estado y el mercado en la gestión de la economía, haciendo a un lado “dogmas” en materia de corrientes de pensamientos económicos y políticos arraigados, plantea la Conferencia de las Nacionas Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).


“La acción masiva de bancos centrales en los países ricos estabilizó los mercados financieros y el gasto gubernamental (al menos en los últimos tiempos) protegió a las empresas y los hogares contra la peor caída”

UNCTAD

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un bastión del neoliberalismo según la UNCTAD, ha señalado que se requiere una reevaluación de la relación entre Estado, sociedad, economía y medio ambiente. Además de que para atender los efectos de la pandemia ha alentado a enfocarse en el gasto público y que el gobierno proteja el empleo.

Pero la OCDE no es el único organismo que advierte desgaste en este modelo, afirma la UNCTAD, de hecho señala que hay una “incipiente ruptura con prescripciones de políticas pasadas” en instituciones financieras multilaterales a través del respaldo a grandes programas de gasto, incremento de impuestos a los ricos y restringiendo el poder de mercado en grandes empresas.

Por ejemplo en abril de 2021 el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló a través del reporte de Perspectivas de la Economía Mundial que “el estímulo fiscal adicional en algunas economías (sobre todo Estados Unidos) —que se suma a una respuesta fiscal ya sin precedentes lanzada el año pasado y al mantenimiento de una orientación monetaria acomodaticia— infunde más optimismo a las perspectivas económicas”.

El reporte destaca el caso del gobierno de Estados Unidos encabezado por Joe Biden en el que diferentes iniciativas de política pública como la ampliación de la protección social financiada por una tributación más progresiva han generado cambios concretos.

Entre los grandes aliados del presidente Biden en materia de tributación progresiva, está Janet Yellen, Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que ha señalado su apoyo el plan para incrementar los impuestos corporativos con el objetivo de contar con recursos para las ambiciosas inversiones en infraestructura que pretende llevar a cabo el gobierno y con ello impulsar la generación de empleos y la economía del país.

El plan del gobierno encabezado por Biden propone incrementar el impuesto corporativo de 23 a 28 por ciento, fortalecer el impuesto mínimo global para las multinacionales, además de alentar a otros países a adoptar fuertes impuestos mínimos sobre las corporaciones y negar deducciones a las empresas con sede en otros países que “busquen sacar ventaja” de su estancia en Estados Unidos.

Con lo recaudado con estos impuestos corporativos, Biden espera financiar su programa The American Jobs Plan, que promete generar millones de empleos de buena calidad a través de la renovación de aeropuertos, la expansión de vías ferroviarias, modernización de carreteras, caminos y calles principales, la reparación de los 10 puentes con carga económica más significativa, así como 10 mil puentes pequeños que se encuentren en muy malas condiciones.


La respuesta de los gobiernos a la crisis económica que inició en 2020 ha generado cambios de equilibrio de poder entre el Estado y el mercado en la gestión de la economía

¿Previsiones exageradas sobre la muerte del neoliberalismo?

El reporte de la UNCTAD también advierte que la “muerte del neoliberalismo” es, para algunos, un señalamiento exagerado toda vez que afirman que este modelo se adapta a las circunstancias cambiantes en tanto que otras nuevas fuerzas extenderán el poder y la influencia de los mercados financieros.

Además agrega que los gobiernos no sólo deben confrontar los intereses que se crearon a partir de la acumulación de capital económico y político a partir de patrones de distribución sesgados, sino también reconocer las profundas limitaciones estructurales que han seguido obstruyendo el crecimiento sostenible y las perspectivas de desarrollo.

“Esto permitirá mayor flexibilidad en el establecimiento de política pública por parte de los países en desarrollo y garantizar suficiente espacio de políticas para las medidas necesarias para gestionar los ambiciosos objetivos y las compensaciones resultantes, junto con un trato diferenciado en apoyo de sus esfuerzos por movilizar los recursos necesarios para llevar a cabo la Agenda 2030”, expresa el reporte.

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