No importa el estado de emergencia en el que aún se encuentra Tokio y otras ocho prefecturas por COVID-19, no importa que en algunas encuestas haya un rechazo mayor al 80 por ciento por parte de los japoneses hacia ellos… los Juegos Olímpicos se harán. Ya no hay marcha atrás.

El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), John Coates, ha asegurado que la justa se inaugurará el 23 de julio, con o sin estado de emergencia.

Los miles de millones de dólares en juego –algunos de ellos para el COI por derechos de transmisión y patrocinios– y las implicaciones políticas que podrían beneficiar al actual gobierno nipón están pesando más que las críticas de los organismos médicos que temen a la propagación de nuevas variantes del coronavirus.

Hasta hoy, y contando los costos por su aplazamiento, Japón ha invertido 15 mil 400 millones de dólares en los Juegos (mucho más, según auditorías) y quieren justificar ese gasto, que los pone como los más caros en la historia.

Andrew Zimbalist, economista del Smith College de Massachusetts, y quien ha escrito mucho sobre los Juegos, calcula que el COI podría perder de 3 mil 500 a 4 mil millones de dólares si se cancelara la justa, y que recuperarían solo entre 400 y 800 mdd con los seguros.

En materia de seguridad, el COI se escuda detrás de la Organización Mundial de la Salud, que publicó dos “manuales” con protocolos a seguir durante los Juegos olímpicos.

En ellos, se establece que los deportistas deben hacerse dos pruebas de COVID-19 antes de viajar a Japón y otra a su llegada. Una vez en el país, deberán someterse a pruebas constantes. Unos 15 mil deportistas olímpicos y paralímpicos vivirán en una “burbuja” en Tokio.

A ellos se suman decenas de miles de personas entre jueces, periodistas y cuerpos técnicos, lo que se denomina “La Familia Olímpica”. Los organizadores dijeron que esa cifra ya se redujo 50 por ciento respecto a la original (180 mil personas).

Además, se prohibió la llegada de aficionados del extranjero y en cualquier momento se anunciará si se permitirán espectadores locales.

Y a pesar de todo ello, y a que el COI prevé que más del 80 por ciento de los residentes de la Villa Olímpica estarán vacunados, los deportistas deberán firmar un documento en el que asumen los riesgos de un eventual contagio del COVID-19, el virus que puso en jaque al mundo y al negocio.

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