Gobierno de Panamá y First Quantum Minerals llegan a un acuerdo para reabrir una mina de cobre
El gobierno de Panamá y First Quantum Minerals llegaron a un acuerdo para reabrir la mina de cobre más grande de América Central
Ann VenturaDesde hace un par de semanas, el gobierno de Panamá y la empresa canadiense First Quantum Minerals se encontraban negociando un acuerdo para cerrar un nuevo contrato de operación para una importante mina de cobre en el país centroamericano.
A través de un comunicado, el gobierno de Panamá y First Quantum Minerals informaron que por fin llegaron a un acuerdo sobre el texto final de un contrato para operar una mina de cobre.
El nuevo contrato garantiza un ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares para el país y tendrá una vigencia de 20 años con opción a renovación por 20 más por el Proyecto Cobre Panamá.
“El gobierno nacional de Panamá y Minera Panamá S.A., afiliada local de First Quantum Minerals, se complacen en anunciar que han acordado el texto final del [nuevo] contrato de concesión que regirá las operaciones a largo plazo del Proyecto Cobre Panamá”, en la costa caribeña, explicaron en un comunicado conjunto.
“El contrato garantiza un reparto equitativo de regalías e impuestos por los recursos naturales de Panamá”, indicó el comunicado.
El acuerdo contempla que Minera Panamá reciba un rendimiento comercial por la inversión
Ambas partes anunciaron este miércoles un acuerdo para reabrir la mina más grande de América Central, cuyas operaciones estaban paralizadas desde hace casi tres meses por disputas sobre impuestos y regalías.
El cese de actividades de la mina y del puerto de Punta Rincón amenazaba con dejar sin trabajo a 8 mil empleados y contratistas, lo que había generado protestas de los trabajadores.
Panamá espera recibir aproximadamente 10 veces más de lo que recibía bajo el contrato ley de 1997. El contrato de concesión garantiza que Minera Panamá recibirá un rendimiento comercial por su inversión.
El contrato de concesión propuesto está sujeto a un proceso de consulta pública de 30 días y a la aprobación del Gabinete de Panamá, la Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional.