IMCO presenta propuesta para maximizar el desarrollo energético de México hacia el 2030
La ruta plantea una agenda de política pública para los tres subsectores centrales de la energía: petróleo, gas y electricidad.
Israel GamaLa energía es el insumo indispensable para todas las actividades humanas y económicas, sin embargo, el sector energético global ha experimentado grandes cambios que obedecen a cuestiones tecnológicas, geopolíticas y ambientales.
México tiene el potencial de beneficiarse de estos cambios y utilizarlas para catalizar mayores niveles de desarrollo y bienestar para la población, pero para alcanzar estas aspiraciones, requiere una matriz energética suficiente y diversificada que pueda adaptarse a cambios abruptos en la oferta y demanda.
Por su importancia para el desarrollo económico, ambiental y social, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ha analizado la evolución del sector energético en nuestro país desde un enfoque de competitividad, sostenibilidad y responsabilidad fiscal. En este sentido, el IMCO plantea una agenda de política pública para los tres subsectores centrales de la energía: petróleo, gas y electricidad.
La ruta propuesta parte de entender el rol del petróleo, y especialmente de la renta petrolera, en la transición energética, del gas natural como combustible de transición –más eficiente, asequible y limpio que sus demás contrapartes fósiles–, y de las necesidades de expansión y modernización de las redes eléctricas, así como de la expansión de la capacidad de generación eléctrica con la menor huella de carbono posible.
Apuesta por maximizar el valor del petróleo
De acuerdo con el Instituto, para el caso del petróleo, México tiene que apostar por maximizar el valor de este activo desde una perspectiva de equidad intergeneracional, es decir, lograr que los ingresos provenientes de la explotación de un recurso no renovable como el petróleo beneficie a las generaciones que vivirán una vez que se agote.
Ante este panorama, el IMCO propone: promover la colaboración entre Pemex y operadores privados para diversificar el riesgo operativo y financiero de la exploración de campos y obtener beneficios de las capacidades de otros operadores. Al mismo tiempo, estas asociaciones ofrecen a la petrolera del Estado la posibilidad de adquirir capacidades y aprovechar la transferencia de tecnología para explotar yacimientos sin tener que usar recursos públicos de inversión.
Asimismo, rediseñar el funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) para financiar la transición energética; desarrollar una estrategia para que las refinerías procesen productos de mayor valor agregado y para reconfigurar las instalaciones para petroquímica; y facilitar el otorgamiento de permisos de importación de combustibles.
Gas natural como combustible de transición
El país puede aprovechar las ventajas del gas natural como combustible de transición. La demanda de gas natural en México ha registrado un crecimiento sostenido que no se ha visto acompañado de la infraestructura de transporte y almacenamiento. El país se ve limitado para responder a cambios abruptos en la oferta o demanda.
Ante la creciente dependencia de importaciones de gas natural provenientes de un solo proveedor (Estados Unidos) y el riesgo que ello implica para la seguridad energética del país, es necesario que el Estado mexicano establezca una política de almacenamiento de gas natural que permita la participación expedita del sector privado en su ejecución.
El conflicto entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas encargadas de construir ductos en 2019 es reflejo de la problemática que enfrenta el desarrollo de proyectos de energía en México.
Reforzar infraestructura eléctrica
Ante el incremento pronosticado de la demanda de energía eléctrica, el país corre el riesgo de presentar un déficit de generación de no reanudar la inversión pública y privada. De igual forma es necesario reforzar la infraestructura de transmisión para que crezca a un ritmo consistente con el crecimiento de la demanda eléctrica, de tal forma que las centrales eléctricas públicas y privadas que iniciarán operaciones en los siguientes años puedan atender el crecimiento de la demanda.
Cumplir con la normatividad y regulación para el otorgamiento de nuevos permisos de generación eléctrica implica reanudar el otorgamiento de permisos de generación eléctrica a los participantes privados de la industria para brindar seguridad energética al diversificar los riesgos en la inversión y generación de energía, mientras libera a la CFE de la responsabilidad de ser el único participante en los nuevos proyectos de generación. De igual manera, la competencia en energía renovable reducirá el costo de generación y traerá beneficios ambientales con menores emisiones de gases de efecto invernadero.
La empresa productiva del Estado debe apegarse estrictamente a los presupuestos aprobados para así dar cumplimiento a sus metas de inversión en transmisión y distribución de energía eléctrica para poder incorporar de forma acelerada tecnologías renovables y, en lugar de invertir recursos en la construcción de nuevas centrales de generación, la CFE debe reorientar su presupuesto para fortalecer áreas de negocio en las que es rentable y que le corresponden de forma exclusiva.
La energía es un asunto de bienestar, de desarrollo y competitividad, de seguridad nacional y de medio ambiente. La próxima administración tendrá que utilizar todos los mecanismos legalmente a su disposición para invertir de forma acelerada en infraestructura energética que garantice el acceso a energía confiable, con la menor huella de carbono posible y a precios competitivos. Ello requerirá de inversión pública y privada en todos los eslabones de las cadenas, tanto de hidrocarburos como de electricidad, sin menoscabar las finanzas públicas.
