Si tú crees, como muchos lo han dado por un hecho, que por ahora el gobierno estatal dominó la escena y el asunto del transporte urbano está arreglado, solamente debes dejar pasar unas dos semanitas y verás.

Los números y el estudio que hacen del transporte urbano serán determinantes para el análisis tarifario, así como del descuento al trasbordo.

¿Pecó de ingenuo el panista Luis David Ortiz con su propuesta de firmar un Pacto por Nuevo León, o su exabrupto fue un acto desesperado para congratularse con el PRI? 

No hay que olvidar que hasta hace una semana Ortiz era el blanco de las críticas de los tricolores por su actuación como presidente de la mesa directiva del Congreso de Nuevo León.

Pero hoy Luis David logró revertir eso con su ocurrencia y es ahora el interlocutor favorito que tiene Álvaro Ibarra, secretario general del Estado para la operación política.

En el sobreseimiento que hizo la SCJN de la controversia que presentó el Municipio de San Pedro, contra la instalación de casinos, hay gato encerrado.

En este caso no deja de sorprender la actuación del ministro Alberto Pérez Dayán, quien propuso en su proyecto de resolución que el asunto se sobreseyera, logrando que fuera apoyado por sus colegas Margarita Pérez Luna y Luis María Aguilar Morales.

¿Por qué extraña?

Nuevo León será un estado clave en la elección del nuevo dirigente del PAN, pero también este proceso dividirá más a los líderes de la extinta Santístima Trinidad.

Como se están dando las cosas a nivel nacional, el senador Raúl Gracia, Zeferino Salgado y el exalcalde Fernando Larrazabal apostarán cada uno por un candidato diferente para la presidencia albiazul.

En los próximos días el gobernador Rodrigo Medina vetará la reforma a la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable aprobada en el Congreso la semana pasada. Eso se veía venir.

El rechazo a esta reforma legislativa fue una de las monedas de cambio que entregó el Estado para conseguir desactivar la crisis con los transportistas encabezados por el líder de la CTM, Ismael Flores.

Los diputados del PAN pretendían con esta reforma de ley que fuera el Congreso del Estado –y no el Ejecutivo- el que autorizara cada año las tarifas que cobran los camiones.