El gobernador Rodrigo Medina ha reforzado su aparato de seguridad con elementos federales, pero no sólo el ejecutivo.

Se sabe que últimamente algunos alcaldes, secretarios de Ayuntamiento y responsables de seguridad en los municipios, han decidido incrementar el número de escoltas que tenían asignados a su protección.

Funcionarios que hasta hace una semana contaban con un discreto equipo de seguridad, pero que hoy se trasladan por la ciudad protegidos con una docena de hombres armados.

En los pasillos del Municipio de San Pedro corre el rumor de que el Plan de Desarrollo Urbano Municipal  20-30, que se elaboró en la pasada administración, se retrasará más tiempo.

Nos dicen que a la administración que encabeza el alcalde Ugo Ruiz no le interesa autorizar en el corto plazo este plan de ordenamiento urbano.

Este instrumento jurídico es clave  para los intereses del exalcalde Mauricio Fernández, porque en él está incluida la factibilidad para el desarrollo inmobiliario planeado en los terrenos del Planetario Alfa, propiedad de su familia.

Ya dan por un hecho que el senador Félix González Canto es el nuevo delegado del CEN del PRI para Nuevo León, y esto significa un golpe, una jugada de política de altos vuelos, de parte de los tricolores que no le tienen cariño al gobernador Rodrigo Medina.

¿Por qué?... Pues el nuevo delegado priista es el exgobernador de Quintana Roo y compadre del ya designado Embajador de México en Uruguay, Felipe Enríquez.

Es decir, por un lado el destierro para Enríquez, también excandidato derrotado a la Alcaldía de Monterrey y compadre del presidente Enrique Peña Nieto.

En los próximos días la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, tendrá que tomar una decisión crucial: deslindarse de su nuevo secretario de Administración, Miguel Ángel Treviño Sandoval.

O vincular su prometedor proyecto a la de su operador de confianza, que hoy es investigado por el Órgano de Control Interno de la Sedesol.

A Margarita Arellanes no le debe quedar ninguna duda que Treviño Sandoval será sancionado y seguramente inhabilitado como funcionario público, por las irregularidades cometidas como subdelegado de Sedesol.

Con las irregularidades en más de una docena de permisos para edificaciones, el Ayuntamiento de San Pedro estrenará un nuevo esquema para llegar a solucionar lo encontrado, y por otro lado, para que esas ilegalidades no vuelvan a suceder.

Ya el alcalde Ugo Ruiz y el secretario del Municipio, Bernardo Bichara, arman La Mesa de la Justicia en Desarrollo Urbano, integrada por ciudadanos, para que aquellos edificios con exceso de altura, lleguen a un acuerdo con el Ayuntamiento.