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Lejos de El Dorado

Tras cuatro años de litigio, los ejidatarios de un pueblo zacatecano aún claman justicia. La empresa Goldcorp, de la mayor mina de oro de América Latina se niega a restituirles sus tierras

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Sin apoyos del gobierno y sin escrituras, 29 familias presentaron una demanda contra la minera
Goldcorp invirtió mil 500 millones de dólares en Peñasquito y utilizó el engaño para quedarse con el terreno
Mientras eso sucedió durante cinco años ni la secretarías de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores o Trabajo hicieron algo contra la empresa canadiense que maneja el 70 por ciento del oro del país

En las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón se permitió que la empresa canadiense Goldcorp se adueñara de los ejidos El Vergel, Mazapil, Cerro Gordo y Los Cedros, en Zacatecas, para construir el complejo minero Peñasquito que se inauguró en 2010, y es hoy la mina de oro más grande de América Latina.

Goldcorp invirtió mil 500 millones de dólares en Peñasquito y utilizó presuntamente el engaño, mediante contratos de ocupación temporal y falsificación de títulos agrarios, para reubicar a 29 familias de los ejidatarios, dueños de esas tierras.

Hasta la fecha, la mayoría, obligados a dejar sus tierras sin el menor apoyo del gobierno, no cuentan con escrituras y carecen de los servicios básicos en las zonas donde fueron reubicados.

Algunos ya presentaron una demanda en contra de la compañía canadiense ante el Tribunal Unitario Agrario para que les devuelva las 600 hectáreas que les quitaron.

Pero el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco les dijo que si querían recuperar sus tierras, tendrían que restituir la inversión que la empresa realizó en la mina, y decidió aplazar la resolución.

El pasado lunes el presidente Enrique Peña Nieto presentó su Plan Nacional de Desarrollo y en lo que toca a la contribución de la minería al desarrollo económico del país, señaló que su explotación “debe beneficiar y respetar los derechos de las comunidades o municipios donde se encuentran las minas”.

Inicia el juicio

Tras cuatro años de esperar una resolución a su demanda, los ejidatarios Manuel Ordóñez Saucedo, Héctor Manuel Ordóñez y Daniel Mendoza Barbosa obtuvieron el 12 de enero de 2013 una sentencia a su favor.

El magistrado Serafín Salazar Jiménez, del segundo tribunal colegiado de Zacatecas, determinó que Goldcorp tiene que devolver las 600 hectáreas que ocuparon de manera ilegal, ya que nunca se compraron las tierras.

De acuerdo con la sentencia 528/2012 a la que tuvo acceso Reporte Indigo, la minera Peñasquito tendrá que restituir a los ejidatarios sus tierras, el terreno en el que se aloja el tajo más grande a cielo abierto de oro y plata de México.

Contubernio 

Pero en la primera junta realizada después de ratificar la sentencia, el 16 de abril de este año, el magistrado Lara Orozco, del Tribunal Unitario Agrario, primero llamó a los campesinos a conciliar con la empresa y luego los convocó a devolver la inversión que la canadiense había hecho en la mina.

Julieta Kuri Zaguayo, abogada de la minera, ratificó que la empresa canadiense Goldcorp no desea tener conciliación alguna con los ejidatarios, a menos que sea sin la presencia de los abogados que los representan.

En el diputado Gregorio Macías Zúñiga, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la 60 legislatura, dijo que se tienen que restituir las hectáreas de los ejidatarios, ya que “es un juicio que marca precedente en México y a nivel mundial”.

Alfonso Herrera, abogado de los ejidatarios de Cerro Gordo, acusó a los funcionarios del Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas, encabezados por el magistrado presidente Juan Rodolfo Lara, de proteger los intereses de la minera Goldcorp.

Denunció que ha impedido en tres ocasiones el pago de los 2 millones 966 mil 832 pesos como último trámite que los campesinos deben realizar para la devolución de sus 600 hectáreas.

Los abogados de los ejidatarios presentarán una queja ante el Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, en contra de Lara Orozco y su secretaria de acuerdos, Sol Ferreira, por obstaculización de acceso a la justicia en perjuicio de los ejidatarios.

Incluso, el notario público 42 de Zacatecas, Jaime Casas Madero, dio fe de la negativa del Tribunal de recibirles el pago a los ejidatarios: 

“Al negarles el pago, ustedes los están dejando en un estado de indefensión jurídica; estoy certificando que los ejidatarios traen el recurso completo solicitado por este Tribunal”.

Por si fuera poco, el gobernador de la entidad, Miguel Alonso Reyes, inició desde hace varias semanas una fuerte campaña en los medios locales de comunicación para defender las inversiones de la empresa canadiense en la entidad.

Sólo hay que tener memoria histórica para recordar que en marzo pasado Alonso Reyes asistió en representación de la Conago a la Convención Anual de Mineras Canadienses.

La minera, de capital totalmente canadiense, explota los minerales violando, desde hace cinco años, el régimen jurídico mexicano. 

Mientras eso sucedió durante cinco años ni la secretarías de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores o Trabajo hicieron algo contra la empresa canadiense que maneja el 70 por ciento del oro del país.

En la mina trabajan más de 3 mil 400 trabajadores, mineros, albañiles, administrativos y ganan salarios inferiores a los 300 pesos diarios. Fue inaugurada el 23 de marzo de 2010 por el entonces presidente Calderón y en la gubernatura estaba la perredista Amalia García.

Un monstruo mundial

Goldcorp, que trabaja en los municipios de Zacatecas desde 2005 e inauguró el complejo Peñasquito en 2010, es líder en el mercado de metales en el  ámbito mundial.

Como productor de oro de alto nivel, su estrategia de inversión se basa en mantener bajos costos de producción y ubicarse en lugares de bajo riesgo político.

Pero tiene fama de “depredadora” del medio ambiente al lugar que llega a establecerse.

Goldcorp, que preside Kevin McArthur, sabía que Peñasquito tiene 22 años de vida útil y la conocen como “El Dorado mexicano” porque es la mina más grande de metales preciosos y de más bajo costo.

La empresa cotiza en la bolsa de valores de New York y Toronto y deberá informar a sus accionistas que tendrá que devolver la mina mexicana Peñasquito.

 
 

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