Por primera vez en la historia de México, una cárcel federal fue cerrada.

El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 10 de Monclova, Coahuila, dejó de operar formalmente desde este martes y ahora en sus instalaciones se capacitará al personal que ingrese a laborar dentro del Sistema Penitenciario Federal.

Dentro del sistema de justicia penal mexicano existe algo peor que las cárceles federales.

En las cárceles municipales se violenta con mayor insistencia los derechos humanos de los reos, en donde se reconoce -por primera vez- que en algunas prisiones locales los internos son privados de la alimentación.

Un grupo de 11 reos que participó directamente en la masacre de 49 internos en febrero pasado sigue recluido en el penal del Topo Chico.

Entre esos 11 internos, al menos ocho fueron los actores principales de los brutales asesinatos, incluso, inexplicablemente uno está identificado por la autoridad con cuatro nombres y tres alias.

Hace dos semanas prometió enviar un informe puntual de los seis tutelares y no lo ha hecho; se niega a entregar los videos de las riñas internas y por si fuera poco, Elisa Lavore, directora de Tratamiento para Adolescentes del Sistema Penitenciario, ha despedido a 40 empleados en lo que va del año.

Así lo acusa la diputada del PRD, Rebeca Peralta, quien subió un punto de acuerdo para solicitarle a Patricia Mercado, secretaria de Gobierno, intervenga de inmediato en la problemática y se acabe con los claroscuros intramuros en las seis comunidades de tratamiento para adolescentes.

Una posible solución ante la situación de la sobrepoblación en el Penal del Topo Chico, y los problemas derivados de la misma, sería la asociación con empresas privadas, asegura Manuel González, secretario general de Gobierno de Nuevo León.