La tajada de recursos públicos del Seguro Popular en Jalisco que va a parar a manos de hospitales privados, a través de los convenios de subrogación, se ha acrecentado de una forma importante en los últimos años hasta superar actualmente los 800 millones de pesos (MDP).
Los afiliados del Seguro Popular son atendidos mayormente en las instituciones públicas del estado, como el Hospital Civil de Guadalajara, el de Occidente o las unidades municipales, sin embargo, el esquema también prevé la subrogación de servicios privados cuando aquellas se ven saturadas.
El organismo de los Hospitales Civiles de Guadalajara, un ente bajo control de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y su cúpula política, ha estado inflando artificialmente los cobros que hace al Seguro Popular con un método “fuera de la ley”, según las autoridades de Salud.
La advertencia se la hizo directamente Antonio Cruces Mada, actual secretario de Salud Jalisco, el 29 de enero de 2016, cuando aún encabezaba el Seguro Popular, según consta en el acta que levantó ese día la Junta de Gobierno de los Hospitales Civiles de Guadalajara (HCG).
