La llegada de Jaime Ruiz Sacristán como nuevo presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) no genera sorpresas. 

Al día siguiente de que Luis Téllez anunció que el próximo año dejaría su puesto comenzó a barajarse el apellido Ruiz Sacristán para dirigir el organismo. 

El nombre del banquero apareció en columnas periodísticas, conversaciones informales y proyecciones de relacionistas públicos. 

Se fue midiendo el impacto que su nombramiento en las movidas aguas de la economía nacional. 

México es un país que depende de manera importante de la renta petrolera. Caídas en el precio dentro del mercado internacional han llegado a tener efecto catastróficos en el pasado para las finanzas públicas.

Aunque una menor cotización del barril siempre es una mala noticia para los mexicanos, la reciente caída podría ser más problemática debido a la recién aprobada reforma energética.

Esta apertura a la inversión extranjera en el ámbito energético no pudo haber llegado en peor momento, pues pocos quieren invertir en grandes proyectos que producen petróleo costoso.

México se apresta a cumplir su primer año de reforma energética con poco para celebrar. 

Doce meses están por cumplirse de que se aprobara la reforma constitucional, leyes secundarias y reglamentos. Tres meses faltan para que inicie su puesta en marcha. 

Pero al Gobierno Federal le han venido complicaciones no calculadas inicialmente.

Con la división en dos grandes subsidiarias se regresa a un esquema que fue modificado durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari.

La nueva empresa productiva del Estado busca una “reorganización corporativa”, que fue aprobada por el nuevo Consejo de Administración el martes 18.

La “nueva cara” resulta la misma que la compañía tenía en su origen: dos empresas productivas subsidiarias, que agrupan la producción petrolera y el resto de la cadena de valor.

Se crearán, además, cinco empresas productivas subsidiarias en funciones no centrales.

El presupuesto para el próximo año dejó intactas todas las propuestas económicas del Ejecutivo en materia de energía. 

No le cambiaron ni una coma a los cálculos elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el gasto en Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni en la Secretaría de Energía (Sener). 

Las dos nuevas empresas del Estado mantienen montos de gasto que superan en miles de millones de pesos a la Sener, a la cual le fueron otorgadas nuevas funciones de mayor peso con la reforma energética.