La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) y la Comisión de Justicia del Congreso criticaron la poca voluntad del Gobierno independiente para garantizar la seguridad de los funcionarios penitenciarios.

Además calificaron las actuales condiciones laborales ante signos de autogobierno al interior de las prisiones como un trabajo de alto riesgo para los celadores, psicólogos y licenciados.

El enfrentamiento armado en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que hasta ayer había dejado un saldo oficial de 4 reos y 3 policías muertos, además de 13 lesionados, vuelve a poner en la mesa del debate el tema de los autogobiernos en las cárceles del país.

Apenas el pasado 8 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 30/2017 al secretario de Gobernación, a la gobernadora y gobernadores de los estados, al jefe de gobierno de la Ciudad de México y al Comisionado Nacional de Seguridad.

Criminales de las organizaciones más nefastas de la historia del país se concentran con otros integrantes de sus agrupaciones y hasta tienen oportunidad de hacer planes en recintos comunes: los centros penitenciarios de todo el país.

Porque siete años de guerra contra el crimen organizado, en la peor etapa delincuencial de México, provoca que miles de integrantes de los cárteles estén tras las rejas, pero en la mayoría de los casos con oportunidad de intercomunicarse y hasta reorganizarse.

Las autoridades penitenciarias de Chihuahua lograron en tres años lo que el gobierno de Nuevo León no ha podido en décadas: el control del Estado en las prisiones.

Chihuahua tiene ocho penitenciarías, cinco están certificadas internacionalmente por la Asociación Americana de Correccionales (ACA), mientras que Nuevo León no tiene ninguna certificación.

Y aunque “las comparaciones son odiosas”, es peor la inactividad del gobierno local para controlar su sistema penitenciario.

Nuevo León se ubica en el segundo lugar a nivel nacional con menor nivel de gobernabilidad en centros penitenciarios, reveló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El organismo presentó ayer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, donde detectó que existe autogobierno en 65 centros de reinserción social que dependen de los poderes ejecutivos estatales.

Nuevo León obtuvo 3.80 puntos en promedio en los Centros de Readaptación Social en Apodaca, Cadereyta y Topo Chico, y se ubicó sólo por debajo de Tamaulipas, que consiguió 3.65 en su calificación.