El 31 de marzo del 2015, Rosa padeció las omisiones en los servicios de salud y la integridad de su bebé fue puesta en riesgo, siendo una víctima más de lo que en los últimos años diversas organizaciones han tipificado como violencia obstétrica.
El caso salió a la luz luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) realizara una investigación en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, que derivó en la recomendación 12/16, emitida el 15 de abril pasado.
Luego de interponer una denuncia contra su marido tras ser víctima de violencia familiar, una mujer debió esperar cerca de un año para recibir atención de las autoridades estatales.
El pasado mes de abril la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) presentó la recomendación 15/2016 en el cual se señalaba a las autoridades Carlos Antonio Zamudio Grave, fiscal regional, y a Felipe de Jesús Jiménez Bernal, presidente municipal de Tequila.
Tres meses han transcurrido desde la emisión de la Alerta de Violencia contra las Mujeres (AVCM) en Jalisco, y aún hay importantes pendientes para que no quede en letra muerta.
Una de las deudas más significativas que el Gobierno de Jalisco tiene para la implementación efectiva de la AVCM es la conformación del Grupo de Seguimiento, que fungirá como vigilante de las acciones que hasta ahora se han realizado.
El acceso a la justicia para las víctimas de violación, por medio del aborto legal en casos de embarazo, se ha quedado en las redacciones normativas de la entidad, sin protocolos específicos y con recientes procedimientos que rayan en lo mediático.
Como lo describió Paola Lazo Corvera, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), aunque en el caso de la entidad ya existan los primeros casos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), las autoridades de Jalisco, y de México en general, están lejos de cumplir con sus obligaciones respecto al tema.
En Jalisco las muertes por presunto homicidio en mujeres incrementó 75.1 por ciento desde el año 2007 a 2014, como lo evidencia el estudio ‘La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014’, elaborado por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres.
