La reforma llamada Ley “Anticochinos” que aprobó el Congreso de Jalisco en 2013 para limitar el pago millonario de salarios caídos a burócratas en los juicios laborales superó la aduana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que no halló ninguna violación constitucional en ella.

Esa reforma, también llamada antialcancías, pretende acabar con la emisión de laudos exorbitantes, como los que hoy ahogan a las finanzas de los entes públicos estatales y municipales de Jalisco estimados en 5 mil millones de pesos que, tarde o temprano, deberán pagarse.