Tras darse a conocer el informe de expertos de la CIDH, que pone en duda la versión oficial del caso Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó ayer incluir estas observaciones en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI”, escribió Peña Nieto en su cuenta de Twitter.

La procuradora General de la República, Arely Gómez González, informó que giró instrucciones para atender la propuesta de realizar una investigación con peritos de alto nivel, por lo cual solicitarán la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado.

La funcionario dijo que además se pedirá la prórroga del mandato para que los expertos puedan concluir con sus averiguaciones sobre el caso Iguala.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó ayer un documento en el que denuncia fallos y omisiones clave en la investigación oficial sobre la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero. 

Además, el reporte cuestiona datos básicos de la versión oficial del gobierno sobre unos hechos que califica como “el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos en la memoria reciente del país”.

El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evalúa la pesquisa sobre la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero informó el lunes que algunos de los detenidos en el caso afirmaron haber sido torturados lo que, de confirmarse, podría afectar la investigación oficial.

El perredista Pablo Gómez Álvarez defendió ayer que el exalcalde de Iguala “es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad”, pero aceptó que su candidatura “fue una mala idea”. 

En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Especial del PRD que elaboró el informe sobre la postulación de José Luis Abarca, dijo que responsabilidad política de su candidatura corresponde al partido y no a una sola persona. 

Gómez reiteró que el reporte no busca “establecer la verdad histórica”, y es una contribución al análisis de lo que sucedió  en Iguala.