La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de mantener el principio de la inadmisibilidad de evidencia obtenida en forma ilegal abre la oportunidad de reafirmar su prohibición absoluta, señaló ayer Human Rights Watch (HRW).

 El fallo en el caso del mexicano Israel Arzate Meléndez, acusado de la masacre de 2010 en Villas de Salvárcar en en Chihuahua, estableció su liberación bajo el argumento de que su confesión inicial fue hecha ante autoridades militares, no civiles.