En su reporte anual, Amnistía Internacional refiere que el gobierno de Felipe Calderón hizo caso omiso de los indicios fehacientes de violaciones de derechos humanos generalizadas y que durante su sexenio más de 60 mil personas murieron y 150 mil se volvieron desplazadas a causa de la violencia vinculada a las drogas.
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Los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera Espinosa cuentan con una gran oportunidad: demostrar que no tolerarán la impunidad y la injusticia.
“Para ello deberán investigar seria e imparcialmente los informes de violaciones de los derechos humanos, hacer públicas sus conclusiones y llevar a rendir cuentas a los responsables de estos hechos”, dice Daniel Zapico, coordinador de Movilización e Impacto de Amnistía Internacional México.
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El Estado mexicano tiene una deuda de justicia con miles de familias que han perdido a sus seres queridos a causa de la ola de violencia imperante en el país.
El viernes pasado, en pleno festejo del “Día de Muertos”, Amnistía Internacional hizo un enérgico llamado a las autoridades mexicanas para que cumplan su deber.
Se ha fallado a migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos y a muchas víctimas más que han perdido la vida porque el Estado no ha sabido protegerlas.
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