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Reporte
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Derechos Humanos

Zona roja para defensores de Derechos Humanos

Laura Islas

En el último año se registraron 179 agresiones a defensores de derechos humanos en México, el último caso es el del activista Arnulfo Cerón Soriano, quien desapareció en Guerrero en octubre pasado


Nov 4, 2019
Lectura 6 min
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La desaparición del activista Arnulfo Cerón Soriano es el más reciente caso de la crisis de agresiones a defensores de derechos humanos que vive el estado de Guerrero.

Además, exhibe el clima de vulnerabilidad al que se enfrentan aquellas personas que defienden los derechos humanos no solo en esa entidad, sino en todo el país.

Arnulfo fue visto por última vez la noche del pasado viernes 11 de octubre cuando se dirigía a una plática en un centro de recuperación de alcohólicos anónimos.

El integrante del Frente Popular de la Montaña días antes había acusado al alcalde del municipio de Tlapa de Comonfort, Dionicio Merced Pichardo García, de haberlo amenazado y lo responsabilizaba de cualquier cosa que le llegara a ocurrir.

“Su desaparición representa un agravio no solo a su familia, sino a todos los hombres y mujeres que luchamos con pasión para acabar con la corrupción, para exigir que las autoridades rindan cuentas y para pelear contra la discriminación.

“No podemos permitir que los grupos de poder, que actúan bajo el cobijo de la impunidad, se coloquen por encima de la ley”, exigió el Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, organización donde colaboró en sus inicios el activista.

Organizaciones internacionales y nacionales como Amnistía Internacional, Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, también pidieron al Gobierno federal involucrarse en el caso debido a la falta de avances.

Las organizaciones emitieron un comunicado donde alertaron que la entidad vive una crisis de desapariciones forzadas y por agentes no estatales, por lo que exigieron a los tres niveles de gobierno un seguimiento del caso y las medidas necesarias para que Arnulfo sea hallado con vida.

Aunque una mujer fue detenida por supuestamente estar relacionada en la desaparición del activista, a más de 20 días no hay avances concretos en el caso, acusan sus compañeros de lucha, quienes también aseguran que han sido intimidados

Juan Sánchez Gaspa, poblador de Tlapa de Comonfort y quien también pertenece al Frente Popular de la Montaña, dice que desde enero de este año comenzaron a recibir amenazas por llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp.

Las agresiones coinciden con la llegada al poder del alcalde de Tlapa, el morenista Dionicio Merced Pichardo García, dice Sánchez Gaspa.

“Somos como seis compañeros que tenemos esas amenazas o que tuvimos, porque ahorita ya se calmaron, tal vez porque ha desaparecido el compañero, pero el hostigamiento sigue.

“Nosotros mantenemos un plantón en el ayuntamiento municipal y vienen los trabajadores, los policías. Yo vine acá a la casa y en la esquina hay una patrulla de tránsito cuando yo vivo hasta la orilla de Tlapa y no sabemos qué buscan de este lado, porque no hay tanta circulación”, menciona.

El 9 de julio pasado, la organización Artículo 19 dio a conocer que el alcalde había hecho una campaña de desprestigio en contra de la reportera Carmen González Benicio de El Sur de Acapulco y de la abogada Neil Arias Vitinio, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Por lo que Artículo 19 le exigió respetar las actividades en pro de los defensores de los derechos humanos realizadas por las organizaciones, así como a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas brindarles las medidas adecuadas para proteger su identidad.

País peligroso para defensores de derechos humanos y periodistas

Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, comenta que desde la administración pasada, la organización ha reportado reiteradamente que el país es un lugar peligroso para los defensores y los periodistas.

En menos de un mes vemos la criminalización de este caso, vimos la desaparición de Arnulfo y además vemos cómo la lógica de debilitar a las organizaciones de la sociedad civil hace que pensemos que las causas estructurales todavía no han cambiado

- Tania Reneaum

Directora ejecutiva de Amnistía Internacional México

Explica que el acompañamiento de las organizaciones realizan a las comunidades hacen que los poderes se vean amenazados y por eso buscan un impacto inhibidor con las agresiones.

“La impunidad manda un mensaje poderoso de que aquí se puede desaparecer, matar y no pasa prácticamente nada y debilita (…) a las organizaciones de los derechos humanos, que somos un contrapeso fundamental donde narramos las historias que nadie narra, donde le damos voz a las personas invisibles”, dice.

Tania Reneaun agrega que además de Guerrero, Amnistía Internacional tiene documentados casos en Chihuahua, con el defensor rarámuri Julián Carrillo, quien fue asesinado el pasado 24 de octubre de 2018.

Crisis de desapariciones

Las desapariciones de activistas en Guerrero no son nuevas. En febrero de este año, dos defensores indígenas de la Costa Chica de Guerrero fueron noticia nacional tras ser amenazados de muerte.

Se trata de Obtilia Eugenio e Hilario Castro, originarios del municipio de Ayutla de los Libres, la primera demarcación del estado regida por usos y costumbres. Afortunadamente, los activistas fueron localizados con vida.

En esa ocasión, el Gobierno estatal se deslindó de las versiones que lo ligaban con la desaparición de los defensores, argumentando que se habían realizado todos los esfuerzos para hallarlos.

Pero, los promotores de los derechos humanos son uno de los sectores más vulnerables no solo en el estado, sino en todo el país.

De acuerdo con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, hasta pasado 14 de octubre había registrados mil 39 beneficiarios del programa de protección, de los que 691 son defensores de los derechos humanos.

Además, tan solo este año se tiene un registro de 179 agresiones, incluyendo el asesinato de 23 defensores de derechos humanos y 15 periodistas.

“Creo que la gravedad de la crisis está dada por la poca solución de casos, porque no tenemos historias que nos puedan decir la verdad de qué ha pasado con la gente desaparecida, qué ha pasado con nuestros colegas defensores de derechos humanos que han desaparecido.

“Porque la impunidad y el silencio se imponen y porque la gravedad se suma a miles de personas desaparecidas donde solo eso es posible por la colusión de las autoridades del Estado. La impunidad, la corrupción y la desaparición de personas cada vez es más claro que es posible porque el Estado en algún nivel tiene involucramiento y por eso es grave”, dice Tania Reneaum.

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