Voto de ministra absuelve al alcalde de Santa Catarina
La balanza de la justicia se inclinó a favor del alcalde de Santa Catarina, Víctor Pérez, quien ayer libró la destitución y la consignación penal por incumplir una sentencia de amparo que desacató durante el primer año de su administración.
El voto de la ministra Olga Sánchez Cordero desempató el proyecto de resolución contra el munícipe, luego de mantener en suspenso el proceso desde el jueves pasado, cuando la abogada se ausentó en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Javier EstradaLa abogada desempató la votación y dijo que las autoridades municipales no concurrían en mala fe, ni tenían la intención de retrasar o eludir el cumplimiento de la sentencia que fue ordenada desde el 28 de febrero de 2011
La balanza de la justicia se inclinó a favor del alcalde de Santa Catarina, Víctor Pérez, quien ayer libró la destitución y la consignación penal por incumplir una sentencia de amparo que desacató durante el primer año de su administración.
El voto de la ministra Olga Sánchez Cordero desempató el proyecto de resolución contra el munícipe, luego de mantener en suspenso el proceso desde el jueves pasado, cuando la abogada se ausentó en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En su exposición, la ministra justificó la omisión de las autoridades, porque consideró que la sentencia se había cumplido con el pago, realizado a última hora, de más de 45 millones de pesos que el Ayuntamiento santacarinense dio al quejoso.
El pronunciamiento de Sánchez Cordero contra la sanción propuesta también absolvió al tesorero municipal, Luis Gerardo Flores Almaraz, y al director de Egresos de Santa Catarina, Raúl Alberto Zepeda Vega.
El cómputo final fue de 6 votos en contra y 5 a favor del proyecto de resolución para sancionar al edil panista y a los otros dos funcionarios.
Los ministros, por otro lado, ratificaron la consignación penal del exalcalde Gabriel Navarro y de los extitulares de las secretarias de Finanzas, César González Garza, y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio, René Garza Valdez, así como al exsíndico segundo Luis Édgar Nava Arias.
La Suprema Corte ordenó la notificación al juez de Distrito Penal en turno, con sede en Monterrey, y se dio vista al Ministerio Público Federal para iniciar el procedimiento de consignación contra esos exservidores públicos.
El voto de Sánchez Cordero se sumó al de los ministros José Fernández Franco González, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y Margarita Beatriz Luna Ramos.
En cambio, Alberto Pérez Dayán, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el presidente del Máximo Tribunal, Juan N. Silva Meza, apoyaron la propuesta planteada por el ministro Sergio Armando Valls Hernández.
La abogada que desempató la votación dijo que las autoridades municipales no concurrían en mala fe, ni tenían la intención de retrasar o eludir el cumplimiento de la sentencia que fue ordenada desde el 28 de febrero de 2011.
“Desde mi punto particular de vista, no pueden en un momento determinado imputarse a las autoridades encargadas del cumplimiento de la sentencia”, precisó.
“El núcleo esencial de la sentencia de amparo se encuentra cumplido”.
Sánchez Cordero aseguró que los cheques expedidos a favor del ciudadano Francisco Adell Blande, por el despojo que hizo el Ayuntamiento de un inmueble de casi 24 mil metros cuadrados, fueron suficientes para cumplir con la ejecutoria.
El incidente de inejecución 573/2012, votado por la Suprema Corte, fue abierto hace dos años por el incumplimiento del acuerdo dictada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, en el juicio de amparo 758/2010.
Éste fue desacatado durante todo el trienio de Gabriel Navarro y en el primer año de la gestión de Víctor Pérez, ambos con administraciones emanadas del PAN.
La semana pasada, el Ayuntamiento de Santa Catarina depositó cheques en el Juzgado federal para dar cumplimiento a la sentencia, pero el quejoso no pudo cobrarlos.
No obstante, los ministros consideraron que aunque se había cubierto el importe, la actitud de las autoridades era inaceptable.
Pero la ausencia de Sánchez Cordero y el empate en la votación difirieron hasta ayer la decisión final dentro del proceso.
El alcalde no se presentó en la sesión del Pleno, pero en su representación acudieron el secretario del Ayuntamiento, Marco Heriberto Orozco y el director Jurídico de Santa Catarina, Eduardo Vázquez Ávila.
Y PRI alega que proceso fue ilegal
La votación del proyecto de resolución que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la destitución y consignación penal del alcalde de Santa Catarina, Víctor Pérez, fue irregular e ilegal.
Esa es la apreciación del asesor jurídico del PRI en ese municipio y exrepresentante del tricolor ante la Comisión Municipal Electoral, Gilberto Treviño Garcés, quien este sábado envió una misiva al presidente del Máximo Tribunal, Juan N. Silva Meza.
En el escrito, el priista manifiesta que el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte, Rafael Coello Cetina, cometió dos irregularidades durante la votación del incidente de inejecución de sentencia.
La primera, según él, fue que el funcionario efectuó dos cómputos de un solo proyecto de resolución.
“Lo cual es totalmente ilegal y fuera de contexto, ya que usted le ordenó que contabilizara la votación a favor o en contra del proyecto y no de los resolutivos tercero y cuarto”.
La segunda anomalía, advierte, la cometió cuando, al duplicar el cómputo, el secretario general anunció un supuesto empate.
“En este caso concreto basta hacer un ejercicio de simulacro del cómputo de dicha votación, lo cual en lo personal lo hice y no encontré por ninguna parte el supuesto empate”, señala.
“No existe dicho empate y debe de prevalecer la votación que ya se efectuó y dio como resultado un cómputo de 6 votos a favor del proyecto y 4 en contra”.
Treviño Garcés alega que no se requería la intervención de la ministra, quien se ausentó durante la sesión del Pleno del 28 de noviembre de este año y que ayer perdonó al munícipe.
“Hubo quórum legal y, por lo tanto, es válido el acuerdo votado”, indica.
El priista sugiere en su misiva no aprobar el acta de la sesión del Pleno del jueves, que fue ratificada favorablemente, y que se someta a discusión la actuación del secretario general de Acuerdos.
“Y, en caso de encontrar alguna irregularidad, se le finque responsabilidad de acuerdo a la ley”, precisa.