Violencia política contra mujeres, una realidad

La violencia de la que fue víctima Claudia Tapia, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso local, pone en evidencia la realidad que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos político-electorales como candidatas o al frente de un cargo público

La violencia es uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos políticos. Se trata de un hostigamiento que ha permanecido oculto, un problema normalizado e invisibilizado al grado de que en la Ley General de Delitos Electorales no se tipifica.

Las acciones u omisiones ya sea físicas, psicológicas, sexuales, simbólicas o económicas pueden afectar incluso a quienes tienen un cargo en la política.

En el caso de Nuevo León, las mujeres han sido víctimas de violencia no sólo cuando están compitiendo como candidatas a la alcaldía de algún municipio, también cuando ejercen como diputadas en el Congreso local

En entrevista con Reporte Índigo, María Elena Chapa, presidenta de la Comisión de Inteligencia Electoral en Pro de la Defensa de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres, reconoce la existencia de este vicio de la política y lamenta que se ejerza en público.

“No las dejan acceder al poder, lastiman a su familia, buscan ser alcaldesas y las quieren poner de regidoras, hay una serie de atropellos en territorios pequeños, en Nuevo León sí hay violencia política”, expresa la exlegisladora.

En estados como Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Zacatecas y Sonora la violencia política contra las mujeres está contemplada como delito. Aunque en Nuevo León está considerada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aún no está tipificada.

“En algunos casos que yo conozco que hubo violencia política, no fueron denunciados porque todavía no tenemos en el estado la cultura de la denuncia y el reconocimiento, como un delito, de la violencia política contra las mujeres”, señala Chapa.

La impulsora de los derechos humanos informa que existen alrededor de 56 casos de violencia política en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que prevalece una tendencia a hacer públicos videos o panfletos y hacerlos circular.

La diputada y coordinadora de la bancada de Morena, Claudia Tapia, fue víctima de este delito. Integrantes de la legislatura difundieron un fotomontaje de índole sexual elaborado a base de una de sus intervenciones en el Congreso local

“A nombre de todas mis compañeras que han sido víctimas de la violencia política, al parecer molestamos a alguien que está aquí o a miembros de la prensa, es algo que no vamos a permitir”, expresó al exponer su denuncia en a tribuna.

Al tomar la palabra, la diputada pidió que proyectaran la imagen alterada. Además, hizo un llamado a la solidaridad.

“Es un ya basta con cosas así, no nos van a violentar ni nos van a callar, es un tema de solidaridad y se debe de hacer con el tema de la política. Esto que vivo yo en estos momentos es algo en lo que varias compañeras también han sido violentadas, esos ataques sólo dan risa”, reclamó.

Violencia no distingue partidos

El caso de la morenista Claudia Tapia no es el único; la violencia política de género no distingue partidos ni bancadas. La diputada de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón Perales, recuerda su experiencia en la pasada Legislatura del Congreso de Nuevo León.

En entrevista con Reporte Índigo explica que todo comenzó como una cacería, acoso que acabó hasta que subió a la tribuna para denunciar el maltrato de los representantes del PAN.

“Mira, yo lo viví dentro del Partido Acción Nacional, yo viví violencia política desde el momento que levanté la mano para decir que yo quería participar en una contienda, se me acusó de que no era la línea y no era del equipo”, expresa.

Para Karina Barrón aún existe violencia política en el Poder Legislativo, por lo que siente que se tiene que levantar la voz para terminar con las descalificaciones y acusaciones que dañan la integridad de la mujer.

“Me dijeron que no era para mí una diputación, entonces empezó una cacería, como le llaman colegialmente, y fue violencia política que no terminó hasta que estábamos en la Legislatura anterior que subí a tribuna y acuse a la bancada de Acción Nacional porque estaba violentando mi persona”, comenta.

Barrón afirma que los partidos políticos continúan ejerciendo violencia hacia las mujeres y califica al Congreso de machista, por tener una falsa paridad.

“No podemos permitir que las mujeres tengamos violencia política, desde entonces es un tema que he venido impulsando. Viví en un Congreso machista porque no aprobó una paridad horizontal que da la oportunidad a las mujeres de participar como candidatas a una alcaldía con mayor población”, asegura

Perfilan tipificar delito

Tras la denuncia de Claudia Tapia, el presidente de la Mesa Directiva, Marco González, ordenó una investigación interna para dar con los o las responsables y 34 diputados del Congreso local, de todas las bancadas, subieron a la tribuna para respaldarla.

El apoyo que se reflejó para la coordinadora de la bancada de Morena tiene un antecedente, pues la diputada priista Alejandra Lara presentó el 19 de septiembre una iniciativa de reforma que establezca en el Código Penal el delito de violencia política contra las mujeres.

El PRI plantea que se adicione el artículo 337 bis 7 del Código para castigar con una pena de seis a dos años de prisión a los responsables, es decir, a quien realice por sí mismo, o a través de un tercero, cualquier acción u omisión que impida, limite o restrinja los derechos políticos electorales de las mujeres

“Esta reforma busca cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres haciendo de ello una herramienta jurídica, que permita una igualdad de oportunidades, para el acceso a cargos públicos”, puntualizó la diputada priista, Alejandra Lara.

A la iniciativa se suscribieron los diputados Rosa Isela Castro, Claudia Tapia, Ivonne Bustos, Luis Susarrey y Esperanza Alicia Rodríguez López.

La propuesta de reforma fue turnada a la Comisión de Justicia. Además se busca la paridad tanto en el Gobierno estatal y en los municipales, como en el Poder Judicial del Estado. Otra demanda es la reforma a la Ley Electoral, a fin de establecer y clarificar la paridad vertical, horizontal y transversal en la política.

No sin mujeres

Organizaciones civiles también se han manifestado en contra de la violencia política de género. La Red de Politólogas busca promover, visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres dedicadas a la Ciencia Política y su movimiento llegó hasta la Comisión Estatal Electoral (CEE) de Nuevo León.

Si en la entidad existe un evento profesional o académico en el que no participe una mujer en calidad de experta, se propondrá una terna de colegas para que puedan ser invitadas. Si la instancia que organiza la actividad no acepta, los hombres de CEE se comprometen a no asistir y adherirse a la lista denominada “Firmas de compromiso”.

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