Los comicios del 2021 se han manchado de sangre con el homicidio de más de tres decenas de candidatos a puestos de elección popular, un escenario similar al ocurrido en 2018.

Como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió desde inicios de año, son los cargos a nivel local los que se ven más expuestos a la violencia política.

Con el asesinato de Abel Murrieta, abanderado de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora, llegó a 32 el número de aspirantes, precandidatos y candidatos que han sido asesinados en el periodo electoral que arrancó en septiembre de 2020. Esto de acuerdo al Indicador de Violencia Política elaborado por la agencia consultora de riesgos Etellekt.

De los aspirantes asesinados, 27 contendían por puestos de nivel local, 21 buscaban una presidencia municipal —como Abel Murrieta— y los seis restantes una regiduría.

Sin embargo, la violencia política se dispara hasta las 83 víctimas si también se toman en cuenta los dirigentes y militantes partidistas, así como funcionarios sin afiliación o sin aspiraciones en estos comicios, que han perdido la vida.

En entrevista con Reporte Índigo, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, interpreta lo que muestran estas tendencias, particularmente en lo que a nivel municipal representan.


Si llevamos 21 candidatos a presidencias municipales que han sido asesinados, evidentemente esos lugares los van a cubrir personas que estén ligadas al crimen organizado para, a través de ellos, nombrar secretarios de seguridad pública y a directores de obra pública municipal para que las policías los protejan, los cuiden y les sirvan de apoyo, inclusive para que levanten a los contrarios de otros grupos criminales

José Antonio Ortega

Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal

“También para recibir obra pública y, con las empresas que ellos controlan, obtener recursos del erario municipal, una especie de lavado de dinero pagado por la administración pública donde ellos tiene el control”, explica.

A la fecha, las entidades que más han acumulado homicidios políticos son Veracruz, con 15 casos, seguido de Oaxaca con 11. Ambos estados renuevan sus congresos y alcaldías el próximo 6 de junio, más no el Ejecutivo estatal.

En una situación similar se encuentran Guanajuato, donde se han cometido seis crímenes de este tipo, Morelos con cinco y Puebla y el Estado de México con cuatro cada uno.

De los 15 estados que elegirán nuevo gobernador, Guerrero se alza como el más violento al haber ya ocho asesinatos políticos, seguido de Baja California con seis.

En Michoacán se han cometido tres más y otros dos en Chihuahua. Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí solo han tenido una víctima fatal cada uno. Mientras Tlaxcala, Querétaro, Colima, Nayarit, Baja California Sur y Campeche no han presentado un solo caso.

Ante esta relativa calma, Ortega acota que tanto a nivel municipal como estatal, los grupos criminales están interviniendo. Metiendo dinero, eliminando a los contrarios, para después gozar las prestaciones que eso les va a dar.

“Que no haya violencia política en alguna entidad, no quiere decir que estén limpias de crimen organizado, sino que el grupo que opera en ese estado la tiene totalmente controlada, no presenta oposición y tiene seguro a su candidato”.

Además de los homicidios, otra constante han sido las amenazas, agresiones y atentados de todo tipo.

La noche del viernes 14 de mayo, un comando armado baleó la casa de campaña de José Said Castillo, candidato de Podemos a la alcaldía de Cuitláhuac, Veracruz. La agresión dejó heridos, entre otros, a Juan Zurita, candidato suplente, y a Hugo Gutiérrez, su representante ante el Organismo Público Local Electoral del estado.

Dos días después, el domingo 16 de mayo, la Guardia Nacional logró el rescate de Marina Garay, exdiputada del PRI en el Congreso de Veracruz y madre de Octavio Pérez Garay, alcalde de San Andrés Tuxtla por el mismo partido. Así lo confirmó el propio primer mandatario en su mañanera del lunes, asegurando que el secuestro, ocurrido el martes 11, no quedará impune.

Tras el homicidio de Murrieta, Movimiento Ciudadano responsabilizó públicamente al presidente López Obrador y a Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora por el PRI, del crimen.

A la exigencia de que el Gobierno federal actúe sobre la violencia política se sumó, posteriormente, el reclamo de la Asociación Nacional de Alcaldes y Municipios, la cual también emitió un comunicado en ese sentido.

Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, y de la ANAC, comenta a Reporte Índigo sobre el llamado que la organización hizo al Gobierno federal. A la vez lamenta tanto la pérdida de vidas humanas a manos de criminales como el impacto que esto pudiera generar en la imagen del país.

“Le hacemos un llamado al Gobierno federal para que pueda asumir ya la seguridad real de la elección en esta recta final de los comicios tanto locales como federales. Debe de parar ya la violencia que hay, que se desarrolle una jornada electoral impecable. Que las mexicanas y los candidatos puedan salir tranquilos a votar y que ya no haya ninguna agresión a ninguna candidata ni candidato”.

El alcalde emanado del PAN critica que el gobierno de Morena no ha podido controlar la violencia en el país y lo vemos reflejado en todos estos homicidios de candidatos.

“Esto es algo muy delicado para nuestro país por el mensaje que estamos mandando de México al mundo. Aquí se asesinan candidatos a presidentes municipales; nos puede costar mucho en el mundo de las inversiones”.

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