Por violaciones a sus derechos, Elba Esther Gordillo presenta quejas ante la CIDH y CNDH
Los abogados de Gordillo señalan que la maestra es víctima de una persecución política por la afiliación política de su nieto y su yerno
Indigo StaffLa defensa de Elba Esther Gordillo interpuso quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por violaciones a las garantías individuales de la ex lideresa magisterial.
El despacho de Marco Antonio del Toro señaló que también se interpuso una queja administrativa contra Alejandro Caballero Vértiz, titular del juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México.
“Se pidió expresamente a la Procuraduría General de la República (PGR) que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, a través de su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, tome conocimiento de las violaciones a varios derechos fundamentales de la maestra”, informó el despacho en un comunicado.
Los abogados interpusieron un queja ante un Tribunal Colegiado de Circuito contra la decisión del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal que negó conceder a la maestra una suspensión provisional.
La defensa de Gordillo señaló que estos recursos legales son para combatir las “claras” violaciones a diversos derechos humanos de la maestra, entre ellos a la intimidad, privacidad, ala inviolabilidad de su domicilio y a sus comunicaciones privadas.
“Es evidente el carácter de persecución política que enfrenta la maestra, ya que estas “medidas de control” están directamente relacionadas con la adherencia a un candidato a la Presidencia de la República de su yerno y nieto, lo que gestó especulaciones sobre sus propias decisiones, a pesar del prudente silencio de años que ha guardado la maestra”, agregó el despacho.
La defensa señaló que las condiciones en que la maestra cumple la prisión domiciliaria no son medidas de seguridad para evitar un posible fuga, sino que se trata de medidas de control absolutamente arbitrarias y vejatorias de sus derechos fundamentales.
