Vigilan San Pedro acusados de ‘halcones’
Cuestionados expolicías que fueron vinculados con el Cártel de los Beltrán Leyva, ahora trabajan como vigilantes de San Pedro, que sigue intervenido por el Ejército y las fuerzas estatales de Seguridad.
El Municipio tiene en su nómina a 11 exagentes de la Secretaría de Seguridad de San Pedro, a los que hace cuatro años se les ejercitó acción penal y fueron aprehendidos por sus nexos con el narcotráfico.
Javier EstradaLos uniformados confesaron que recibían órdenes del cártel para vigilar los operativos del Ejército y la Policía Federal en San Pedro
Cuestionados expolicías que fueron vinculados con el Cártel de los Beltrán Leyva, ahora trabajan como vigilantes de San Pedro, que sigue intervenido por el Ejército y las fuerzas estatales de Seguridad.
El Municipio tiene en su nómina a 11 exagentes de la Secretaría de Seguridad de San Pedro, a los que hace cuatro años se les ejercitó acción penal y fueron aprehendidos por sus nexos con el narcotráfico.
Estos elementos no sólo pasaron de “halcones” al servicio de la delincuencia organizada a vigilantes, sino que ahora ganan más e incluso, algunos están pensionados por la administración sampetrina.
Después de permanecer por cerca de un año en los penales de Apodaca y el Topo Chico, 10 de estos exmandos y expolicías fueron reincorporados en la nómina durante el gobierno del exalcalde Mauricio Fernández.
Mientras que otro más fue recontratado en los primeros meses de la gestión del presidente municipal Ugo Ruiz, quien en las últimas semanas ha convenido tener la presencia militar y estatal en San Pedro.
Los puestos que ahora ocupan los exuniformados con cuestionados antecedentes son los de vigilantes en las categorías “B”, “C” y “D”, y ahora dependen de la Secretaría de Administración del Ayuntamiento, encabezada por Hernán Salinas.
Ellos eran parte del grupo de 20 efectivos que fueron detenidos el 14 de julio de 2009 por el Ejército, porque sus nombres aparecieron en una narconómina asegurada a un lugarteniente del Cártel de Los Beltrán Leyva.
El 26 de junio de 2009, militares detuvieron a Omar Ibarra Lozano, “El 34”, un expolicía de élite del grupo especial SWAT del Estado, en el estacionamiento de Plaza La Silla, en Monterrey.
Un mes antes de su captura, “El 34” había asumido el control de la plaza de San Pedro para suceder en el cargo a Rodolfo López Ibarra, “El Nito”, y a Héctor Ríos Huerta, “La Burra”, que habían sido arrestados.
Los soldados le aseguraron al capo armas, drogas y una lista con 33 nombres de policías que brindaban protección al crimen organizado a cambio de dinero, entre los que estaban los ahora vigilantes de San Pedro.
Los pagos oscilaban entre los 3 mil 800 y 5 mil pesos quincenales, cifras que en algunos casos superaban los sueldos de los uniformados.
La captura del jefe de plaza llevó a la posterior detención de los policías y a uno de los cómplices del capo: César Niño García, alias “La Borrega”.
Los uniformados confesaron que recibían órdenes del cártel de vigilar los operativos del Ejército y la Policía Federal en San Pedro, según sus declaraciones a la Procuraduría de Justicia del Estado.
“Y en caso de observarlos seguirlos e informar inmediatamente al resto de los miembros de la organización criminal a la que denominan ‘Beltrán Leyva’ sobre la presencia de éstos y la dirección que tomaban”, se lee en la averiguación previa número 208-2009-II-1, a la cual Reporte Indigo tuvo acceso.
“Éstos formaban parte de una organización delictiva compuesta de más miembros, donde ellos eran un eslabón más de su estructura, y acordaron con sus co-integrantes su actividad específica para los fines del grupo ilícito, siendo esto la realización de actividades de vigilancia”.
En la indagatoria también manifestaron que no procesaban denuncias al C-4 que involucraban a miembros del cártel al que servían, o que de ahí extraían información que beneficiaba a los delincuentes.
Desde hace dos semanas las comunicaciones policiales de ese organismo fueron tomadas por la Séptima Zona Militar para luego detener a cerca de 150 elementos a los que se les realizaron pruebas de control de confianza.
Así que el C-4 de San Pedro ahora está enlazado al C-5 del Gobierno del Estado en las llamadas de emergencia.
Reporte Indigo cotejó la copia de la narcolista que tiene en su poder con la nómina del Municipio, actualizada a mayo pasado, y corroboró que 11 de los expolicías arrestados fueron reinstalados en puestos de vigilancia.
Por ejemplo, los exsuboficiales Milton Francisco Llanes Rodríguez y Carlos García Martínez son ahora vigilantes “B”, el primero con un sueldo de 13 mil 440 pesos y el segundo de 12 mil pesos.
Otro exsuboficial y también vigilante “B”, Héctor Alejandro Vázquez Saucedo, es el que gana más de todos sus compañeros detenidos: 20 mil 370 pesos.
Mientras que los expolicías Luis Alberto Uvalle Perales y Marlin Yadira Zul Calderón están en la categoría “C”, en la que perciben 11 mil 400 pesos mensuales.
Omar Alejandro López García, César Rodríguez Soto, Jehú Álvarez de la Cruz, César Alejandro Trujillo Dávila, Emilio Rivera Obregón y Sergio Hernández Aguilera son vigilantes “D” y tienen sueldos que van de los 10 mil 530 pesos a los 11 mil 400 pesos.
Éste último es el único que fue reincorporado en enero pasado, cuando Ugo Ruiz ya se desempeñaba como alcalde.
El resto fue reinstalado durante el gobierno de Mauricio Fernández, entre octubre de 2011 y el mismo mes de 2012.
Sus sueldos actuales superan a los que tenían cuando estaban en las filas de la Secretaría de Seguridad e, incluso, están por encima del de un vigilante promedio del Ayuntamiento, que gana unos 7 mil 800 pesos.
A los exagentes se les giró orden de aprehensión por los delitos de cohecho y delincuencia organizada, pero fuentes allegadas al caso afirman que fueron liberados en el transcurso de un año.
Los arrestan y luego los jubilan
Dos exfuncionarios de Seguridad Pública de San Pedro que fueron encarcelados por sus vínculos con el narcotráfico ahora gozan de la pensión del Municipio.
Se trata del excoordinador operativo del C-4, Juan Daniel Martínez Silva, y del exsupervisor Andrés Graciano Contreras.
El primero empezó a recibir mes con mes su pensión de 14 mil 580 pesos a partir de mayo de 2011, y el otro una de 19 mil 230 pesos desde octubre del mismo año.
Ambos jubilados ingresaron a la administración municipal en 1986, según un oficio girado por la Dirección General de Recursos Humanos de San Pedro.
Además de ellos está el exsuboficial Leopoldo Limones Páez, quien también fue aprehendido por sus vínculos con el Cártel de Los Beltrán Leyva y que en octubre de 2011 pasó a ser chofer administrativo.
Otro caso curioso es el de Gerardo Elías Matamoros de la Garza, cuyo nombre figuraba en la narconómina.
Sin embargo, ahora se sabe que este agente trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del vecino municipio de Santa Catarina, donde era conocido con el alias de “Comandante Matamoros”.
En un proceso distinto al de los uniformados sampetrinos, se le giró el 4 de septiembre de 2012 un auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada.
El policía se amparó y todavía está pendiente la sentencia definitiva en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado.
“El Comandante Matamoros” aparece en al menos dos recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por cometer diversas violaciones a las garantías de ciudadanos.
En las recomendaciones número 46/09 y 156/09 se instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Catarina que iniciara dos procedimientos de responsabilidad administrativa contra el efectivo.
Sus faltas fueron: prestación indebida del servicio público, abuso de autoridad, lesiones, detención arbitraria, y violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
