Los ingresos del Registro Civil por la venta de copias certificadas del acta de nacimiento, un requisito indispensable para cualquier trámite, están en la opacidad. Esta dependencia del Gobierno del Estado de Nuevo León está a cargo de la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular es Javier Navarro.

Cada vez que las y los ciudadanos necesitan hacer algún trámite gubernamental o privado como requisito se les solicita una copia certificada del acta de nacimiento pero que esté actualizada, es decir, que cuente con una antigüedad no mayor a seis meses.

Sin embargo, los recursos obtenidos por este trámite no aparecen desglosados y mucho menos son auditados, ya que la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) no revisa la cuenta pública de esta dependencia.

54

pesos cuesta cada copia certificada

Por ejemplo, a estudiantes que quieren acceder a una beca les piden el acta de nacimiento. Incluso, cualquier ciudadano que busque un apoyo económico de los programas sociales tiene como requisito este documento.

El costo por cada copia es de 54 pesos. El exdirector de Registro Civil, Luis Fernando Marin, confirmó que en un año se expiden un millón de actas en ventanilla, sin contar las que se solicitan en línea.

“Por año se venden un millón de actas, sin contar los documentos en línea. Se creó un sistema para que las dependencias gubernamentales buscaran en la base de datos el nombre de la persona para imprimir un acta para uso exclusivo de tal dependencia para cuando se requeriría un trámite, pero no se puso en operación, y hasta antes de mi salida seguían sin operar”, dijo Marin a Reporte Índigo.

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millón de actas se expiden en ventanilla, sin contar las que se solicitan en línea

Un acta de nacimiento con determinado tiempo de expedición o fecha de caducidad puede, incluso, considerarse un factor de exclusión. Se podría estar atentando contra el derecho a la identidad de aquellas personas que no cuentan con los recursos suficientes para poder solventar el costo de una nueva copia certificada.

La acción de inconstitucionalidad número 7/2016 establece en el punto 34 que no sólo sería inconstitucional el cobro por el registro extemporáneo, sino también otro tipo de medidas y prácticas que atenten contra la gratuidad de la primera acta de nacimiento.

“Como son fijar una vigencia o fecha de expiración para su validez oficial, o requerir que la misma tenga un límite de antigüedad para poder realizar trámites, ya que lo anterior obligaría a las personas a expedir a su costa otra copia certificada, anulando la intencionalidad que subyace a la reforma constitucional ya referida”, dice el documento.

La iniciativa de Waldo sobre el acta de nacimiento

El diputado de Morena, Waldo Fernández, propuso en el Congreso local una iniciativa para que las actas de nacimiento sean permanentes, lo que quiere decir que los ciudadanos no tendrían que gastar 54 pesos cada que quieran realizar un trámite.

La iniciativa propone adicionar un tercer párrafo al artículo 5 de la Ley del Registro Civil para el Estado de Nuevo León, para señalar que la vigencia del acta de nacimiento es permanente y que tanto entes públicos como privados deberán aceptarlas para la realización de cualquier tipo de trámite.

“Las copias certificadas del acta de nacimiento tendrán vigencia permanente, las personas podrán utilizarlas para la realización de trámites ante cualquier ente público o privado, siempre y cuando se encuentren en óptimas condiciones y sean legibles.

“Los datos asentados en las actas de nacimientos se presumirán actualizados, salvo prueba en contrario. Las copias certificadas de actas de nacimiento sólo perderán su validez cuando se encuentren ilegibles o presenten alteraciones en su contenido”, dice la reforma.

El diputado considera que para los ciudadanos que tienen solvencia puede resultar una cantidad insignificante, pero para un gran número de personas esta cantidad puede significar tener que elegir entre comer o pagar una copia certificada del acta de nacimiento.


“Consideramos de primera necesidad terminar con estas prácticas abusivas que han sido llevadas a cabo por las autoridades para recaudar recursos a costa de la economía de las personas y limitando su derecho a la identidad, así como el acceso a programas sociales y servicios públicos”

Waldo Fernández

Diputado local

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