El Reglamento es fundamental. Esa “letra chiquita” es la que puede hacer fracasar una legislación considerada de vanguardia a nivel nacional

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Noriega adelanta que a todos los asuntos heredados de Províctima se les dará terminación. Y que, por lo pronto, seguirá abierta una ventanilla

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Michoacán está hoy en la mira. Los medios nacionales e internacionales reportan con detenimiento el conflicto que se vive en Tierra Caliente.

Sin embargo, hay otra llaga que aún duele en el país.

Hay otra lucha que no ve la luz. La lucha de un grupo de personas que, armadas con el dolor de no saber dónde están sus seres queridos, decidieron hacer lo que la autoridad no ha podido: encontrar a sus desaparecidos. 

En México, las desapariciones forzadas han sido registradas desde los años 60. La impunidad con la que se han registrado ha sido una garantía para que este crimen se siga cometiendo.

Para Kathryne Bomberger, directora general de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés), el entorno en el que suceden estas desapariciones convierten al país en una trágica amalgama que mezcla situaciones similares a las que pasaron en Colombia y Argentina: hay violencia originada por los cárteles de las drogas, pero también involucra al gobierno.

 “En México es terrible”, asegura.

Por si fuera poco, hay otro factor que, para la activista, hace único a México.

El miedo.

El miedo que hace a las familias de las víctimas sentirse aisladas. Que las hace sentir que nadie las quiere ayudar.

Y es que nadie las quiere ayudar porque la gente tiene miedo, asegura Bomberger.

“Cuando termina un conflicto, como el que se vivió cuando era Yugoslavia, pues ya, se acabó la violencia. Ahí no ha habido violencia en 20 años y es un lugar seguro.

“Aquí lo difícil es que la familia de los desaparecidos tiene miedo, los vecinos tienen miedo y todos se sienten aislados porque nadie los quiere ayudar porque todos tienen miedo de que si los ayudan se meten en problemas.

“Es ese ambiente de miedo lo que lo hace todo tan difícil aquí, eso es único”, dice.

La directora de ICMP remarca que, pese a estar al pendiente de los conflictos armados en todo el mundo, cuando la comunidad internacional ve lo que pasa en México, como la violencia que se vive actualmente en Michoacán, ellos buscan una forma de ayudar.

“Cuando ven México, lo que está pasando en México, en Nueva Italia, eso hace que las personas de la comunidad internacional digan, ¿bueno, cómo podemos ayudarles, qué podemos hacer?”.

Y es ahí en donde comienza otro problema.

Para que una organización como ICMP pueda involucrarse de manera oficial en el asunto de las desapariciones forzosas, debe haber una petición formal por parte del Gobierno. Y eso, en México, no ha sucedido.

“A menos que el gobierno quiera participar, a pesar de los esfuerzos de los familiares y las organizaciones civiles, no vamos a encontrar a los desaparecidos”.

Bomberger explica que ellos, como organización, pueden venir a México para dar apoyo a los familiares de los desaparecidos, ayudarles y darles fortaleza en su proceso.

Sin embargo, agrega, las desapariciones en el país son un problema del estado de derecho.

“Las personas desaparecieron como consecuencia de abusos de derechos humanos o desapariciones forzadas, hay una actividad criminal involucrada. Así que, si algo va  a pasar, tiene que pasar con la participación del gobierno”.

Para vencer el miedo… 

Desde 1996, año en el que fue creada la ICMP, sus integrantes se han propuesto  para buscar y devolver su nombre a quienes la violencia les quitó la vida y la  identidad.

Durante más de 17 años, Kathryne Bomberger, directora general de la organización, ha luchado para darles certeza a los familiares de los desaparecidos. Para darle un nombre a los cientos de cuerpos que yacen inertes como consecuencia de la violencia. Para atar los hilos. Para buscar la justicia.

“Una vez que desaparece una persona, es muy difícil que los familiares puedan aceptarlo. Menos pueden aceptar que a nadie le importa, que nadie los está buscando.

“Los familiares de los desaparecidos siempre piensan que los van a encontrar vivos algún día, aunque eso sea casi imposible por las circunstancias en las que desaparecen. Son tan horribles que es inaceptable para ellos pensar que alguien puede ser tan cruel”, explica Bomberger.

Por eso, recalca, es tan importante hacer una base de datos que contenga la información necesaria para poder identificar a las víctimas. Para darle una identidad a ese montón de huesos que alguna vez dieron forma a un cuerpo con nombre, historia y familia.

El que se identifique a la persona es muy poderoso a muchos niveles, agrega la activista, pues eso permite a los familiares avanzar en el duelo. Enterrar a sus muertos y pasar a la siguiente fase, la de buscar justicia.

“Cuando los desaparecidos ya fallecieron, los familiares quieren recibir los restos, también quieren saber quién los mató. Quieren justicia y que las personas responsables sean juzgadas y reciban una pena”.

La ICMP ha sido pionera en el uso del ADN para la identificación, además, tienen programas para capacitar a jueces, policías y forenses de diversos países. También han dado asistencia en tribunales internacionales.

Se tiene que comenzar ya

Si México quiere comenzar a resolver el problema de las desapariciones forzadas tiene que comenzar ya.

Y Kathryne Bomberger tiene muy claro lo que se necesita.

“México tiene que demostrar que quiere seguir el camino de resolver estos asuntos y que va a crear un ambiente que permita que esto suceda. Tendría que demostrar una voluntad política sostenida y una capacidad para asegurar que las instituciones que están trabajando en eso funcionen correctamente”, asegura.

La Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas está dispuesta a apoyar al país para que inicie este proceso, sin embargo, la condición es muy puntal.

“Tendríamos que hacerlo en un ambiente en el que ya no haya temor, un ambiente en donde exista a una relación de trabajo basada en un proceso constructivo y no basada en miedo”, concluye.

Nueva estructura,  para resarcirlos  

La nueva organización para “daños colaterales”, nace tarde y responde a una promesa de campaña  del presidente 

Por Adriana Amezcua

Este 15 de enero el Ejecutivo federal instaló por fin el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Lo hace con seis meses de atraso y a poco más de un año de que fue publicada la Ley General de Víctimas.

Sobre la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas –el órgano ejecutor del nuevo sistema– se centra la atención de la sociedad mexicana. 

Desde octubre pasado la comisión trabaja en las reglas de operación de sus tres pilares fundamentales: conformar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, crear las bases de la Defensoría Pública Federal y edificar el Registro Nacional de Víctimas.

Este miércoles el presidente Enrique Peña Nieto conminó a los integrantes del organismo descentralizado a concentrar sus esfuerzos en esos tres objetivos, dado que esta entidad constituye, dijo, “un paso fundamental, para aplicar la Ley General de Víctimas y hacer efectivos los derechos que tutela”.

Sin embargo, la Comisión Ejecutiva nace rodeada de cuestionamientos. 

Se crea a partir de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima), que lleva impreso el polémico sello calderonista, y a partir de un decreto que algunos expertos y víctimas afirman que “está plagado de lagunas y vaguedades”.

En un país donde las cifras de muertos, desaparecidos, secuestrados y la trata de personas siguen aumentando, la cuna de origen del nuevo organismo genera dudas.

Miembros de la plataforma de víctimas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) se muestran preocupados por tres temas:

Consideran que el decreto publicado el pasado 8 de enero en el Diario Oficial de la Federación es más vago que la ley de víctimas, y con él se trate de minimizar el alcance de aspectos vitales como los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y las reparaciones.

También creen que desaparecer a Províctima en 180 días, dejará muy pronto a la Comisión ya sin un órgano mediante el cual se atienda a las víctimas de forma directa en materia médica, jurídica y psicológica.

Y les desconcierta es que hasta la fecha no han visto el borrador del Reglamento con el que se implementará la Ley de Víctimas, que ellos mismos elaboraron para atender su propia problemática. Argumentan que no se les ha consultado en cada una de las etapas de planeación.

La demora para implementar los órganos correspondientes y la carencia del reglamento no han abonado a la certidumbre. 

¿De qué serviría contar con una legislación de vanguardia si no se le dota de dientes afilados para dar atención integral a miles de víctimas que desde hace años reclaman recibir una justicia digna?

Províctima: nace polémica

Olga Noriega presidenta de la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas (CENAV)

En lo que parece una cuestión de enfoques, el tiempo se encargará de confirmar si las preocupaciones expresadas tienen sustento o no.

Lo cierto es ni los críticos del decreto dejan de reconocer que es una buena noticia que el órgano ejecutor del Sistema de Víctimas ya exista oficialmente.

Olga Noriega dice que las dudas de los organismos no gubernamentales y de la sociedad civil en general, son válidas. 

En entrevista, la presidenta de la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas (CENAV) especifica que el órgano que encabeza será “totalmente diferente a las funciones que tuvo Províctima”, hasta ahora. 

Este organismo descentralizado de la administración pública fue una respuesta del expresidente Felipe Calderón ante las protestas encabezadas por el movimiento liderado por el poeta Javier Sicilia. 

Desde su creación se pidió desapareciera por ser un brazo de corto alcance para cubrir las demandas de justicia y reparación de daños.

“La idea era que se disolviera y fuera sustituida por completo por el Sistema Nacional de Víctimas”, recuerda Silvano Cantú, coautor de la Ley de Víctimas.

La conversión de Províctima en CENAV –considera– puede implicar que se lleguen a mezclar dos modelos de atención a víctimas esencialmente distintos. 

No obstante, el coautor destaca que a la comisión corresponderá sortear un proceso de burocratización inminente y “diseñar una fórmula adecuada para que ese mecanismo no se convierta en un sustituto de todos los otros derechos y mecanismos que comprende la ley, sino solo una herramienta adicional para atender a  las víctimas en caso de emergencia”.

Sin dejar de reconocer que hizo “un muy buen trabajo” Noriega adelanta que a todos los asuntos heredados de Províctima se les dará terminación. Y que, por lo pronto, seguirá abierta una ventanilla al público para la defensoría pública federal.

Respecto a los recursos que heredan de este organismo la comisionada presidenta dice que dialogarán con la Secretaría de Hacienda para concertar qué le corresponde operativamente a la CENAV. 

Este año Províctima recibió un presupuesto de 470 millones y medio de pesos, de los cuales cerca de 70 millones se destinarán a la Subprocuraduría de Desaparecidos de la PGR.

Otro comisionado desestima que se llegue a traslapar un modelo asistencialista que carece de alcances jurídicos y políticos, con uno que contempla reparaciones integrales, investigación sobre la verdad de los hechos, así como la posibilidad de fincar responsabilidades a los perpetradores de hechos que los victimicen. 

Julio Hernández Barros confirma por separado a Reporte Indigo lo dicho por Noriega. 

Menciona al GDF para responder a los delitos locales y a  los gobiernos estatales,  donde Províctima tiene a su cargo un 80 por ciento de los asuntos del fuero común y “se debe garantizar siga haciéndolo”.

Aunque en el modelo de Províctima ve virtudes y en especial destaca la capacidad de muchos operadores, el comisionado Hernández a título personal sostiene que debe cambiarse “el switch” de la atención a víctimas:

“No podemos conservar un sistema 100 por ciento asistencialista cuando las víctimas requieren una reparación integral y medidas de memoria, de no repetición”.

El reglamento, aún ausente

La Ley General de Víctimas contempla la realización de comisiones de investigación sobre los hechos para dar a conocer informes donde conste la verdad histórica, lo  que no está regulado y tendrá que especificarse en el Reglamento. 

Retornar o no superar el modelo de víctimas previo, supondría solo “poner un parche”, afirma Silvano Cantú.

Aunque matiza, al referir que no estamos tampoco “frente a un apocalipsis de la política nacional de víctimas”.

Teme que los obstáculos que observa en el arranque de la constitución de la Comisión Ejecutiva se vuelvan “una aspirina institucional”, y que no se termine dando atención de fondo a las necesidades de las víctimas.

Que eso no ocurra dependerá de que la comisión sepa sortear diversos intereses y presiones para no dejar de lado la visión de las víctimas.

Se sabe que en los últimos meses se han hecho contrapropuestas muy pobres comparadas a lo que ya contempla la legislación. 

Si bien la Comisión Ejecutiva propone, la Segob dispone. Y la presidencia será la encargada de emitir un ansiado reglamento, conforme estipula al artículo 89 constitucional.

Si la emisión del mismo se posterga por más tiempo, tendrá lugar otra omisión más de la autoridad.

En septiembre pasado un grupo de expertos le hizo llegar recomendaciones puntuales a la Segob en el marco del proceso de elaboración del reglamento. Hasta la fecha no saben si las incorporaron o las desecharon. 

“Si no está legitimado de origen y sale algo por debajo de las expectativas, el reglamento va a ser la letra chiquita que descarrile el alcance de la Ley de Víctimas, y eso sí es muy grave”, alerta Cantú.

Al respecto, Olga Noriega revira que la CENAV “ya intervino en emitir todos los comentarios” que se recibieron sobre un reglamento “que ya va por su propio camino”. 

Por otro lado, pide tomar en cuenta que “no se puede aprobar de la noche a la mañana, pues tiene que pasar por varias instancias”. 

Las más influyentes son la Segob, la PGR, Hacienda y, por su puesto, la Consejería Jurídica de Presidencia. 

El Reglamento es fundamental. Esa “letra chiquita” es la que puede hacer fracasar una legislación considerada de vanguardia a nivel nacional e internacional.

Noriega confirmó a este medio que ya recibieron un proyecto de reglamento sobre el cual ya emitieron sus comentarios a la Oficina de la Presidencia.

Ahora están a la espera de que “salga lo antes posible. Es lo único que te puedo contestar”.

En tanto, Hernández Barros revela que desde hace mes y miedo hicieron las observaciones al reglamento “en una serie de reuniones emergentes, casi sin dormir, porque nosotros no queríamos dilaciones y las entregamos lo antes posible”.

Los comisionados Olga Noriega Sáenz, Susana Pedroza de la Llave, Julio Hernández Barros, Adrián Franco Zevada, Jaime Rochín del Rincón, Carlos Ríos Espinoza y María Torres Mata sostuvieron “unas cuantas reuniones” con el Jurídico de la Segob para precisar sus observaciones.

Concluido el trabajo de observar la ley por parte de la Comisión, en este momento el balón del Reglamento está en la cancha del Ejecutivo federal.

La participación civil

Para validar el Reglamento este corre por más de 20 instituciones que podrían considerar se les puede causar un perjuicio o afectación patrimonial, “aunque no sustantiva, no muy grande, en la medida que han estado dando este servicio pero no de manera sistemática”, considera Hernández.

No solo la administración federal sino también las estatales y municipales tienen que cambiar “todo este paradigma de atención a víctimas”.

 “Pero si vemos que no es la ideal, que no es suficiente, o que no está respondiendo a las necesidades de las víctimas, necesitamos maniobrabilidad para cambiarla”.

La CENAV recomendó que la política de atención a las víctimas pueda ser “comentada, evaluada y en buena medida consensuada con las organizaciones civiles y la sociedad civil en general”. 

El comisionado asegura que han tenido reuniones con varias asociaciones contra trata, con la misma Rosy Orozco, con Alto al Secuestro y la señora Isabel de Wallace, entre otras.

Los integrantes del sistema

Los 17 integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas:

> Presidente de la República, preside el SNAV
> Secretario de Gobernación, único sustituto autorizado para presidir el SNAV 
> Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, que además preside la Suprema Corte
> Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República
Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
> Presidente de la Asociación de las Legislaturas Estatales
Presidencia de la Comisión de Justicia de la Conago, integrada por dos titulares que representan a todos los gobiernos estatales y municipales
> Comisión Nacional de Derechos Humanos
> Representante de la Procuraduría General de la República
> Representante de la Federación de las Comisiones de Derechos Humanos del país
> Los siete miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas, cada comisionado cuenta con voto propio

Plazos vencidos y presupuesto acotado

Es un hecho que los plazos que marca la legislación están ya vencidos. El del Reglamento, por ejemplo, ya está rebasado. 

Julio Hernández piensa podría publicarse pronto. Y recuerda que la reforma a la ley hecha en mayo pasado cambió sustancialmente muchos preceptos como reducir de nueve a siete el número de comisionadas e integrar el Sistema Nacional de Víctimas de más de 3 mil, a 17 representantes. 

Es decir, esos cambios “recetaron el reloj de los tiempos que estaban corriendo en la Ley de Víctimas”.

Asegura que las disposiciones se están cumpliendo de la forma más rápida posible y que no es por falta de voluntad ni pereza, sino porque simple y llanamente “los tiempos no dan”.

Silvano Cantú estima que lo que de ningún modo es salvable es lo referido en el artículo 5º del decreto. 

De las ocho formas de constitución del patrimonio que contempla la Ley de Víctimas, ahora se estipula que se integrará en tres:

I. Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno Federal para el desempeño de sus funciones.

II. Los recursos que, en su caso, le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.  

III. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le adjudiquen por cualquier título jurídico.

Lo ahí definido “puede dar pie una asignación discrecional por parte del Ejecutivo,  siendo que en la Ley General se deja claro hay un monto fijo cada año”, comenta.

La alusión a una adjudicación “por cualquier título jurídico” puede dar pie a “vaguedades que dejan de lado las ocho especificaciones dispuestas en el Artículo 132 de la Ley General de Víctimas”.

Es claro que los recursos económicos son pieza nodal para el funcionamiento del Sistema Nacional de Víctimas. 

Respecto al presupuesto asignado, Hernández coincide en que “no alcanza… pero que tendremos que trabajar con lo que  se cuenta”.

Espera que ante un problema tan mayúsculo “haya sensibilidad de las autoridades hacendarias para en caso de que se requiriera un ajuste, poder dotar a la Comisión de mayores recursos”.

Debe gestarse un cambio cultural

Olga Noriega alude también al Registro Nacional de Víctimas que “es una tarea importantísima porque no puedes saber a qué te enfrentas si no sabes cuál es el número de víctimas y cuál su problemática real”.

Sobre todo cuando las víctimas del delito en México no se acercan a la autoridad por miedo a ser “revictimizadas”. 

Por ello la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas buscará infundir confianza en estas personas para que comiencen a creer en “la cultura de la legalidad”, en que se les brindará una ayuda óptima.

Para conformar el Registro Nacional será vital contar con la ayuda de los tres niveles de gobierno. Contar con los insumos que  cada entidad federativa viene procesando,  e integrar todas esas informaciones.

Enfatiza, además, que es muy importante que la comisión que preside se aboque a elaborar las políticas públicas necesarias y los protocolos únicos para la atención a las víctimas del delito y la violación de los derechos humanos. 

Hay que “bajar todo esto a nivel estatal” donde hay mucha piedra que picar. Y explica que aún no se ha convocado a todos los gobiernos estatales.

“Como acabamos de nacer, el trabajo tiene que ser con pasos sólidos que nos permitan hacer un trabajo efectivo y que se concrete en resultados”, puntualiza.

Tal labor será nodal para fijar una política homogénea en el trato a las víctimas. 

El reto no es menor pues supone sensibilizar a las autoridades encargadas de impartir la justicia: desde un juez, un ministerio público o un policía hasta cada operador del sistema de justicia penal de nuestro país.

Hay que escuchar los requerimientos y satisfacer las necesidades de las víctimas, sostiene. Para cumplir a cabalidad con la Ley General de Víctimas, confiesa, “el trabajo es monumental”.

Entrevistada unas horas antes de que el Presidente de México instalara el pasado miércoles el nuevo Sistema Nacional de Atención a Víctimas, adelantó que ya se conformaron nueve comités de delitos de alto impacto como el del secuestro, la trata de personas, los homicidios, pues son los que más laceran a la sociedad.

Vital será el no dejar de lado la prevención del delito ni la reinserción social de la víctima. 

La importancia está en gestar “un cambio cultural y emplear una perspectiva humanista”, remata la presidenta de la Comisión Ejecutiva que hoy está en la mira de la ciudadanía.

Largo y sinuoso camino

Desde el 2006 que inició la llamada “guerra contra las drogas”, los desaparecidos empezaron a contarse, igual que las víctimas de la violencia, algunos sobrevivientes y otros muertos. Así han pasado los años desde que en 2011 el poeta Javier Sicilia decide recorrer el país para lograr atención sobre estos,  llamados insistentemente, “daños colaterales”.

2011

> 28 Marzo Asesinan a Juan Francisco, hijo del poeta Javier Sicilia. Se gesta una marcha que luego deviene en el Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) integrado por la sociedad civil en contra de la violencia en México.

> 23 Junio Sicilia y miembros de su movimiento logran establecer el Diálogo de la Paz con el entonces presidente Felipe Calderón en el Castillo de Chapultepec. Los conversatorios también se dan con legisladores del Congreso de la Unión. Ambos poderes se comprometen a expedir una Ley General de Víctimas.

2012

> 30 Abril La Cámara de Diputados aprueba la ley de Víctimas luego de que el pleno del Senado ratifica el dictamen también por unanimidad.

> 18 mayo En un hecho inédito el Congreso de la Unión pide al Ejecutivo federal promulgue la Ley de Víctimas

> 28 mayo Sicilia establece conversaciones con candidatos presidenciales. Peña Nieto se compromete de promulgar una ley si arriba a la Presidencia. 

> 30 junio El Ejecutivo federal emite comentarios a la ley que recibió desde el 1 de junio y que por ley estaba obligado a comentar hasta el 9 de ese mes. El Legislativo dice que están en falta por no publicar el decreto de ley el 19 de junio

> 4 Julio Felipe Calderón veta la Ley de Víctimas. 

> 20 de julio La Segob anuncia que promoverá ante la SCJN una controversia constitucional en contra del Congreso.  

> 1 Diciembre Ya como presidente, Peña Nieto anuncia publicará la Ley de Víctimas

2013

> 9  Enero Luego de seis meses de controversia el Congreso publica el decreto que expide la ley de víctimas que es firmado por el Presidente de la República. 

> 15 Abril La Cámara de Diputados ratifica las reformas a esta legislación que amplían derechos para las víctimas. 

> 10 Octubre Después de que ONGs y OSCs presentan candidatos ciudadanos y se discuten ternas en el Legislativo, el Ejecutivo elige a los siete comisionados que conforman la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas (CENAV).

2014

> 8 enero Se publica decreto en el que Províctima de sello calderonista se transforma en la CENAV, el hecho genera posturas encontradas.

> 15 enero Peña Nieto instala el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y reconoce que su Comisión Ejecutiva gozará de autonomía de gestión y presupuesto.