Una batalla sorda
Desde la administración del presidente Vicente Fox, el gobierno mexicano ha entregado 47 mil 862 concesiones mineras, las que comprenden la enajenación de más de 98 millones 682 mil 739 hectáreas de suelo, en las que en su mayoría se asientan pueblos indígenas, los que ahora están siendo privados de sus recursos naturales, principalmente agua, bosques y tierra.
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Para la CDI no existe registro sobre los conflictos entre los pueblos indígenas con las empresas mineras internacionales
Desde la administración del presidente Vicente Fox, el gobierno mexicano ha entregado 47 mil 862 concesiones mineras, las que comprenden la enajenación de más de 98 millones 682 mil 739 hectáreas de suelo, en las que en su mayoría se asientan pueblos indígenas, los que ahora están siendo privados de sus recursos naturales, principalmente agua, bosques y tierra.
La presencia de las empresas mineras en suelos indígenas ha ocasionado el brote de por lo menos 72 movimientos locales en 16 estados del país, de los que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) reconoce oficialmente la existencia de 51, considerados como “focos rojos”, no solo por el periodo de resistencia que ya llevan, sino porque en el conflicto se han cobrado vidas.
Los estados en donde se han acentuado los conflictos entre pueblos indígenas y empresas trasnacionales por la disputa de la tierra, según lo reconoció la CDI en una respuesta oficial que otorgó a Reporte Indigo tras la solicitud de información registrada con el folio 006250001026, son Campeche, Chiapas, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.
Para la CDI no existe registro en sus archivos sobre los conflictos que mantienen los pueblos indígenas con las empresas mineras internacionales en Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Yucatán y Oaxaca, donde el Frente Nacional de Pueblos Indígenas reconoce la existencia de por lo menos otros 21 puntos de conflicto graves.
Las cifras de la CDI sobre los movimientos indígenas que se mantienen en lucha por la posesión de sus recursos resultan conservadoras si se toman los datos que aportan otras organizaciones políticas, como la Confederación Nacional Campesina (CNC), filial del PRI, donde se estima que el número de conflictos agrarios y de agua es de más de 180 en todo el país.
Aurelio Mateo, de la organización indígena Nación Purépecha en Michoacán, asegura que la causa principal de los conflictos, es la actitud imperial con la que se asientan las trasnacionales en los territorios indígenas.
“No piden opinión a los pueblos; ellos llegan y quitan lo que por siglos nos ha pertenecido”, detalla. “Es una lucha sorda la que estamos haciendo los pueblos indígenas frente a la invasión de las empresas trasnacionales”.
Mateo sostiene que nadie en el Gobierno federal pone atención a los reclamos de los pueblos que están siendo robados y expulsados de sus propios territorios.
Por el momento no hay una instancia oficial que a la fecha intente mediar en los conflictos abiertos entre empresas con proyectos extractivos o de generación de energía con los pueblos originarios.
La mayoría de las veces son los Gobiernos estatales, sin poder de resolución, a los que les toca atender directamente esos conflictos.
Nada oficial
Las cifras oficiales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Gobierno Federal no reconocen ningún movimiento contra la presencia de empresas paraestatales que ejecutan al menos 292 proyectos mineros y de generación de energía en conjunto en Yucatán, Veracruz, Tabasco, Colima y Oaxaca.
Pero para el Frente Nacional de Pueblos Indígenas solo en el estado de Oaxaca, son 32 comunidades las que se mantienen en pie de lucha contra los consorcios internacionales que han logrado permiso oficial para hacerse de los recursos naturales, los que se emplearán principalmente en proyectos de generación de energía.
Pequeños triunfos
Este año, lograron de la justicia federal el amparo para frenar los proyectos mineros
Guerrero
> Comunidad indígena de Carrizalillo
El reclamo fue la devastación ambiental generada a partir de la actividad minera de la empresa Goldcorp, que se ha apropiado del 85 por ciento del territorio de ese estado.
> San Miguel del Progreso
Los vecinos se inconformaron contra dos concesiones federales entregadas a las empresas Hochschild y Zalamera, que pretendían extracciones dañinas al ambiente en las minas conocidas como Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas.
Coahuila
> Ejido de Minas de Barroterán
Luego de no encontrar eco a sus demandas para la defensa de la tierra, ganaron un amparo para frenar el proyecto minero de la empresa Mimosa, que tiene la concesión federal para explotar una mina de carbón en la zona por 50 años, en detrimento al entorno ambiental de por lo menos 5 mil familias.
Jalisco
> Tequesquitlán
Como resultado de un fallo judicial que concedió el amparo de la justicia a la comunidad indígena se ordenó la cancelación de las actividades mineras en el sitio “El Ratón”, lo que obligó a la empresa china Gan Bo Minera Internacional a cancelar actividades, pese a que el Gobierno federal otorgó en el 2009 una concesión para usufructuar el subsuelo de la zona por más de 60 años.
Al amparo de la justicia
Tras no tener una instancia oficial del Gobierno de la República que los atienda, decenas de comunidades indígenas que se mantienen en pie de lucha por sus territorios han optado por la vía legal para tratar de frenar los proyectos que pretenden privarlos del suelo y del agua
Sin marco jurídico
De acuerdo al informe “La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo 2015/16” de la organización Amnistía Internacional, en México no se cuenta con un marco jurídico sobre el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado respecto a los proyectos de infraestructura que afectarán a sus tierras y a su modo de vida tradicional.