Una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), delegación Nuevo León, revela que la construcción del Viaducto Urbano Santa Catarina invade zonas de guarda hidrológica.

Un mapa muestra la localización de los puntos de intersección de los trabajos de la obra y la red hidrológica o cauces superficiales conforme al Atlas de Riesgo.

“El camino fue construido sobre la longitud de 9 cauces superficiales, ocasionado la modificación de la estructura de los mismos, presentando así, el incumplimiento de la medida de prevención y mitigación en la que se definió el mantener sin alteración alguna los cauces superficiales que interceptan con los trabajos del proyecto. Esta valoración queda establecida mediante el análisis especial del trazo correspondiente al camino construido en la zona que no cuenta con permiso de la Semarnat”, dice el documento.

Elva Gricelda Garza Morado, encargada del despacho de la Profepa en Nuevo León, fue quien lo recibió la mañana del 3 de marzo de 2020. Afuera de su oficina, ciudadanos se manifestaron con pancartas bajo la consigna “Río sí, viaducto no”.

“La revocación es si se está haciendo algo fuera de lo que fue aprobado. Se tiene revocar, suspender definitivamente la obra, porque serían actos ilegales. Ahorita están seis kilómetros fuera del tramo. Se hizo una revisión de las coordenadas aprobadas y se midió a través de un satélite”, dijo la activista del Colectivo Nosotros, Liliana Flores Benavides.

La activista Ximena Peredo reclamó la ilegalidad del proyecto que ya ha causado daños irreversibles en el cauce del río.

“Está fuera de las coordenadas aprobadas, estamos denunciando que se han salido del trazo que aprobó Semarnat para iniciar la construcción de este viaducto”, pronunció.

Exigen cancelación definitiva de Viaducto urbano

Los activistas por el medio ambiente denunciaron ante la Profepa ilegalidades en las obras del Viaducto Urbano Santa Catarina y exigieron la cancelación definitiva del proyecto promovido por la empresa Roadis, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno de Nuevo León.

“Solicito que por su conducto requiera a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la revocación de la autorización en materia de impacto ambiental, emitida mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG/08423, así como las subsecuentes prórrogas, y notificarme del trámite que se le dé al mismo”, menciona la denuncia popular.

Esa fue la primera de cinco peticiones, pues los defensores del medio ambiente también solicitaron visitas de verificación para comprobar el cumplimiento de la legislación ambiental a fin de que no se generen impactos negativos.

La tercera petición fue tomar las medidas necesarias para iniciar el proceso judicial en contra de los responsables para exigir la reparación del daño ambiental ocasionado, o su compensación, en caso de que sea imposible. La cuarta fue que se realicen las inspecciones necesarias para la determinación de responsabilidades y la última fue el respeto a la identidad del denunciante.

La denuncia popular señala que existen más incumplimientos, tales como la mitigación y compensaciones para el impacto ambiental.

“No autoriza acciones de construcción, operación y ampliación de obra no listadas en el término primero de la autorización SGPA/DGIRA/ DG/08423, la representación especial del camino construido fuera de la zona autorizada”, dice el documento.

En los próximos días, la ciudadanía se presentará ante Elva Garza Morado, encargada del despacho de la Profepa, para que la denuncia popular se atienda de manera urgente. Además, habitantes que tienen sus viviendas cerca del trazo de la construcción del Viaducto Urbano Santa Catarina perfilan interponer un amparo para que su patrimonio no se vea afectado.

Mientras que en el sitio de internet www.riosinviaducto.com los activistas mantienen en alerta a la comunidad sobre los daños que ocasionará esta obra.

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