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Reporte
CDMX
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MEDIOAMBIENTE

Exigen respuestas sobre verificentros

Icela Lagunas

La Asociación Ecológica de Verificación A.C. denuncia irregularidades en el proceso de licitación que arrojó a 55 empresas con nuevas concesiones, a la vez que canceló los permisos de otras 74


Dic 21, 2017
Lectura 6 min
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¿Quiénes son los propietarios de las empresas que resultaron beneficiadas con las 55 nuevas concesiones de verificentros que comenzarán a operar en el 2018 y dónde están sus domicilios?

Con esas interrogantes a cuestas, integrantes de la Asociación Ecológica de Verificación pretenden revertir en tribunales la cancelación de 74 empresas que quedaron fuera del negocio de verificación de 2 millones 500 mil vehículos que circulan en la ciudad.

A partir del 1 de enero del próximo año, 74 verificentros cerrarán para dar cabida a 55 nuevos inversionistas. Así lo determinó la Secretaría del Medio Ambiente capitalina por considerar que los primeros mantenían maquinaria obsoleta que no cumplía con los estándares requeridos.

Gustavo Torres Anzures, presidente de la Asociación Ecológica de Verificación A.C., explicó que darán batalla en los tribunales a partir de la impugnación a la convocatoria que lanzó la directora general de Calidad de Aire, y que consideran ilegal, pues correspondía al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, o en su caso a Tania Müller, secretaria del Medio Ambiente.

La Secretaría del Medio Ambiente local consideró que las empresas a las que canceló los permisos tienen maquinaria obsoleta que no cumple con los estándares

“A través de una convocatoria se autoriza los 55 nuevos, es ilegal, toda vez que hay muchas anomalías y errores, no sabemos a quién se le está otorgando, hay opacidad tremenda en la entrega de la lista de esos 55 ganadores”, detalló el representante de las empresas afectadas.

Las beneficiadas

En esa lista, cinco empresas obtuvieron casi el 50 por ciento de las concesiones para operar los verificentros.

Estas son: Control Atmosférico de México, que obtuvo siete licencias; Verificaciones Centenario S.A. de C.V., ganadora de cuatro licencias; Power Cars, también con cuatro.

Excelencia Refaccionaria Ave Fénix (cuatro), y Ciudad Maxi Plus (cinco).

Además destacan Mac 1, 2, 3 y 4 , con cuatro permisos; Compañía Empresarial Vedoza (dos) y Suministros y Maquinaria Kebec con dos más.

De la lista anterior sobresale que la firma Control Atmosférico de México obtuvo siete licencias para las que requerirá un estimado de 140 millones de pesos, pues la inversión que se realiza por cada uno de los verificentros oscila en los 20 millones de pesos.

Además, se pagan 15 mil pesos por cada línea de vehículos que se explota y cada verificentro cuenta con al menos cuatro líneas, lo que obliga a pagar 60 mil pesos como mínimo a la Secretaría de Finanzas.

Explican que aunado a lo anterior, se le exigió pagar una cuota de 250 mil pesos iniciales por cada licencia como concepto de “Fondo Ambiental”, de los cuales se desconoce a dónde fueron a parar.

“Es mentira que nuestros equipos son obsoletos, en el 2012 cambiamos todo el equipo y en 2014 tuvimos que instalar la computadora que diagnostica el buen estado de los vehículos; otra es la instalación de paneles solares que varía entre un millón de pesos; son parte de las inversiones hechas”, describió Torres Anzures.

Ganan suspensión a medias

Los empresarios que quedaron fuera del negocio de verificación advirtieron que a partir del 1 de julio se aplicará la inspección física-mecánica, en la que se tendrán que checar el estado físico de llantas, suspensión, frenos y amortiguadores.

Esta medida será obligatoria sólo en la Ciudad de México, no en todos los estados, sin que se hayan homologado primero los equipos de verificación como se acordó en la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

“Como empresas vamos a acudir a los tribunales para combatir esta licitación, nos vamos a amparar, pediremos la intervención de la Comisión de Derechos Humanos pues se deja sin empleo a más de 2 mil 500 familias”, precisó.

Lograron ingresar 14 demandas de amparo en contra de la modificación del acuerdo por el que se hicieron cambios al manual.

“Hay una violación flagrante, de ahí que ya se nos otorgaron cinco suspensiones provisionales por las demandas de amparo ante el Tribunal”.

Los verificentros que obtuvieron sus amparos se encuentran en Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Tlalpan. Aunque podrán operar con el amparo obtenido, en la práctica no se les permite realizar verificaciones ya que el gobierno capitalino las suspendió durante los próximos seis meses.

Las compañías afectadas aseguran que en el 2012 cambiaron todo el equipo y en 2014 instalaron la computadora que diagnostica el buen estado de los vehículos

A escasos días de quedarse fuera del negocio que han operado por más de 19 años, solicitaron dar marcha atrás a la cancelación de estas autorizaciones pues aseguran cumplir con todos los requisitos que marca la Ley.

“Vamos a manifestarnos, no nos quedaremos callados ni quietos”, asegura el representante de este sector.

Sin revalidar

En la misma incertidumbre se encuentran los operadores de los talleres PIREC que se dedican al cambio del convertidor catalítico, pues no les han renovado la autorización.

Miguel Ángel Sánchez, representante de los operadores de los 150 talleres PIREC de la capital, explica que cada año han obtenido sus revalidaciones.

Y aunque en este año ya se hizo el pago correspondiente, no les han entregado sus licencias y han trabajado con una “tolerancia” durante los últimos seis meses.

Juan Romero Tenorio, diputado federal de Morena, exigió al gobierno capitalino transparentar la información para saber quiénes son y saber si realmente existen esas empresas ganadoras que operarán las 55 nuevas licencias.

“La política de la ciudad ha sido buscar nichos de negocio, como el fallido Corredor Chapultepec; ese proyecto se abortó por una participación ciudadana, aquí queremos que se transparente”

- Juan Romero Tenorio

Diputado federal de Morena

Adelantó que desde el Congreso de la Unión presentarán un punto de acuerdo para exhortar   al jefe de Gobierno a evitar cualquier medida que altere la calidad ambiental.


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